El Acuerdo de Asociación España-UE fija el reto demográfico como objetivo transversal

El Acuerdo de Asociación España-UE para el periodo 2021-2027, un documento estratégico que fija las líneas de actuación prioritarias para los fondos europeos y que acaba de aprobar la Comisión Europea, considera el reto demográfico como un objetivo transversal y reconoce la labor que están desarrollando algunas comunidades autónomas como la aragonesa en la lucha contra la despoblación a través de iniciativas como la Directriz Especial de Política Demográfica y la Estrategia de Ordenación del Territorio.

La Comisión Europea aprobó el pasado 18 de noviembre el documento del Acuerdo de Asociación para el periodo 2021-2027, en el que se fijan para cada periodo de los fondos europeos las políticas estatales que se piensan desarrollar.

El documento, de más de doscientas páginas y que se puede consultar íntegro en la web del Ministerio de Hacienda y Función Pública, establece las grandes líneas de actuación y las prioridades de inversión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), y del Fondo de Transición Justa (FTJ).

El acuerdo inaugura un nuevo periodo de siete años de política de cohesión comunitaria en España y establece el reto demográfico como un objetivo transversal. Para este periodo España dispondrá de una inversión de 59.722 millones de euros, para la que se recibirá una ayuda de la UE de 36.682 millones.

La inversión global para este periodo se concentrará en las áreas de investigación, apoyo a las pymes, digitalización, eficiencia energética, atención al medio ambiente, desarrollo local y política social, que según el Ministerio de Hacienda se complementará con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La lucha contra la despoblación y el reto demográfico en su conjunto constituirán un eje transversal de las políticas a desarrollar con estos fondos.

En este sentido, el documento de asociación establece que la programación de estos fondos europeos para el periodo 2021-2027 “debe, sin duda, tener en cuenta el desafío que el reto demográfico supone para España y, dado lo amplio de su incidencia, los fondos de la política de cohesión deben abordar este reto de manera transversal con un enfoque integrado”.

El acuerdo establece que según esta premisa, los fondos europeos “deben constribuir a impulsar actuaciones, en diversos ámbitos, tales como la digitalización y la conectividad en zonas de difícil cobertura para generar un ecosistema que permita la instalación en el territorio de nuevas empresas”.

Además, considera prioritario dentro de esos objetivos transversales, la mejora de la prestación de los servicios básicos, “especialmente los servicios públicos”, al igual que la innovación social y la generación de procesos de inteligencia territorial.

De igual forma, los fondos europeos para este periodo deberán contribuir a promover “una movilidad sostenible que promueva el despliegue de tecnologías e infraestructuras limpias”, lo mismo que el impulso de la transición ecológica.

Recoge por otra parte la necesidad de favorecer el desarrollo de un parque de vivienda, preferentemente público y de alquiler, uno de los problemas a los que se enfrenta el medio rural en general, y en particular el turolense por la falta de viviendas para que se puedan establecer nuevos pobladores o asentar a la población joven ya existente.

En esta misma línea, el Acuerdo de Asociación establece que los fondos europeos, atendiendo al objetivo transversal de hacer frente al reto demográfico, deberán favorecer el “fomento del emprendimiento, especialmente para mujeres y jóvenes con especial atención a la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional”.

Son aspectos que en el caso aragonés se contemplan dentro de las políticas que se están impulsando desde el Ejecutivo autonómico y que, además, están recogidas en la Ley de dinamización del medio rural que se está tramitando en las Cortes de Aragón. El documento de asociación con la UE destaca a este respecto las estrategias específicas que están acometiendo ya algunas autonomías como en el caso de la aragonesa con la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación, y la Estrategia de Ordenación del Territorio.

Otras cuestiones que recoge el Acuerdo de Asociación para atender las políticas del reto demográfico como un objetivo transversal se centrarán, según el documento, en facilitar el teletrabajo, la recualificación de la actividad económica o la mejora de la administración local, entre otros.

El documento detalla las diferentes sinergias que deben articular los distintos objetivos políticos y recoge también lo que son las políticas de transición justa en territorios como Teruel por el cierre de la minería, o el desarrollo de los corredores ferroviarios europeos como es el turolense. El mismo está incluido como un ramal del Corredor Mediterráneo que en Zaragoza enlazará con el Corredor Atlántico, configurando así el corredor Cantábrico-Mediterráneo que, por la presión de Aragón y la Comunidad Valenciana, volvió a ser incluido en el Mecanismo Conectar Europa.

Políticas sectoriales que integren una visión de conjunto

El documento del Acuerdo de Asociación entre España y la Unión Europea para el periodo 2021-2027 traza las líneas maestras de las políticas sectoriales que integrarán la visión del reto demográfico para afrontarlo con los fondos europeos.

En este sentido, se indica en el texto aprobado el pasado 18 de noviembre por la Comisión Europea que se abordará este fenómeno “desde una perspectiva transversal acorde con las líneas marcadas por las estrategias y planes en materia de reto demográfico”.

Asimismo, establece que se definirá un sistema de seguimiento, gestión y evaluación flexible “que no genere excesiva carga administrativa” y que consistirá en “identificar” todas aquellas actuaciones que dentro de los programas, y en diferentes objetivos específicos, “contribuyan al reto demográfico”. Argumenta el texto que “España tiene la oportunidad de avanzar de forma decidida en la transformación estructural del país, afrontando la lucha contra la despoblación y las vulnerabilidades socioterritoriales como desafíos para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial, para todas las personas, vivan donde vivan”.