El consejero Octavio López en las Cortes durante las preguntas que le hicieron los grupos parlamentarios. Cortes de Aragón
El consejero de Fomento se compromete en las Cortes a apoyar a los afectados de San Francisco 21
Octavio López dice que está en conversaciones con el Ayuntamiento de Teruel
El consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística del Gobierno de Aragón, Octavio López, se comprometió este viernes en las Cortes de Aragón a apoyar a los afectados por el derrumbe del edificio de San Francisco 21 en la capital turolense, de forma coordinada con el Ayuntamiento de Teruel, institución con la que ya está en conversaciones, y respetando siempre la autonomía local. López se pronunció así en la sesión de control al Ejecutivo en el pleno del Parlamento aragonés, en respuesta a una pregunta que le hizo el diputado del PSOE Ángel Peralta.
Los vecinos, convocados por el grupo de trabajo de la asociación de vecinos del Carmen, se concentraron el pasado 14 de marzo frente a la Delegación Territorial de la DGA en Teruel para pedir el apoyo de la Administración autonómica. Durante aquella movilización recordaron que a diferencia de la “voluntad política” expresada en la Comunidad Valenciana para ayudar a los afectados por el incendio de un gran bloque de viviendas ocurrido en febrero de este año en Valencia, en el caso de Teruel no había existido ese apoyo.
El titular del Departamento de Fomento garantizó en las Cortes que el Ejecutivo aragonés “adoptará todas aquellas medidas que, respetando la autonomía municipal y de la mano con el Ayuntamiento de Teruel, pueda facilitar soluciones si se dan las circunstancias oportunas a los afectados del derrumbre de la calle San Francisco”.
El parlamentario socialista se interesó por la situación de los afectados por el derrumbe y de quienes no han podido regresar a sus casas, que recordó que viven en una situación de “incertidumbre”. Aclaró que no pretendían hacer política de una catástrofe, pero que ante la “inacción” del Gobierno era preciso hacer algo. Puso como ejemplo las medidas adoptadas por la Generalitat Valenciana con el trágico suceso del incendio del barrio del Campanar en Valencia.
Peralta apuntó en este sentido que en esa catástrofe se habían puesto a disposición de los afectados ayudas directas para gastos de primera necesidad y para alquiler por importe en este caso de hasta 1.500 euros al mes, extinción de las dos últimas anualidades del ICA, transporte público gratuito, asistencia psicológica a los afectados, reubicación preferente en residencias y centros de día a personas mayores y dependientes que así lo requieran.
El consejero le recordó que el edificio se derrumbó cuando en el Gobierno de Aragón estaba todavía el cuatripartito, y reconoció que entonces se ofrecieron diez viviendas que no estaban en Teruel y que por ese motivo no fueron aceptadas, además de diez del parque de maquinaria que al no estar rehabilitadas todavía tampoco se pudieran ocupar.
Comentó que el Ayuntamiento de Teruel estaba gestionando los alquileres y anticipó que eso se hará hasta diciembre de este año, y que no acabarán en junio, según le había manifestado la alcaldesa. Además, apuntó que el consistorio había adquirido un crédito extraordinario de 1,6 millones de euros para el derribo definitivo del inmueble y la recogida de los escombros.
El titular de Fomento explicó que el Ayuntamiento está en “conversaciones” con su consejería, y apeló a la “credibilidad” que le da su trayectoria política para pedirle que “esté tranquilo porque vamos a llegar a algún punto de encuentro con el Ayuntamiento de Teruel, siempre en coordinación con esta institución y no de manera directa”.
López sacó a colación el Plan de Vivienda que está implementando el Gobierno de Aragón, con unos programas de actuación “que intentan llegar a todo el territorio”. Reconoció que lo ocurrido en Teruel es un hecho “desdichado que afecta a cuarenta o veintiuna familias según se analice”, de acuerdo con los datos de los que disponía, y que las familias estaban en una situación “de cierto desespero”.
Dio por hecho que el Ayuntamiento les está “atendiendo de manera importante”, al igual que recalcó que estaban desde la consejería en contacto con esta institución y “tomaremos las decisiones que creamos oportunas en relación a dar solución y ayuda en la medida de lo posible a este desgraciado asunto y a esta situación de penuria en la que se encuentran estas familias”. Insistió en que cualquier cosa que se haga se hará siempre de la mano del Ayuntamiento de Teruel, “y una vez hayamos analizado todos los efectos”.
Los vecinos, convocados por el grupo de trabajo de la asociación de vecinos del Carmen, se concentraron el pasado 14 de marzo frente a la Delegación Territorial de la DGA en Teruel para pedir el apoyo de la Administración autonómica. Durante aquella movilización recordaron que a diferencia de la “voluntad política” expresada en la Comunidad Valenciana para ayudar a los afectados por el incendio de un gran bloque de viviendas ocurrido en febrero de este año en Valencia, en el caso de Teruel no había existido ese apoyo.
El titular del Departamento de Fomento garantizó en las Cortes que el Ejecutivo aragonés “adoptará todas aquellas medidas que, respetando la autonomía municipal y de la mano con el Ayuntamiento de Teruel, pueda facilitar soluciones si se dan las circunstancias oportunas a los afectados del derrumbre de la calle San Francisco”.
El parlamentario socialista se interesó por la situación de los afectados por el derrumbe y de quienes no han podido regresar a sus casas, que recordó que viven en una situación de “incertidumbre”. Aclaró que no pretendían hacer política de una catástrofe, pero que ante la “inacción” del Gobierno era preciso hacer algo. Puso como ejemplo las medidas adoptadas por la Generalitat Valenciana con el trágico suceso del incendio del barrio del Campanar en Valencia.
Peralta apuntó en este sentido que en esa catástrofe se habían puesto a disposición de los afectados ayudas directas para gastos de primera necesidad y para alquiler por importe en este caso de hasta 1.500 euros al mes, extinción de las dos últimas anualidades del ICA, transporte público gratuito, asistencia psicológica a los afectados, reubicación preferente en residencias y centros de día a personas mayores y dependientes que así lo requieran.
El consejero le recordó que el edificio se derrumbó cuando en el Gobierno de Aragón estaba todavía el cuatripartito, y reconoció que entonces se ofrecieron diez viviendas que no estaban en Teruel y que por ese motivo no fueron aceptadas, además de diez del parque de maquinaria que al no estar rehabilitadas todavía tampoco se pudieran ocupar.
Comentó que el Ayuntamiento de Teruel estaba gestionando los alquileres y anticipó que eso se hará hasta diciembre de este año, y que no acabarán en junio, según le había manifestado la alcaldesa. Además, apuntó que el consistorio había adquirido un crédito extraordinario de 1,6 millones de euros para el derribo definitivo del inmueble y la recogida de los escombros.
El titular de Fomento explicó que el Ayuntamiento está en “conversaciones” con su consejería, y apeló a la “credibilidad” que le da su trayectoria política para pedirle que “esté tranquilo porque vamos a llegar a algún punto de encuentro con el Ayuntamiento de Teruel, siempre en coordinación con esta institución y no de manera directa”.
López sacó a colación el Plan de Vivienda que está implementando el Gobierno de Aragón, con unos programas de actuación “que intentan llegar a todo el territorio”. Reconoció que lo ocurrido en Teruel es un hecho “desdichado que afecta a cuarenta o veintiuna familias según se analice”, de acuerdo con los datos de los que disponía, y que las familias estaban en una situación “de cierto desespero”.
Dio por hecho que el Ayuntamiento les está “atendiendo de manera importante”, al igual que recalcó que estaban desde la consejería en contacto con esta institución y “tomaremos las decisiones que creamos oportunas en relación a dar solución y ayuda en la medida de lo posible a este desgraciado asunto y a esta situación de penuria en la que se encuentran estas familias”. Insistió en que cualquier cosa que se haga se hará siempre de la mano del Ayuntamiento de Teruel, “y una vez hayamos analizado todos los efectos”.
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