El diagnóstico de la DPT sobre la extensión de la banda destaca el notable avance logrado en los dos últimos años

El informe de diagnóstico sobre la situación actual de la banda ancha y la cobertura móvil en la provincia realizado por la Diputación de Teruel (DPT) pone de relieve el considerable avance producido en los dos últimos años, en los que el Plan de Extensión de Banda Ancha del Gobierno de España ha proyectado la llegada de la fibra óptica a 121 entidades singulares por las 29 a las que habían llegado los tres planes anteriores a 2019. Además, 138 entidades singulares se están beneficiando de la las actuaciones de empresas privadas, informa una nota de prensa de la DPT.

Realizado por la Oficina Técnica puesta en marcha con la empresa pública Tragsa, el informe presentado hoy no solo radiografía la situación de la cobertura en la provincia, sino que incluye propuestas de evolución del despliegue de infraestructuras necesarias. Este es un paso fundamental para que la institución provincial desarrolle planes complementarios a los impulsados por otras administraciones, que garanticen la cobertura de banda ancha y el despliegue de las redes ultrarrápidas a todo el territorio.

El estudio contempla ya las 72 entidades singulares de 57 municipios que recibirán fibra óptica en los próximos tres años gracias a la implantación del Plan de Extensión de Banda Ancha (PEBA) 2020 del Gobierno de España.

El plan de despliegue de la red de fibra óptica por el territorio turolense contempla 357 entidades singulares. Las 72 incorporaciones de 2020 sumadas a las 49 en las que actúa el anterior plan PEBA y a las 138 donde lo ha hecho la iniciativa privada, sumarían 259 entidades singulares con fibra óptica, el 72,54% del total. De esta manera, según ha destacado Rando, la ejecución del actual PEBA “duplica todas las actuaciones anteriores del Gobierno de España, suponiendo un destacado impulso y una mejora muy considerable”.

PEBA

Del mismo modo, el informe señala que los tres PEBA implementados en la provincia de Teruel del 2015 al 2018, no instalaron banda ancha superior a 100MB, por lo que localidades como Andorra o Alcañiz (las únicas de la provincia incluidas en el primer PEBA de 2015) siguen siendo zona gris al no llegar la fibra óptica al conjunto de sus habitantes.

Por casos como el de Alcañiz o Andorra, el diagnóstico va más allá de la clásica división de zonas blancas (las que no llega ni banda ancha de 30MB), zonas grises (banda ancha hasta 100MB) o zonas negras (por encima de los 100MB y, por tanto, existe fibra óptica). De este modo, sitúa a 26 entidades singulares con unos 75.436 habitantes en la categoría de gris parcial porque no en todos los hogares cuentan con el despliegue de fibra óptica. También se ha creado la categoría “mezcla” para poblaciones donde las opciones pasan de tener fibra óptica en algunos hogares a no tener la red desplegada en otros. Afectaría a 12 entidades singulares con unas 545 personas.

Objetivos

El objetivo del estudio que ha dado a conocer el presidente de la DPT, Manuel Rando, junto al Jefe del área de Nuevas Tecnologías y Administración Electrónica de la institución provincial, Luis Dalmau, es conocer el estado actual de las redes en la provincia y hacer propuestas sobre posibles líneas de actuación, para mejorar, rentabilizar e incrementar los servicios de telecomunicación. Ha sido elaborado por la Oficina Técnica creada por la institución provincial para el despliegue de banda ancha con fibra óptica al 100% del territorio y la población, con el asesoramiento técnico del Grupo Tragsa a través de su filial tecnológica Tragsatec.

Manuel Rando ha manifestado que para el equipo de gobierno de la institución provincial la banda ancha “es una prioridad y queremos actuar cuanto antes”, por lo que ha destacado la importancia del informe para marcar el camino. Con él se diseñará un plan complementario a la próxima adjudicación del nuevo programa del Gobierno central, en plan UNICO, previsto para el mes de octubre, que sustituye al actual PEBA y contempla 250 millones de euros, la mayor convocatoria para este fin de la historia con 100 millones más que en 2020.

“Vamos a ir de forma coordinada, eso es fundamental porque no podemos ir cada administración por nuestro lado, aparte de que todas las competencias las tiene el Estado y hay que pedirle permiso para llevar a cabo las actuaciones”, ha explicado Rando. “Y llegaremos a los lugares donde entendamos que el coste es muy alto, porque la función de la Diputación de Teruel es llegar a todos los sitios”, ha asegurado Rando.

En este sentido, las zonas donde la Diputación de Teruel prevé actuar son seguramente las más costosas, según ha indicado Rando. Se trata de lugares del Matarraña, la parte alta del Jiloca, áreas de la parte derecha de la Sierra de Albarracín, zonas entre las comarcas de Gúdar Javalambre y Maestrazgo y en la zona central de las Cuencas Mineras.

Evolución de la cobertura

En el informe se detalla la evolución de la situación en referencia a la cobertura de la provincia hasta la actualidad y se indican factores que la condicionan, como los ámbitos político, legislativo, tecnológico y socioeconómico. También se plantean alternativas de actuación para mejorar la cobertura y se proponen actuaciones tanto a nivel administrativo como tecnológico, como la utilización de parte de las 268 torres de cobertura 5G distribuidas por todo el territorio para dar cobertura de banda anda con un menor despliegue de cableado.

El estudio refleja la desigual situación de la provincia de Teruel respecto a otras como  Zaragoza y Huesca en cuanto a los hogares a los que llega la fibra óptica, con la turolense en el peor estado en cuanto a conectividad en Aragón. La cobertura por hogar en la provincia en 2017 era del 41,68% y, con la prospectiva del PEBA 2021-2023, se prevé que aumente hasta el 72,17%, aunque seguiría siendo inferior a Huesca (85,27%), Zaragoza (97,97%), Soria (79,06%) o Cuenca (85,45%).

Otro de los datos destacados sobre la evolución del plan PEBA es que se ha producido un destacado incremento en el coste de la extensión de la red, dado que las operadoras abarcan áreas más complejas del territorio. De hecho, el coste por vivienda ha pasado de 22,45 euros en el plan de 2015 a 232,34 en el de 2021. Los mapas del estudio dejan claro que en el desarrollo de la banda ancha ha sido fundamental la orografía y la situación de las redes troncales, junto a las principales vías de comunicación. Alejarse de esas redes y entrar en los territorios con mayores desniveles encarece el precio de extensión de la fibra óptica a las viviendas.

El datos se han obtenido recopilando información de organismos oficiales, operadoras de telefonía y entidades municipales, elaborando documentación cartográfica y estadística, comprobando la oferta comercial de las operadoras en 322 entidades menores y realizando encuestas a los ayuntamientos, entre otras labores.

Presentaciones y proyectos

El presidente de la DPT presentó ya este diagnóstico el pasado 1 de julio a los diputados y diputadas de la corporación provincial que quisieron acudir a la convocatoria. Unos días después, Rando lo presentó también en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, durante una reunión en la que se concluyó que la institución provincial trabajará en un plan complementario a la próxima adjudicación del  programa UNICO, que deberá contar con el visto bueno del Ministerio.

Rando, que fue acompañado por el subdelegado del Gobierno en Teruel, José Ramón Morro, se reunió con el director general de Telecomunicaciones y Ordenación de los servicios de Comunicación Audiovisual, Arturo Azcorra, y mantuvo un breve encuentro con el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez.

Las nuevas bases del programa UNICO contemplan que el reparto provincial se hará en relación al porcentaje de población que queda por cubrir, las ayudas serán más altas en las provincias con una mayor dispersión y el estudio de zonas se realizará por unidad catastral. Además, la nueva convocatoria incluye una mayor intensidad de las ayudas para cubrir las zonas de extensión con costes cada vez mayores o para hacer más atractivas las ofertas a los operadores, así como la prohibición a las compañías de sustituir zonas en el despliegue, para evitar espacios muy aislados sin cubrir.