Emma Buj confirma que se encargará una auditoría interna de la Fundación Bodas de Isabel

La alcaldesa, Emma Buj, confirmó es viernes que se comprometió con la Federación de Grupos de Las Bodas a hacer una auditoría de la Fundación de Isabel de Segura “para que con toda la información podamos opinar teniendo todos los elementos encima de la mesa”, un documento que dará a conocer a todos los patronos y a partir de ahí se abrirán debates. Este documento también se entregará a los grupos políticos, según indicó en el pleno a una pregunta de Zésar Corella, de EMT.

Esta auditoria a la Fundación  -y no a la Federación como se publicó ayer en este diario- también fue solicitada durante la asamblea de la Federación celebrada el pasado jueves para elegir una nueva junta directiva y en la que volvió a salir la anterior -que había dimitido a principios de mes- después de que  la alcaldesa se comprometiera a hacer la auditoria.

La Encomienda Templaria-Hospitalaria de Teruel, en el turno de ruegos y preguntas, intervino  en la asamblea con cinco puntos relacionados con lo que estaba pasando. En primer lugar, quisieron reconocer y agradecer el  esfuerzo realizado por la junta actual así como de las anteriores, “en todo lo que se refiere al buen y desinteresado trabajo desarrollado para la correcta celebración de todas las ediciones de las Bodas de Isabel en las que se ha participado”. También “la honradez” demostrada al denunciar públicamente, en cumplimiento de sus funciones como miembro del Patronato, las supuestas irregularidades detectadas en materia económica relacionadas con la gestión de la Fundación Bodas de Isabel y su intento de resolverlas previamente dentro del propio patronato que la dirige.

Por ello, este grupo solicitó la reconsideración de la decisión de dimisión “dado que entendemos que su trabajo ha sido correcto”  aunque se aclaraba que de no ser reconsiderada, respetarían su decisión.

Procedimientos

Otro punto hacía referencia a que no se compartía y se reprochaba el procedimiento llevado a cabo en la transmisión de la información y desarrollo de este proceso que, “aún entendiendo la debida discreción en su tratamiento, había llevado a desinformación y confusión en los integrantes de los grupos”.

Consideraron que cada uno de los miembros de la junta que había presentado su dimisión, sin olvidar que estaba ahí como representante de su grupo, debería haber informado previamente a éste de los motivos por los que iba a hacerlo, aún cuando le asista el derecho de presentarla a título personal, porque así cada uno de esos grupos representados en la Junta hubiese tenido la posibilidad de presentar alternativas y propuestas de cara a los pasos a seguir. Seguidamente, debería haberse convocado una Asamblea General, advirtiendo de la importancia de los asuntos a tratar, pero separada en el tiempo de la decisión de dimitir, aún cuando esta se hubiese planteado como opción o decisión en la asamblea.

Por último, propuso a la asamblea la aprobación por aclamación, dado que en el turno de ruegos y preguntas no se puede votar, la aprobación conjunta por parte de todos los grupos pertenecientes a la Federación, de una petición en la que se recogiera la exigencia al Patronato de la realización de una auditoría que aclare lo sucedido en materia económica desde la constitución de la Fundación, por entender que la mayor parte de su financiación se viene realizando con dinero público.