El TSJA insiste en la necesidad de un juez de adscripción territorial para la provincia por elevado número de casos

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) insiste en su última memoria anual en la necesidad de que se dote a la provincia de Teruel de un juez de adscripción territorial (JAT) para poder hacer refuerzos o sustituciones puntuales. Además, incide en la sobrecarga que tienen los juzgados de primera instancia en la provincia al asumir otras competencias relativas tanto al Registro Civil como a la violencia sobre la mujer o lo mercantil, cuya situación se ve especialmente agravada en los juzgados de Alcañiz, para los que se pide un incremento de plantilla.

La memoria del TSJA, que preside el turolense Manuel Bellido, recalca el esfuerzo que tuvo que hacerse el año pasado debido a la pandemia y las circunstancias especiales en que tuvo que desarrollar su trabajo todo el personal de la Administración de Justicia.

Una incidencia, señala el informe, que se vio mitigado en buena parte gracias al esfuerzo realizado por la Comunidad Autónoma de Aragón para dotar de medios materiales a los órganos judiciales, tanto con ordenadores portátiles como con la habilitación de salas virtuales para poder celebrar videoconferencias y vistar telemáticas.

En este sentido, la memoria recalca que su uso se está extendiendo cada vez más, y el presidente del TSJA señala que tanto los jueces y magistrados, como todo el personal del resto de cuerpos de la Administración de Justicia, han puesto todo su “empeño para que la Justicia aragonesa cumpliese su función, esencial en un Estado de Derecho, pese a las dificultades generadas por las medidas preventivas que está siendo necesario adoptar”.

Bellido añade en este sentido que “pese a la tragedia de esta crisis, debemos ser capaces de mirar más allá y aprender las lecciones que la pandemia nos ha dado, acelerando los cambios tecnológicos y organizativos necesarios para modernizar la Justicia, de manera que, si vuelve a plantearse una situación similar, nos encontremos en mejores condiciones para afrontarla”.

Entre las propuestas que el órgano de los jueces hace para la provincia de Teruel está la necesidad de que se cree una plaza de juez de adscripción territorial (JAP). Estos jueces permiten reforzar los juzgados cuando se producen cargas, así como realizar sustituciones, y es una demanda que viene haciéndose desde hace tiempo.

La Secretaría de Gobierno advierte por otra parte del problema que supone la falta de estabilidad de los letrados de la Administración de Justicia, lo que antes se conocía como los secretarios de los distintos órganos judiciales. También incide en la necesidad de más funcionarios en juzgados de primera instancia que acumulan diversas competencias, poniendo especial énfasis en el caso de los juzgados de Alcañiz.

En este sentido, la memoria indica que el aumento de plantillas en muchos órganos de los partidos judiciales “es una necesidad que año tras año se demanda”, sobre todo en lo relativo a los juzgados mixtos que acumulan también funciones de Registro Civil al haberse visto muy afectados por la pandemia, así como Decanato y Violencia sobre la Mujer, puesto que en algunos casos están dotados con menor personal que otros con menos funciones.

Esta situación, señala la memoria, se ve agravada en los juzgados de primera instancia e instrucción de Alcañiz, “con una carga de trabajo elevada que exigen tener un funcionario de refuerzo y que le sitúan como merecedor de un incremento de plantilla”.

Por otra parte, el TSJA advierte que tanto en las ciudades de Teruel como Huesca, los juzgados de primera instancia acumulan también la competencia mercantil “con una carga de trabajo importante”, lo que no hace atractivo estos destinos con respecto a otros juzgados de igual categoría.

Pone énfasis igualmente en la “falta de estabilidad de letrados titulares”, lo que “no beneficia al servicio de la Administración de Justicia” puesto que se tienen que solicitar constantemente “sustitutos para cubrir vacantes a sabiendas de que no se autorizan, debiéndose acudir a cubrir las mismas con el resto de los letrados de forma forzosa, al no haber apenas integrantes en la bolsa de sustituciones voluntarias”.

Asimismo, señala que la redistribución de plantillas de funcionarios es otro asunto a tener en cuenta para solventar el “desequilibrio que en la actualidad se viene observando en algunos órganos judiciales”, y que la misma “podría reducir el mantenimiento de personal de refuerzo en determinados órganos judiciales”.

Más asuntos civiles y menos penales durante la pandemia: hubo un 20% menos de resoluciones en lo Contencioso

La Memoria del TSJA constata cómo durante el año pasado coincidiendo con la pandemia de la covid ingresaron más asuntos civiles en los juzgados y menos penales, de igual forma que en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo se resolvieron un 20% menos de asuntos que en el ejercicio anterior al haber descendido igualmente el ingreso de nuevos casos.

La capital turolense cuenta con tres juzgados de primera instancia e instrucción, en los que el número de asuntos civiles que ingresaron en los mismos durante el año pasado se incrementó un 2,60%, mientras que los asuntos penales ingresados disminuyeron un 10,97%.

Por otra parte, en el Juzgado de lo Penal de Teruel  descendieron también los asuntos ingresados, ya que la memoria recoge que a lo largo del ejercicio pasado ingresaron un total de 190 nuevos asuntos, cifra inferior a la registrada el año anterior cuando la cifra alcanzó los 220.

El Juzgado de lo Social de Teruel ingresó también menos asuntos el año pasado, un total de 402 frente a los de 2019, que se elevaron a 534.

En la Audiencia Provincial de Teruel también se redujo el número de asuntos ingresados respecto del año anterior en un 21,71%, y proporcionalmente también se vio reducido el número de asuntos resueltos  en un 21,17%.

La memoria del TSJA detalla igualmente la evolución de los asuntos y la actividad de los juzgados de los partidos de Alcañiz y Calamocha.