El proyecto de Ley de Movilidad Sostenible puede enmendarse hasta el 4 de marzo

El proyecto de Ley de Movilidad Sostenible ha regresado al Congreso de los Diputados para su tramitación por la vía de urgencia después de que no pudiera aprobarse antes de que finalizara la pasada legislatura como estaba previsto. La norma se compromete, entre otras cuestiones, a garantizar la movilidad en el medio rural, en especial en las zonas afectadas por la despoblación, si bien en el primer avance del mapa concesional del transporte público de viajeros estatal que se hizo en 2022, se contemplaba eliminar numerosas paradas de autobús en los pueblos pequeños. En Teruel se eliminaban  en 54 localidades, aunque el mapa definitivo no verá la luz hasta después de aprobada la ley.

El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del pasado 12 de febrero remitir a las Cortes Generales el texto, y esta semana el Congreso de los Diputados acordó iniciar su tramitación, según publicó este viernes el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Al tramitarse por la vía de urgencia, el plazo para presentar enmiendas es corto y finalizará el próximo 4 de marzo.

La intención del Gobierno es que la ley pueda aprobarse antes de que termine el año, y cumplir así con el compromiso adquirido con la Comisión Europea, puesto que es una de las reformas normativas comprometidas por España en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Cuando se dio a conocer este proyecto de ley en la anterior legislatura generó una gran inquietud en las zonas rurales de la España despoblada, porque en un avance de la primera propuesta del mapa concesional del transporte de viajeros por autobús de competencia estatal que se hizo, en Aragón estaba previsto suprimir las paradas de estas líneas en 151 municipios, 54 de ellos en la provincia de Teruel.

La disposición transitoria segunda del proyecto de ley remitido al Congreso establece que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la nueva norma, deberá aprobarse el nuevo mapa concesional de ámbito estatal. Si bien la anterior ministra de Transportes aseguró en su día que la propuesta que se hizo no era la definitiva y que se iba a abrir un proceso de diálogo con las comunidades autónomas, el texto legal incide en seguir criterios de “viabilidad económico-financiera”.

Lo que se pretende es que las líneas cubran trayectos directos entre grandes núcleos de población, que son los que aportan un mayor número de viajeros, y se puedan reducir de esa manera los tiempos de recorrido. Eso supondrá que los habitantes de los municipios pequeños tendrán que desplazarse a los grandes para tomar esos transportes públicos de las líneas estatales.

Supresión de paradas

Es previsible que conseguir que los municipios pequeños sigan manteniendo sus paradas será uno de los grandes caballos de batalla de la tramitación parlamentaria y sobre todo de la posterior elaboración del mapa concesional, puesto que suprimir las paradas iría en contra de lo que el propio Gobierno central estableció en el Plan de 130 medidas del reto demográfico.

Además, si no fuese así, la ley entraría en contradicción con sus propios planteamientos, porque en la misma se establece que hay que garantizar el acceso a la movilidad en todo el territorio, “siendo imprescindible atender las necesidades de las zonas afectadas por procesos de despoblación”.

El proyecto de ley que inicia ahora su tramitación señala que  garantizar ese derecho requiere “impulsar soluciones de movilidad en las zonas rurales”, y “se plantea la posibilidad de que el Estado participe en la financiación de este tipo de soluciones cuando afecten a territorios afectados por el reto demográfico, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente”.