El geólogo José Luis Simón ve necesaria por “sensatez” una moratoria para planificar las renovables

El Premio Aragón de Medio Ambiente 2022, el prestigioso científico y divulgador José Luis Simón, aseguró este viernes en las Cortes de Aragón que es “imprescindible” que haya una moratoria en la implantación de renovables en la Comunidad Autónoma para poder planificar su instalación,  y apeló a la “sensatez” puesto que la forma como se ha hecho hasta ahora no ha sido la correcta al carecer de una ordenación. Aclaró que no es que no haya instrumentos de planificación, sino que no se han querido cumplir los ya existentes. Opinó que ciertas empresas se han “burlado” de la Administración, una idea en la que incidieron otros ponentes que intervinieron en la Comisión de Investigación sobre la implantación de renovables, que afirmaron que ha habido energéticas que “se han reído” claramente de ellas.

Simón fue uno de los ponentes que participaron en otra jornada maratoniana de la Comisión de Investigación en el Parlamento aragonés, aunque tuvo la suerte de ser el primero en intervenir cuando los parlamentarios estaban todavía frescos, puesto que la sesión se prolongó durante más de seis horas durante la que comparecieron siete personas.

La moratoria es algo a lo que el Gobierno de Aragón se ha negado por las consecuencias que podría tener, pero José Luis Simón, que es también miembro del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón (COTA), dejó bien claro que en estos momentos sería lo más sensato por lo mal que se han hecho las cosas hasta ahora.

Este juicio de valor sustentado en el conocimiento científico fue refrendado también por Juan Antonio Gil Kiko, de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, y por Carlos González Sanz y Dori Rami Clemente, de la Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica.

Durante sus intervenciones  dieron por sentado que se han primado otros intereses, y la DGA se ha dejado avasallar prácticamente por algunas empresas del sector, por encima de los intereses de ordenación del territorio y la obligación de protegerlo como administradores públicos.

Simón aseguró que las administraciones han hecho dejación de responsabilidad en el desarrollo del despliegue de las renovables porque ha habido mucha permisividad y se ha limitado el derecho a la información y participación de la ciudadanía.

Consideró que es lamentable que los Geoparques del Maestrazgo y del Sobrarbe se hayan visto sometidos a semejante presión y hoy se encuentren “tremendamente amenazados”, en particular el primero, que dijo que a fecha de hoy “debería ser un Espacio Protegido de la Red Natural de Aragón”. Indicó que en el 2007 la Ley estatal del patrimonio natural y la biodiversidad declaró la figura de los Geoparques y la Comunidad Autónoma no hizo los deberes para protegerlos como figuras “de pleno derecho”.

Por eso, aseguró que por parte de las empresas es muy fácil argumentar que como no se ha desarrollado la normativa “esto es terreno no protegido para poder hacer lo que quieran”. Afirmó que es una muestra de cómo determinadas tareas legislativas que tocaba hacer a la Comunidad Autónoma “no se han hecho”.

Falta de rigor

A lo largo de su intervención incidió en esa idea y en que las empresas deberían ser “mucho más serias y rigurosas” con operaciones de la envergadura que tiene la implantación de parques de renovables.

Estimó que “todas las administraciones” han contribuido a ese “desorden”, mientras que dijo de forma categórica que las compensaciones económicas “no deben ser nunca una coartada para justificarlas”.

Añadió a este respecto que “con dinero no se compensa la destrucción del paisaje; igual que con dinero no se compensaría la destrucción de cualquier monumento histórico”.

Argumentó que muchos proyectos no son tales sino planes que deberían ser sometidos previamente a una evaluación estratégica y no deberían ser admitidos, “pero nadie ha movido políticamente un dedo”; y apuntó que no es que no haya instrumentos de planificación, porque estaba la Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón y el Plan Energético, “sino que el problema es que no se desea cumplir los instrumentos” o implementar los que ya existen.

El científico opinó que se ha colado prácticamente todo a la Administración al haber cosas que no deberían haberse tramitado por estar incompletas y ser de baja calidad técnica. Aseguró que han faltado estudios geotécnicos en los proyectos y que no se ha tenido en cuenta el volumen de tierras movidas ni qué va a pasar después con las cimentaciones, para lo cual puso como ejemplo lo que ha sucedido con las explotaciones mineras a cielo abierto que han quedado abandonadas sin restaurar.

“En algunos momentos creo que la Administración debería sentir que se están burlando de ella ciertas empresas”, dijo el experto, que consideró que hacer una moratoria en estos momentos es “imprescindible” porque “si no, no vamos a planificar nunca”.

Simón opinó que Aragón está produciendo energía por encima de las previsiones y “es hora de pararnos y planificar con un poco de sensatez”, puesto que pese a la emergencia climática, la “vorágine” en la que se ha visto inmersa la región con las renovables no lo justifica todo.

Juan Antonio Gil, de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, incidió en el impacto que causan las renovables sobre la biodiversidad, advirtiendo que los humanos también “somos biodiversidad”.

Carlos González Sanz, de la Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica, consideró una “impostura” lo que está pasando con la transición energética, puesto que no responde a eso sino a una “sustitución de energías”, y abogó por el sistema distribuido. Denunció que se ha hurtado a la ciudadanía de las renovables y lo que se está haciendo es “dificultar el autoconsumo y las comunidades energéticas”.

Dori Rami Clemente, de la misma plataforma, añadió que no se contestan las alegaciones y que su impresión era que las empresas “se nos ríen en la cara”.

"Todo se hizo con arreglo a la normativa"

José María Giral Monter, exdirector de gabinete del anterior presidente de la DGA Javier Lambán, que fue uno de los comparecientes en la Comisión de Investigación, dijo que todo se había hecho “con arreglo a la normativa y a la legalidad existente”.

Giral valoró el impulso que se había dado a las renovables desde que Lambán llegó a la presidencia del Gobierno en 2015 y el sector estaba paralizado, y cómo al principio el impulso que se dio al mismo fue motivo de consenso entre todos los grupos políticos. Destacó el liderazgo en el que se ha posicionado Aragón y consideró que no puede desaprovecharse “esta magnífica oportunidad que tenemos”, y que había que ponerse de acuerdo para hacer una planificación. Aclaró que las renovables no eran tema de su competencia, reconoció que la estructura orgánica de la DGA no estaba preparada para el crecimiento exponencial que se produjo, y que todos los miembros del Ejecutivo acompañaron a los promotores e intermediaron con los municipios como se hace con cualquier empresa que vaya a generar riqueza. El entonces Jefe de Servicio de Gestión Energética, Eduardo Pérez, añadió que no habían recibido ninguna presión ni se habían saltado procedimientos.

La alcaldesa de Monforte, Paula Delmás, expresó la desprotección de un pequeño municipio ante las presiones que sufre, y reclamó apoyo para las comunidades energéticas por la burocracia a la que se enfrentan.