Jorge Oswaldo Cañadas Santamaría, director general de Justicia del Gobierno de Aragón: “A medio plazo la implantación de los tribunales de instancia va a mejorar el desempeño de la Justicia”

Jorge Oswaldo Cañadas es la tercera persona que se pone al frente de la Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón en apenas un año y medio de legislatura. Procedente de la judicatura, tras ejercer en el Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel, y buen conocedor de los problemas del día a día en la gestión de la Administración de Justicia, se ha fijado como reto principal dar una solución al problema de falta de personal, para lo cual apuesta por modificar el sistema de la bolsa de interinos “para ir a un modelo abierto y flexible” que permita gestionar de una forma más ágil la incorporación de trabajadores. Implantar este año los tribunales de instancia, la nueva oficina judicial, es otro reto inmediato. Asegura que este modelo, a corto o medio plazo, “dará un buen resultado” y mejorará la Administración de Justicia.

-¿Cómo se ha encontrado la Dirección General ante esta coyuntura de tanto cambio?

-El primer cambio obedeció a una reorganización del Gobierno, con lo cual digamos que es lógico, y el segundo se produjo por razones personales. Lo que yo he encontrado es un equipo de trabajo magnífico, gente muy profesional, muy comprometida y muy entregada con vocación por el servicio público, y eso a mí me ha transmitido ilusión y empuje.

-Tiene por delante asuntos urgentes como solucionar la bolsa de interinos e implantar los tribunales de instancia. ¿Qué prioridades se ha fijado?

-El problema en una administración prestacional de un servicio tan importante como es la Justicia es que el marcaje de prioridades coincide con la administración ordinaria y diaria de todos los recursos que se gestionan. Hablamos de infraestructuras, de personal, de tecnología y de la relación con colectivos muy diversos, muy importantes y comprometidos en la prestación del servicio público de la Justicia. Con lo cual, por imperativo legal y necesidad imperiosa de la Ley orgánica 1/25, entre el verano y diciembre tenemos que reordenar todo el sistema de personal que presta servicio para la Administración de Justicia en Aragón. Es una tarea ingente que por sí misma asumiría todas las capacidades de la Dirección General. Esa es la primera prioridad que viene marcada por la ley.

-¿Cómo se va a hacer?, no es un proceso sencillo.

-Se está trabajando a nivel estatal, es decir, Ministerio de Justicia y con todas las comunidades autónomas que tienen la competencia transferida en establecer unos modelos de referencia que puedan servir como marco consensuado para llevar a cabo toda esta tarea adelante. Existen borradores, se va trabajando en modificaciones de esos borradores y nosotros lo que estamos haciendo es intentar ir diseñando cómo se podría materializar eso en el territorio.

-¿No había un trabajo previo hecho? Porque se lleva años con lo de la nueva oficina judicial.

-Hay un trabajo previo hecho pero que no se compadece exactamente con el nuevo modelo que finalmente ha implantado la Ley orgánica 1/25. Los modelos han ido evolucionando de las previsiones iniciales a lo que finalmente ha materializado la ley y aun en esta última se siguen puliendo y adaptando perfiles a las negociaciones que se van manteniendo y a una realidad que es muy plural en toda España. No hay un modelo que se pueda plantear como único. En Aragón tenemos la peculiaridad de que la mayoría de los partidos judiciales son unipersonales o de un órgano, de un solo órgano judicial o de dos, y solamente las tres capitales de provincia mantienen una diferencia respecto a eso y además también con una distinción clarísima entre lo que sería Teruel y lo que es Zaragoza, por ejemplo.

Y en el tema del interinaje, para mí es piedra angular, es decir, yo lo he vivido como magistrado en el juzgado y es una prioridad personal el modificar el sistema de la bolsa de interinos para ir a un sistema abierto, flexible, por supuesto transparente como no puede ser de otra manera, y gestionado de una manera ágil a través de una aplicación informática.

-¿Cambiar el reglamento que lo regulaba hasta ahora?

-Cambiar el decreto que ahora mismo lo regula y la normativa que pudiera ser de desarrollo para plantear una bolsa única de interinos independientemente de la ordenación de las personas que la integren, según los requisitos que se les dé de méritos para integrar esa bolsa y que luego haya una flexibilidad.

-¿Cuál es el problema para que no haya personal disponible y no se puedan cubrir puestos?

-Nos estamos encontrando ahora con que efectivamente la bolsa de interinos está agotada, se nutre de la vuelta a la bolsa de aquellas personas que ahora están prestando un servicio; es decir, hay un interino sustituyendo a una persona que está de baja por incapacidad temporal, vuelve ese funcionario y entonces el interino vuelve a la bolsa y se reasigna.

-Pero no hay nuevos.

-Fuera de esos efectivos hay una colaboración con el Instituto Aragones de Empleo donde hay otra bolsa en la que se puede recurrir a personas. Y ahí nos encontramos con dos problemas. Uno, que tradicionalmente vienen planteando los letrados de la Administración de Justicia, es la falta de formación específica. Una persona que se llama para cubrir un puesto en Justicia, que no ha trabajado nunca en este ámbito, que no conoce las herramientas informáticas, pues es una persona que inicialmente supone una propia rémora para el órgano que la demanda porque hay que formarla básicamente para que pueda trabajar.

Y en segundo lugar, y por la idiosincrasia del territorio, estamos llamando personas de la bolsa a las que la oferta del puesto concreto no les cuadra por razones geográficas. Es gente que no está dispuesta a desplazarse a donde se le propone. Entonces, los criterios de despoblación que se producen en Aragón dan como resultado la centralización del interés de las personas que integran las bolsas por focos poblacionales grandes y la masiva renuncia a ir a focos pequeños. Hay dificultades muy grandes para cubrir esas interinidades en sitios incluso como Alcañiz

-Este no es un problema nuevo, ¿cómo no se ha buscado una solución antes si se veía venir?

-Bueno, pues supongo que se han intentado paliar todas las carencias a medida que se han ido produciendo, pero las capacidades de la dirección general son limitadas, no son infinitas. La demanda de recursos es cada vez mayor, la informatización, por ejemplo, en estos últimos años ha sido muy grande y ha producido la absorción de una cantidad importante de recursos. Y claro que se ha intentado, y de hecho ha cristalizado en esta idea de cambiar ese decreto. La tramitación de un decreto tiene su complejidad, hay que escuchar a los órganos consultivos y se dilata en el tiempo, pero bueno, vamos a acometerla con el esfuerzo necesario para sacarla adelante.

-¿De qué plazos estamos hablando y cómo se quiere hacer esa nueva regulación para zanjar el problema?

-Pues soy poco partidario de comprometer plazos, porque hacerlo produce en el destinatario de la información una expectativa que pueda cumplirse o no, y en el emisor de la información un problema añadido de estrés para sacar adelante el proyecto. Yo lo que puedo comprometer es la idea que he expresado y el trabajo necesario e incansable para conseguirlo, pero consciente de que ese trabajo necesario e incansable se ve todos los días bombardeado por las urgencias que supone el día a día de la gestión, como la cobertura de una plaza en un órgano que se queda desprovisto.

En este momento, por ejemplo, el servicio de personal está trabajando intensamente en la materialización del compromiso que se alcanzó con los sindicatos y que se ha aprobado por el Consejo de Gobierno de la subida salarial. Pero claro, esto no es tan sencillo como darle a un botón. Hay que parametrizar bien los compromisos adquiridos y aprobados, hay que cuadrar para que no descuadren, por ejemplo, las retenciones de IRPF. Es decir, lleva un trabajo, una trastienda, una tramoya que lleva mucho trabajo y que interfiere. Entonces, a diario se balancean las necesidades de ese día y se sigue con el trabajo de fondo que sería, por ejemplo, el de la reforma del decreto.

-Y ahora a esta urgencia se ha sumado la nueva oficina judicial que tiene que implantarse sin más demora este año sí o sí. ¿Al menos en Teruel las obras que se hicieron van a facilitar las cosas para poder reorganizar todo?

-El gerente del servicio de infraestructuras me dice que no aprecia grandes complicaciones en Aragón. Es decir, los edificios están en buenas condiciones y las dependencias, si bien no se parecen físicamente unas a otras, permiten encuadrar perfectamente el modelo del Tribunal de Instancia. En mucha medida, no en toda, son flujos de trabajo, es decir, lo que el letrado de la Administración de Justicia encargaba a cada uno de sus funcionarios dando servicio al órgano judicial, en este momento se va a flexibilizar y se va a organizar de otra forma, bajo esa dirección técnica, pero no hay ningún funcionario que no tenga una mesa de trabajo y los recursos informáticos para gestionar todo esto de esa nueva manera. Donde antes el funcionario integraba el juzgado número tal y formaba parte de ese flujo de trabajo, ahora integrará determinada oficina judicial con determinado servicio común o uno de los distintos servicios que se creen. Luego los letrados pueden establecer equipos de trabajo, áreas, y todo eso informáticamente a través del sistema de gestión procesal, el que maneja la comunidad autónoma, Avantius, que me atrevo a decir que es puntero de los que yo he visto y he podido testar, incluso antes de incorporarme a esta responsabilidad, pues me parece de los mejores o el mejor, con lo cual no habrá ningún problema de adaptación.

-¿Ha hablado ya con los funcionarios, imagino que habrá un proceso de diálogo?

-Para mí había una prioridad, que era también entrevistarme con los sindicatos. Dentro de las primeras visitas institucionales, lógicamente visité el Tribunal Superior de Justicia, donde aproveché para entrevistarme con los máximos responsables de los tres cuerpos superiores, pero inmediatamente se agendó una reunión con los representantes de los tres cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia, que hubo de posponerse por necesidades de agenda de algunos de ellos. La tenemos fijada el martes, día 4. Me han hecho llegar un listado esquemático y sinóptico para poder hacerme una primera impresión de cuáles son sus puntos de vista y necesidades más importantes, y todos ellos, desde luego, plantean este nuevo modelo de organización del trabajo. Bien es cierto que también el Ministerio está negociando a nivel nacional, por lo que preveo que los modelos organizativos serán homogéneos o muy parecidos, salvando algunas especificidades territoriales, y entiendo que llegarán a satisfacer a todos los colectivos.

-¿Y con los juzgados de paz, que ahora se transforman en oficinas municipales de Justicia, qué cambio supondrá?

-Los juzgados de paz más pequeñitos, digamos aquellos que están servidos por el juez de paz sin un apoyo de estructura, permanecen como están. Sobre las oficinas de Justicia en el municipio, hay un estudio que en Aragón se quiere llevar a cabo para ir hacia un modelo de comarcalización. Es decir, se quiere dar soporte a todas esas oficinas de justicia en el municipio pequeñitas, a través de las oficinas de Justicia municipales, que en el caso de Aragón serían comarcales, un centro comarcal. Estamos estudiando dónde se produciría la implantación, en muchos de ellos coincidiría con los actuales y en otros podría haber algún reajuste y se dotarían de las capacidades tecnológicas para, por ejemplo, que el ciudadano pudiera comparecer por videoconferencia sin necesidad de desplazarse a una sede judicial más grande cuando fuera el caso.

-¿La ley prevé plazos para la implantación de las oficinas municipales de Justicia?

-La ley contempla que las oficinas de Justicia en el municipio entren en funcionamiento simultáneamente con los tribunales de instancia del partido judicial este año.

-Eso son las prioridades, ¿qué otros objetivos se ha marcado? Están también los baremos de los turnos de oficio, una reclamación constante de los letrados.

-Bueno, yo me he marcado retos, pero tengo que decir que, en muchos que a mí me importan, estoy recogiendo el guante de la actual administración. Es decir, la subida del complemento autonómico a los funcionarios era una demanda histórica y se ha acometido por la actual administración. El turno de oficio ciertamente es otra demanda histórica, el ajuste de los baremos, y no solo eso, sino también la reorganización de lo que sería sufragar la disponibilidad de las guardias. Bueno, estamos trabajando de la mano con el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, pero ya se ha cometido una primera subida lineal en el baremo de retribución del turno de oficio.

-Hay muchas demandas en ese ámbito, como el pago de todos los procedimientos o el conflicto que surgió en Alcañiz al no estar equiparados con Teruel.

-Mantuvimos ya una primera reunión con el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, donde estuvieron los tres decanos y tres consejeras, y establecimos una hoja de ruta de trabajo para que ellos nos informaran, pormenorizadamente, de determinadas necesidades a efectos de que nosotros pudiéramos cuantificar el coste que eso va a suponer. Los recursos públicos son limitados, y eso es algo en lo que todos los colectivos deben ser conscientes, y la administración consiste justamente en la distribución más equitativa y más justa de esos recursos. Es imposible satisfacer todas las necesidades de todos los colectivos, y eso tiene que quedar meridianamente claro, como creo que nadie ignora.

Estudiaremos cuáles son los costes económicos de las demandas que se nos plantean, y veremos qué encaje presupuestario tiene con los recursos que haya disponibles. En el caso concreto de problemas de un escalón más interno, ciertamente el Consejo de Colegios de Abogados y de Procuradores, y los propios colegios, ya son quienes tienen que gestionar la relación interna con los propios integrantes de su colectivo, y por tanto no querría entrar específicamente a abordar la cuestión de Alcañiz, porque es algo que entiendo que incumbe al Colegio de Abogados de Teruel. Nuestra interlocución no puede descender a todos los integrantes de un colectivo, por mucho que se les intente tener en cuenta a todos, y con el Consejo de Colegios de Abogados es con quien negociaremos, y estamos en ello, la mejora de la retribución del turno de oficio.

-El exvicepresidente del Gobierno de Aragón anunció la creación de diversas oficinas de asesoramiento a colectivos como la tercera edad, los jóvenes y la infancia, ¿se mantiene ese proyecto?

-Se ha producido un cambio importante que ha sido la aprobación de la Ley Orgánica 1/25, es decir, el esfuerzo de gestión que eso conlleva opaca muchas necesidades que sin ser en absoluto orillables necesitan imprescindiblemente ponerse detrás de esta implementación. Lo que nosotros hemos hecho con esas aportaciones del anterior vicepresidente y consejero de Justicia es intentar fortalecer el tratamiento que se pueda dispensar a esas víctimas desde las propias oficinas de atención a la víctima ya constituidas. Esas oficinas canalizan esas prioridades que se marcaron en aquel momento y cualquier necesidad de refuerzo que se plantee será atendida para que esos colectivos en ningún caso queden orillados, sin que en este momento se nos permita un despliegue específico para ese colectivo, sino aprovechar las sinergias que suponen los servicios ya creados para proporcionar esa asistencia.

-¿Está suficientemente modernizada y digitalizada la Administración de Justicia en Aragón?

-Me atrevo a decir que es el punto fuerte de nuestra Administración de Justicia. En Aragón fuimos los primeros en salir del problema que suponía la pandemia entrando al sistema de viodeoconferencia, hemos ido a la textualización, y estamos modernizando todos los sistemas de seguridad de todas las dependencias judiciales. Creo que en esa parte somos absolutamente punteros.

-En cuanto a la interlocución con la Administración central, hay demanda de un tercer juzgado en Alcañiz, otro magistrado en la Audiencia de Teruel y el juez de adscripción territorial para la provincia.

-Son demandas históricas que además, como integrante del colectivo judicial no solo las entiendo, sino que las comparto plenamente. Tengo que decir que el modelo de Tribunal de Instancia también balancea las cargas de trabajo entre los distintos integrantes del Poder Judicial. Con lo cual yo creo que en esa parte se está a la espera de ver cuál es el resultado de la implantación del modelo.

-¿Qué tendría que cambiar en la Justicia, no solo a nivel de Aragón, en lo que es la gestión, sino en el ejercicio de la misma en todo el país para lograr una mayor eficacia?

-Si tuviera esa respuesta no ocuparía la Dirección General de Justicia, ocuparía otro tipo de lugar. Es imposible dar respuesta a eso. Creo muy sinceramente que no en un plazo inmediato, pero sí a corto o medio plazo, la implantación de los tribunales de instancia es una buena idea y dará un buen resultado porque producirá un mejor equilibrio en la prestación del trabajo y del servicio público al ciudadano, y eso indudablemente producirá un mejor desempeño del trabajo. Lo que sí que tengo que poner en valor es el compromiso de los funcionarios de la Administración de Justicia que yo he conocido. Todos van más allá de su obligación formal diaria.

-La Justicia está más expuesta que nunca a los ojos de la ciudadanía y está provocando desconfianza, ¿no le parece?

-Yo creo que el Poder Judicial a la hora de administrar Justicia, y los funcionarios que lo sirven, necesitan de una tranquilidad, un sosiego, una serenidad y una falta de presión para llevar adelante su trabajo. Bien es cierto que en la mayor parte de los casos probablemente sea así, pero la mediatización de determinados casos y la constante exposición pública del desarrollo de los procedimientos judiciales creo que es una interferencia que luego se adorna con injerencias de poderes públicos en el trabajo del Poder Judicial y eso en mi opinión no es bueno.