Educadores sociales de menores piden tener un convenio digno y seguro

La Plataforma para la Negociación de un Convenio Autonómico de Reforma Juvenil, formada por CCOO, CGT y UGT, se concentró este jueves en la ciudad de Teruel para reclamar a las administraciones recursos que garanticen unas condiciones laborales dignas y seguras. La convocatoria de protesta se realizó en toda España y tras la muerte hace unos días de la educadora social Belén Cortés en Badajoz, mientras trabajaba en un piso tutelado.

En Teruel hay tres centros: de menores en protección; menores no acompañados nacionales; y menores no acompañados extrajeros. En total suman más de 50 menores, a los que atienden 40 trabajadores profesionales. “Queremos que la consejera (Carmen Susín, de Bienestar Social y Familia) se comprometa a dotar de soluciones, con atención de calidad y plantillas dimensionadas para atender a la demanda que tenemos”, señaló Jesús Esteban, representante de CCOO en esta convocatoria. En la misma, leyeron un manifiesto titulado Por unas condiciones laborales seguras y dignas, en el que relaman al IASS auditorias inmediatas en todos los centros, recursos humanos y materiales, exclusión de la externalización de los servicios, implantación de protocolos de seguridad urgentes, y reconocimiento profesional y salarial.

La movilización congregó a más de una veintena de profesionales del sector que corearon consignas para reclamar a la Admisnistración medidas inmediatas, ya que están “trabajando en precario”, según puntualizó Jesús Esteban. En el manifiesto, este colectivo también se dirigió a la sociedad en general “La protección a la infancia es un pilar de la justicia social y si caemos los profesionales, el sistema se desmorona”, explicaron.

La plataforma que engloba a todos los sindicatos del sector lleva reclamando “un convenio justo desde 2009”, recordó el representante de CCOO. Pero ha sido la muerte de una compañera la que ha reavivado de nuevo el malestar de los cuiadadores de los menores. “Hoy volvemos a concentrarnos con rabia y dolor por la muerte de Belén mientras cumplía con su labor de proteger a menores en riesgo. Y esto destapó las condiciones laborales precarias y las negligencias administrativas en el sector de la Protección de Menores y Reforma Juvenil en todo el territorio español, demostrando que tenemos un sistema fragil que desprecia la seguridad de quienes sostenemos los servicios públicos esenciales”.

Reclaman que su convenio sea similar al de otras comunidades como Valencia, País Vasco o Cataluña “que tienen mejores condiciones laborales”, detalló Esteban. Además, hizo hincapié en que “en los perfiles de menores parece que todo vale, pero no, ya que hacemos una labor esencial”, finalizó.