Cuatro familias que perdieron su casa en el derrumbe de la calle San Francisco ya están reubicadas y otras cuatro lo estarán el martes

Cuatro de las 23 familias que han perdido su casa tras el derrumbe este martes en el edificio del número 21 de la calle San Francisco de la capital, de las que diez estaban realojadas por el Ayuntamiento de Teruel en la residencia de Cáritas en San Nicolás y en hoteles, fueron ya reubicadas este viernes en pisos. Otras cuatro lo harán el lunes o el martes de la próxima semana, mientras que para el resto habrá una segunda fase para la que no se han concretado plazos. Los afectados de este inmueble agradecieron los esfuerzos, pero reclamaron celeridad para el resto de familias, también para aquellas que en estos momentos están alojadas con familiares y pidieron que antes de la Vaquilla todos tengan una solución habitacional a medio plazo.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, explicó por la tarde, tras una reunión con los damnificados, que están realojando a las familias por fases. En la primera de ellas, a los que están en San Nicolás y en hoteles y en las instalaciones de Madre Rafolls. Tres unidades familiares ya se habían trasladado durante la jornada  a los tres pisos que había cedido la Diputación Provincial de Teruel y otra más, formada por un matrimonio de personas mayores, había ingresado en la residencia Javalambre.

De esta forma, en San Nicolás quedan seis unidades familiares, dos de ellas de una sola persona y que por sus circunstancias han decidido permanecer en San Nicolás. Las otras cuatro está previsto que también dispongan de pisos el próximo lunes o martes.
Emma Buj subrayó que la prioridad eran estas diez familias  y especialmente las personas mayores y los niños

“Una vez finalizada el martes esa fase vamos a comenzar a realojar a aquellas personas que están viviendo con familiares”, detalló la alcaldesa que no concretó en cuanto tiempo se hará pero confió en que sea “lo antes posible” y aseguró que “a las 23 unidades familiares afectadas se les va a tratar por igual y todas van a tener ayuda del Ayuntamiento”.

En el bloque 21 había trece familias residentes habituales y propietarios, otras cinco que estaban de alquiler y tres pisos donde no residía nadie o lo hacían de forma ocasional. En el bloque 19 había cuatro familias y otra familias del bloque número 23 también había solicitado la ayuda del consistorio, mientras que el resto de la parte que linda con el inmueble siniestrado han sido acogidas por familiares o se han ido a sus segundas residencias.

La alcaldesa explicó que están tratando cada caso de forma individual. Para los que eran inquilinos se están buscando otros pisos de alquiler y se les va a ayudar económicamente, pagando las finanzas y la diferencia del coste del alquiler y en el caso de los propietarios el consistorio asumirá el alquiler.

Buj añadió que se han dado un plazo de seis meses para revisar situaciones. “No significa que a los seis meses haya que abandonas esos pisos sino que se va a hacer un acompañamiento y estudiar la evolución de esas familias”, indicó la alcaldesa.  

En este sentido, Buj avanzó que cuando los realojos terminen se va a llevar a cabo un programa de atención psicológica a largo plazo y recordó que ahora ya están recibiendo esa atención psicológica, pero se considera necesario continuar con ella.

Sobre la disponibilidad de viviendas, Buj indicó que los datos van cambiando constantemente y que se busca alojamientos donde se pueda entrar a vivir de inmediato. “No llevamos a nadie a ninguna vivienda sin haberla visitado primero por servicios sociales para asegurarnos de dónde se lleva estas familias a vivir”, insistió.

Por su parte, el portavoz de los afectados del bloque 21, Javier Carbó, valoró como “positivo” el avance logrado con la reubicación de cuatro familias y agradeció la labor de los trabajadores, pero recordó que quedan muchas más y por ello exigió “rapidez”.

“Igual que se ha hecho para los primeros, queremos que se haga con los demás y que antes de la Vaquilla todas las familias tengan pisos adecuados que permitan la normalización de sus vidas, ésta es ahora nuestra principal reivindicación”, comentó Carbó.

Por otro lado, este grupo de vecinos presentó un escrito en el Ayuntamiento para que se designe a un interlocutor del Ayuntamiento para establecer una comunicación ágil y fluida todo porque, advirtió que este va a ser “un proceso largo”. “Necesitamos tener un contacto directo que nos permita saber en cualquier momento en qué situación nos encontramos”, insistió el portavoz del edificio número 21.

Los damnificados expresaron su gratitud a la sociedad turolense. “Agradecemos todo el apoyo y la solidaridad de la ciudadanía de Teruel, de todos los comercios y de todos los que nos han ayudado”, comentó Carbó quien quiso advertir de que por el momento no hay un número de cuenta de los afectados del bloque 21 para poder colaborar económicamente y que cuando se pueda habilitar se informará a través de los medios de comunicación, para que todo aquel que haga una aportación sepa que ésta “va a repercutir verdaderamente a los afectados”.

Preguntado por los medios de comunicación sobre la concentración que se difundió por redes sociales para acudir mañana por la este sábado a la plaza de la Catedral en apoyo a los afectados por el derrumbe con motivo de la toma de posesión de la nueva corporación municipal, el portavoz de las familias, indicó que no había sido convocada por ellos.

Por su parte, Chunta Aragonesista (CHA)-Espacio Municipalista por Teruel (EMT) emitió ayer un comunicado en el que expresaba su “apoyo y solidaridad” para con las familias afectadas por el derrumbe de su vivienda o desalojo forzado, y en estos difíciles momentos señalaron que al igual que toda la ciudad, no dejan “de pensar en ellos y en su futuro inmediato”.

CHA-EMT demandó actuaciones que permitan “soluciones en materia de vivienda” para las familias afectadas por el derrumbe del edificio de la calle San Francisco 21 en el medio plazo. Igualmente, la formación planteó la necesidad de realizar un estudio geológico en zonas sensibles y en las inmediaciones de las laderas del Centro Histórico para tratar de “alertar de futuribles riesgos”.

La coalición consideró que el actual concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Carlos Cruzado, “tiene responsabilidades en todo lo sucedido”. No ante el derrumbe del edificio, pero si “por no haber tomado ninguna medida inspectora ante las insistentes reclamaciones de los vecinos y vecinas” de la comunidad siniestrada, que llevaban más de doce días reclamando una visita de personal técnico municipal ante las graves filtraciones de agua procedentes de la calle San Francisco.

La formación considera que “se deben depurar responsabilidades debido a que hay una clara dejación de funciones inspectoras” por parte del concejal de Urbanismo y Vivienda, que “en cumplimiento de la legalidad debería haber inspeccionado el edificio” ante las evidencias de un riesgo grave.

Por otro lado, CHA-EMT cree “necesario” encargar un estudio geotécnico no sólo de la zona afectada por el derrumbe, sino de todas aquellas zonas del Centro Histórico que puedan ser “sensibles a desprendimientos, acumulaciones de agua o movimiento del terreno”, por su ubicación en laderas o zonas de escorrentía y acumulación de aguas subterráneas.

Mientras, desde Ganar Teruel-Izquierda Unida, resaltaron en un comunicado de prensa que después de las primeras noches después del siniestro y tras cubrir las necesidades básicas de los vecinos y vecinas afectadas, “llega el momento de que el Ayuntamiento lleve a cabo planes a largo plazo”.

En lo que se refiere a la búsqueda de nuevas viviendas para los afectados, desde Ganar Teruel-IU recordaron la disponibilidad de un edificio ubicado en la pedanía de Villaspesa, concretamente en la Carretera de Cubla nº 15, cuya construcción comenzó en 2006 y que, estando ya preparado para la venta, acabó abandonándose por la constructora, pasando finalmente a manos de la Sareb (la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria).  Este edificio consta de 17 viviendas, de las cuales 16 son propiedad de la citada Sareb, no estando habitada ninguna de ellas actualmente.

“Desde Ganar Teruel-IU creemos que es una buena oportunidad para que pasen a manos del Ayuntamiento con el fin de acondicionarlas para dar así solución a parte de las familias”, valoró la formación.

Sobre esta posibilidad, la alcaldesa indicó que lo que el Ayuntamiento está buscando son viviendas para poder entrar a vivir de inmediato y que éstas no cumplen ese requisito.

La retirada de escombros puede durar meses

Además de las familias del edificio del número 21 de la calle San Francisco que se hundió este martes y han perdido sus casas, los dos bloques colindantes con él también se han visto afectados y todavía hay personas que no han podido regresar a sus viviendas y tardarán a hacerlo.

La afectación que se prevé más larga es la del número 19 de esta misma calle, donde vivían cuatro familias. La alcaldesa de la capital, Emma Buj, evitó a pronunciarse sobre el futuro de esta finca pero sí señaló que el edificio “es estable” y que son los dos pisos de arriba los que presentan daños. “No me atrevo a decir cuál va a ser su futuro”, reconoció Buj.

En cuanto al edificio correspondiente a los número 23 y 25, este jueves ya pudieron regresar a sus casas 17 familias, pero otras once, las de la escalera que linda directamente con el inmueble siniestrado, tampoco saben cuándo podrán volver. En este caso, salvo una familia, el resto ha buscado por su cuenta alojamiento con familiares u otras propiedades. “Hay una escalera que no ha podido volver no porque el edificio no sea seguro, sino porque el escombro sigue apoyando sobre esa pared y por tanto es probable que todavía tarden un tiempo en volver a vivir a sus viviendas”, aclaró la alcaldesa que indicó que sí han podido entrar a coger sus efectos personales.

Sobre el descombro, este jueves hubo una reunión con los peritos para saber cómo se tiene que desescombrar, Buj advirtió que va a ser un trabajo lento y que podría llevar un par de meses. Asimismo, la responsable municipal indicó que se iniciará cuando les autoricen los peritos, no solo por cuestiones de seguridad sino para que se haga “de forma que permita averiguar las causas del derrumbe”. Por ello, será un proceso coordinado porque tienen que estar los peritos de las distintas aseguradoras: la del Ayuntamiento y las de los particulares.  

Los trabajos también se llevarán a cabo de forma que se pueda separar el escombro de los efectos personales de los vecinos que puedan aparecer.