La Comisión de investigación de las Renovables constata que se ha fallado en la zonificación al no cumplirse pese a exigirlo la UE

El profesor de la Universidad de Zaragoza y experto en mercados energéticos e infraestructuras críticas, José María Yusta Loyo, afirmó este lunes en la Comisión de investigación sobre la implantación de las energías renovables en las Cortes de Aragón, que ha fallado la zonificación a la hora de instalar estas centrales en el territorio, pese a que lo exigía la Unión Europea y nadie lo ha cumplido, al igual que la falta de información que han tenido los municipios en muchos casos y la ausencia de apoyo a las comunidades energéticas.

Yusta fue uno de los tres ponentes que intervino en la comisión, en la que también expusieron sus puntos de vista el ganadero de Mosqueruela, Joaquín Gargallo, que criticó las afecciones que los parques tienen para este sector por la falta de planificación; y el alcalde de La Zoma, Aitor Lozano, que denunció que había sentido como amenazas los comentarios que le habían hecho tanto algunas empresas como políticos.

Fue la intervención de estos dos últimos ponentes lo que suscitó mayores reservas entre algunos de los grupos parlamentarios, puesto que el primero es concejal de Teruel Existe y el segundo alcalde por esta misma formación política después de que en la pasada legislatura lo fuera por el PSOE.

Intereses políticos

Algunos portavoces les afearon que detrás de sus intervenciones hubiese intereses políticos, lo que provocó las quejas del portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, puesto que en la comisión han comparecido otros alcaldes y no se les ha reprochado su filiación política.

El portavoz de Podemos, Andoni Corrales, no llegó tampoco a hacerles preguntas tras lamentar el “mal uso” de la comisión “para hacer una asamblea de Teruel Existe”; mientras que Alberto Izquierdo (PAR) consideró bueno “saber quiénes somos”, y Carlos Pérez Anadón (PSOE) se refirió a la “versatilidad” que tenía el alcalde La Zoma por haberlo sido con el PSOE, ahora con Teruel Existe “y compareciente por Vox”, ya que había sido este grupo parlamentario quien lo había propuesto.

Más allá de los piques entre los distintos grupos parlamentarios, que no es la primera vez que se ponen de manifiesto en esta comisión de investigación, el profesor de la Universidad de Zaragoza aportó una visión técnica del despliegue de las renovables, mientras que el ganadero y el alcalde lo hicieron desde sus experiencias personales, incidiendo ambos en que tal como se están implantando los parques de renovables no favorecen al territorio sino todo lo contrario.

José María Yusta, que estuvo acompañado por Alejandro Claver Laliena, dejó claro que son la tecnología “más competitiva” para la producción de energía y por ese motivo los grandes capitales se han volcado en invertir en estos parques.

Se refirió a que el gran reto por resolver es el almacenamiento, y sobre la planificación reconoció que ha fallado porque la “zonificación ambiental”, es decir, establecer los lugares más idóneos para su instalación, es un “mandato de la Unión Europea” pero ninguna comunidad autónoma ni el propio Estado lo “ha cumplido”.

Incidió en la necesidad de “compatibilizar” el desarrollo de las renovables con la conservación de la biodiversidad y con otras actividades del territorio, y en este sentido expresó su especial preocupación con las infraestructuras de riego agrícola, “una convivencia no muy clara” para el sector primario.

Falta de asesoramiento

Además, consideró que ha faltado asesoramiento a los municipios, una tarea que dijo que “no se ha hecho” y ha generado problemas porque la sociedad no entiende así el desarrollo de las renovables. Comentó que había hablado con muchos alcaldes que “se veían superados por estos proyectos” y tampoco sabían cómo posicionarse, ni qué derechos y obligaciones tenían las entidades municipales, además de “cómo mediar con los vecinos”.

El experto se refirió también al Decreto Ley 1/2023 de Energía de Aragón, actualmente recurrido, que aseguró que “tiene ideas muy interesantes”, y abogó por hacer un esfuerzo entre todas las administraciones “para facilitar la tramitación de las instalaciones de autoconsumo” y el desarrollo de las comunidades energéticas. Opinó que las entidades municipales tienen un “rol muy importante” en esta cuestión pero “necesitan el apoyo técnico de otras administraciones”, además del apoyo del Estado, que sigue pendiente de desarrollar legalmente esta figura.

Entre los grupos le preguntaron si veía factible una moratoria y contestó que “no nos podemos permitir parar”. Añadió que el desarrollo de las renovables va a permitir atraer “competitividad industrial” que debe revertir localmente, y estimó que su judicialización “va a retrasar una necesidad que tenemos”, y que hay que intentar ponerse de acuerdo entre todos para cumplir con la transición energética.   

El ganadero de Mosqueruela Joaquín Gargallo Monforte calificó de “invasión industrial” lo que está ocurriendo con el clúster del Maestrazgo, ignorando las actividades previas que había en el territorio y supeditándolas a las necesidades de los parques eólicos y fotovoltaicos. Apuntó que en la comarca hay 184 explotaciones ganaderas extensivas y que los parques de renovables no deberían “tener prioridad” respecto a las actividades económicas que ya existen, condicionándolas en el uso de recursos como sucede con las balsas de agua.

Afecciones

Advirtió de las afecciones que va a tener en una comarca que tiene un problema severo con el agua, y donde preocupan los incendios. Aseguró que no ha habido participación ciudadana “real” ni “un consenso mínimo”, pero sí un “conflicto social durísimo”. Consideró que “las presiones han sido inasumibles” y que ha habido gente “que ha sufrido mucho, con agresiones, con amenazas”.

Cerró las comparecencias el alcalde de La Zoma, Aitor Lozano, que manifestó que las renovables no generan empleo y las promotoras solo persiguen sus intereses particulares. Comentó que una promotora le dijo que si no se avenían estaban dispuestos a llegar hasta el final e incluso a la expropiación forzosa, lo que entendió como una “amenaza”.

Se refirió también a una conversación con dirigentes del PSOE cuando era alcalde por este partido y le dijeron que los molinos eran el “progreso” y los querían tanto Sánchez como Ribera y Lambán. Argumentó que cuando representantes de una formación intentan como hicieron con él que un municipio se tiene que “subir al carro” de las renovables, “no es una gran presión, no son amenazas, por supuesto, pero sí que entre líneas deja ver un poco cuál era la intención que en la legislatura pasada con el equipo de gobierno que había se estaba intentando mantener”.

Lozano añadió que se sentían “solos”, que debería escucharse la opinión de los científicos porque los aerogeneradores podrían comprometer la viabilidad de recursos básicos como el agua de boca o de otros proyectos en marcha, y lamentó que las Cortes de Aragón no están haciendo “todo lo que se podría hacer” para legislar en esta materia.