Aliente pide que se retire el decreto que exime a empresas de renovables de cumplir normas ambientales

Aliente, la agrupación de plataformas aragonesas en defensa del territorio y el paisaje solicita al Gobierno que retire los artículos del Real Decreto-ley 6/2022 que exime el cumplimiento de normativas y legislaciones ambientales. Alertan de que esta nueva legislación “exime a grandes empresas de renovables del cumplimiento de convenios internacionales, Directivas Europeas y legislaciones existentes”. A la vez solicitan al Gobierno que apueste “por un nuevo modelo energético que priorice a las personas por delante de las grandes empresas y fondos de inversión”
8 de abril, 2022

El pasado 29 de marzo se publicaba en el BOE el Real Decreto-ley 6/2022 por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. En sus artículos 6 y 7 desarrolla medidas de agilización de los procedimientos relativos a proyectos de energías renovables, algo que eximirá a los promotores de proyectos eólicos de hasta 75 MW y de 150 MW en fotovoltaico, con menos de 15km de línea de evacuación, de cumplir con la ley 21/2013, de Evaluación Ambiental. Se trata de una ley promulgada por la transposición de varias directivas europeas que obligan a las empresas en los Estados miembros de la Unión Europea y, por tanto, en España.

Desde Aliente advierten que esto supone que las empresas “no estarán obligadas a pasar el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental, permitiéndoles presentar una simple solicitud de determinación de afección ambiental, menos exigente y mucho más permisiva de cara a las afecciones ambientales y a la salud humana”.

Para estas plataformas, las medidas propuestas en este Real Decreto suponen “un incumplimiento muy grave de la normativa existente sobre la protección del medio ambiente y la biodiversidad, incluidas directivas europeas que España tiene la obligación de cumplir como la Directiva Hábitat y la Directiva Aves”.

Las plataformas recuerdan en un comunicado que la justicia europea y la jurisprudencia española ya ha avalado en numerosas ocasiones que, aunque este tipo de instalaciones industriales se ubiquen fuera del territorio incluido en la Red Natura 2000, provocan una afección a las especies que protegidas. “Se considera que también afecta a la propia Red Natura 2000, esta circunstancia se ha detectado a través del procedimiento que ahora el Gobierno de España quiere eliminar, la Evaluación Ambiental, creándose así una vulneración del derecho europeo”, asienten.

Las plataformas aragonesas contrarias a este modelo de implantación de renovables centralizado con macroproyectos consideran que, con lo recogido en este Real Decreto-Ley, “se está intentando esquivar el derecho europeo para favorecer la burbuja que determinadas empresas y fondos de inversión internacionales están llevando a cabo con las energías renovables en España, y particularmente en Aragón, evitando a su vez la participación del territorio y de su ciudadanía”.

Según las plataformas, se suprime el derecho que todo ciudadano tiene a la participación mediante el procedimiento de información pública en aquellos proyectos que puedan afectar al medio ambiente, derecho recogido en el convenio de Aarthus y en la Directiva europea 2003/35.

“Con este Real Decreto nadie podrá denunciar en la vía administrativa a estas empresas especialistas en fraccionar proyectos con el objetivo de evitar trámites ambientales”, afirman. Y añaden que “va a provocar un aumento considerable de la judicialización de muchos de estos macroproyectos al impedir la participación de la población por la vía administrativa, con la consiguiente ralentización de la necesaria transición ecológica y justa y la grave crispación social que todo ello puede provocar”.

Vía libre para expropiar

El Real Decreto reduce los plazos de exposición pública, dejándolo en quince días, lo cual, dicen, “imposibilita la correcta información y análisis de estos proyectos por parte de las partes afectadas y de la ciudadanía”.

Esta simplificación de procedimientos no se aplica al resto de actividades que sí deben cumplir con la ley ambiental 21/2013, tal y como explican desde la agrupación desde donde aseguran que causa “discriminación” y atenta “contra otras legislaciones y normativas existentes, tanto europeas como nacionales y autonómicas”.

Las plataformas critican la medida con la que se permitirá a las empresas solicitar la declaración de utilidad pública lo que supone, según la agrupación, “vía libre para las expropiaciones a particulares”.