Condenados a dos años los cinco menores implicados en un delito de abuso sexual en Teruel

El Juzgado de Menores de Teruel ha condenado a dos años de internamiento a cinco menores por un delito de abusos sexuales a una menor de edad, por los hechos ocurridos a principios de diciembre de 2020 en una cochera de San Julián. Todas las partes llegaron ayer a una conformidad y no tuvo que celebrarse la vista. En la sentencia, dictada in voce, se reconoce que los chicos se aprovecharon de la vulnerabilidad de la víctima por los rasgos de personalidad que tiene y atacaron su libertad sexual.

Se cierra así penalmente un asunto que provocó una gran alarma social cuando se produjeron los hechos el 2 de diciembre del año pasado. La sentencia concluye que no hubo violación ni agresión sexual porque no hubo violencia ni intimidación, y condena a los cinco menores por un delito continuado de abuso sexual al haberse aprovechado todos ellos de la situación y haber abusado de la víctima sin diferencia de tiempo ese mismo día.

A los cinco se les ha condenado a dos años de internamiento en un centro de menores. Para tres de ellos se ha acordado un internamiento semiabierto terapéutico en centro de deshabituación, que son los que tienen una mayor dependencia de sustancias estupefacientes, y para los otros dos un internamiento también semiabierto pero no terapéutico. Además, a los cinco se les ha impuesto una prohibición de aproximación y comunicación con la víctima durante dos años.

De esos dos años de internamiento, la sentencia establece que 20 meses serán de privación de libertad y los otros 4 de libertad vigilada. No tendrán que hacer frente a ninguna responsabilidad civil porque tampoco ha habido reclamación por parte de la familia de la víctima, que tenía 16 años cuando ocurrieron los hechos, mientros que los cinco chicos tenían entre 16 y 17 años. Uno de ellos cumplió los 18 años al día siguiente, pero al cometerse el delito siendo todavía menor de edad su caso se ha visto también en el Juzgado de Menores.

Los cinco menores acudieron el jueves al juzgado con sus padres y sus abogados para firmar la conformidad que se ha ido formalizando en las últimas semanas entre los cinco abogados de las defensas, el letrado de la acusación particular y la Fiscalía.

Ha sido un acuerdo de conformidad que ha requerido de la voluntad de todas las partes y que el Fiscal planteó por el bien tanto de la víctima, para no tener que sufrir otra victimización durante el juicio, como de los menores acusados para poder aplicar medidas educativas que les ayuden a corregir su actitud y reorientar sus vidas.

El fiscal de Menores, Benito Soriano, atendió a la prensa tras ratificarse la conformidad en el juzgado para explicar cómo se había desarrollado el proceso y lo acordado entre las partes. Indicó que la sentencia se había dictado ya de forma oral por la jueza y que por tanto era firme.

El fiscal precisó que no hubo violación ni agresión sexual al no haber ni violencia ni intimidación, pero que al no haber existido un consentimiento jurídico, los menores atacaron la libertad sexual de la víctima. La sentencia no hace referencia a que la situación del grupo hubiese influido en los hechos.

El representante del ministerio público reconoció que era un asunto complicado jurídicamente porque la víctima es especialmente vulnerable, “muy vulnerable”, recalcó, y se ha buscado que “sufra lo menos posible” para evitar una “doble victimización” si finalmente se hubiese tenido que celebrar el juicio.

El fiscal explicó que no hubo consentimiento por las circunstancias de la menor, puesto que de haberlo habido no se hubiera cometido el delito, y que debido a la vulnerabilidad de la chica se considera probado que hubo un “ataque a la libertad sexual”, que es lo que se condena en la sentencia por la comisión de un delito de abusos sexuales.

Soriano indicó que los chicos vieron cómo era ella y se aprovecharon de esa situación al no oponerse la menor porque no podía resistirse. En la sentencia se reconoce que no hubo consentimiento jurídico, y que en todo caso estaría viciado por esa vulnerabilidad de la menor al no ofrecer resistencia en esa situación.

El fiscal precisó que la víctima presenta rasgos de personalidad “que la colocan en una situación de vulnerabilidad de la que se aprovecharon los cinco menores” que abusaron de ella. Añadió que tanto por parte de la familia de la menor, que ha ejercido acciones penales para que hubiese una condena, como por la defensa de los acusados, ha habido una predisposición a colaborar en la resolución judicial de este asunto, por lo que tampoco ha habido reclamación de responsabilidad civil.

Una vez dictada la sentencia de forma oral el mismo jueves, los abogados de los acusados solicitaron la suspensión de la ejecución de la medida privativa de libertad para que no tengan que entrar en el centro de menores de Juslibol. Al no superar la medida de internamiento los dos años, al igual que sucede con los adultos, es posible concederles la suspensión de la ejecución.

Sobre esta cuestión todavía tiene que resolver la jueza de Menores, pero la Fiscalía ha informado ya favorablemente a que se les conceda ese beneficio teniendo en cuenta las circunstancias de los menores. Precisó que durante ese tiempo de suspensión, si lo concede la jueza, además de las obligaciones de no delinquir y de comprometerse a reintegrarse en la sociedad, los menores tendrán que someterse a un tratamiento de deshabituación de tóxicos y a terapia psicológica.

Tratamiento terapéutico

Tres de los menores a los que se ha pedido el internamiento terapéutico tienen mayores problemas en ese sentido, y los otros dos menos pero también se someterán a un tratamiento de deshabituación. Precisó que incluso uno de ellos va a ingresar ya en un centro privado voluntariamente para someterse a ello, cuando el resto podrá hacerlo en régimen abierto a través de recursos públicos en esta materia.

El fiscal aclaró que lo han solicitado sus abogados y él no se opone, pero que todavía debe pronunciarse la jueza, quien será además la que establecerá las condiciones a las que quedará supeditada la suspensión si la concede finalmente. El equipo técnico de la Fiscalía, que integran un trabajador social, un educador y un psicólogo, han informado igualmente de forma favorable a la suspensión solicitada.

En este sentido, Benito Soriano manifestó que por encima de todo se ha buscado proteger a la víctima con el alejamiento y la prohibición de comunicarse con ella, y con una sentencia condenatoria en la que se reconoce que ella no mintió y que se atacó su libertad sexual, pero apuntó que  también hay cinco menores a los que “hay que ayudarles a que sigan adelante”.

El fiscal incidió en que el compromiso de reintegrarse socialmente una vez cometido un delito pasa por ayudarles a que puedan tener un futuro, para lo cual deben cambiar de actitud.

Soriano indicó que se les dijo que es una oportunidad que tienen y que va a depender de ellos aprovecharla o no, puesto que si no cumplen las obligaciones que se les ha impuesto, a la espera de que la jueza resuelva sobre la suspensión de la medida de internamiento, acabarán siendo internados por no querer aprovechar esa oportunidad.