Los beneficiarios de 16 millones del plan Miner atrasado piden ampliar los plazos de ejecución

Las entidades locales receptoras de los fondos de infraestructuras del plan Miner 2013-2018 piden la ampliación del plazo de ejecución de los 24 proyectos en los que invertirán 16,1 millones de euros aportados al 75% por el Gobierno de España y al 25% por el de Aragón. El retraso en la licitación debido a la carestía de las materias primas como consecuencia de la inflación obliga a replantear unos proyectos que llevarían años realizados si no fuera por los continuos retrasos en la firma de los convenios.

“Los precios están desfasados y el plazo de ejecución antes de octubre de 2023 se antoja imposible”, dijo el alcalde de Ariño, Joaquín Noé, que tiene peso específico en la Asociación de Municipios en Transición Justa-ACOM que presiona, por el momento sin éxito, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) a flexibilizar los plazos y a suplementar unos fondos que la guerra de Ucrania y otros avatares hacen ahora insuficientes.

“Los costes están por encima del 25%”, dijo Noé, que señaló que la decisión que ha adoptado su ayuntamiento para ampliar las habitaciones y la estación termal del balneario pasa por “modificar y reducir obra con el arquitecto”, lo que también reducirá los 25 empleos que se generarían si se realizara en su conjunto.

Aún así, “yo voy a tirar para adelante, no voy a pararme y licitaré; haré todos los trámites legales y, si me queda un millón sin pagar de aquí a un tiempo alguien lo tendrá que asumir”, protestó el regidor. “Lo que no puede ser es que proyectos fundamentales para el desarrollo de las zonas mineras, cuestiones que van a funcionar sí o sí como el balneario de Ariño o la residencia de Mequinenza (Zaragoza), por cuestiones burocráticas se vean ahora en peligro cuando hace años que tendrían que estar acabados y en marcha”, dijo.

En todo caso, si el Miteco y el Gobierno de Aragón no amplían los plazos “apaga y vámonos”, subrayó Noé, que ve en el Fite para residencias y otros ámbitos de servicios sociales las mismas trabas administrativas.

Adelanto del 25% y no del 10%

En los últimos días, el Boletín Oficial de Aragón (BOA) está publicando una adenda al convenio específico de colaboración entre el Instituto para la Transición Justa y el Gobierno de Aragón para la ejecución de estos 24 proyectos -firmados el pasado verano con los municipios y comarcas beneficiarios- con el objetivo de ampliar del 10 al 25% el anticipo de financiación. Así, se favorecería el arranque de la ejecución, apuntaron fuentes del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Ejecutivo autonómico.

La mayoría de las entidades locales ha activado la maquinaria para la licitación de sus proyectos, dándose de bruces con la realidad inflacionista que obliga a reducir proyectos o a asumir costes con fondos municipales. La situación es especialmente sangrante después de los retrasos que acumula esta partida de infraestructuras aún sin ejecutar del Miner 2013-2018.

Las actuaciones financiadas están enfocadas a la restauración de zonas degradadas por la actividad minera, el abastecimiento de agua, la optimización energética, la mejora de infraestructuras municipales, la modernización de polígonos industriales y la creación de nuevos centros de servicios sociales.

Entre los proyectos figuran algunos muy demandados como la ampliación del hotel balneario de Ariño, que requería una inversión de 3,8 millones de euros y que suponía la creación de 27 puestos de trabajo adicionales a los 55 que ya genera.

Beneficiarios

También estaba previsto que se beneficiaran el nuevo centro de trabajo y economía social de Atadi en Alcorisa (3 empleos), la ampliación del polígono de la Comarca Cuencas Mineras para la implantación de Politer Reciclaje SL (35 empleos), la creación de un centro de día en Montalbán y un campin complementario al proyecto de Estercuel para hacer una galería de tiro y un parque multiaventura. Este último proyecto se ha caído, según confirmó el alcalde, Joaquín Lahoz.

Se preveía financiar el abastecimiento a la zona central de las Cuencas Mineras desde el embalse de Las Parras, se actuaría en los polígonos de Albalate del Arzobispo para facilitar el asentamiento de industrias transformadoras de alabastro, se agilizaría la adecuación del centro de interpretación íbero de Andorra y se ampliaría la residencia de Albalate, ya en licitación.

La mayor parte de los proyectos subvencionados se ubican en  Teruel, salvo la residencia de Mequinenza que absorbe casi un tercio del presupuesto y lleva aparejados unos 40 empleos. Este ayuntamiento se ha decantado por incrementar los 5,5 millones del presupuesto del proyecto inicial para no renunciar a lo que tenía contemplado.

También figura la mejora tecnológica y accesibilidad en el polígono Los Llanos de Utrillas, la implantación de infraestructuras para promoción de explotaciones ganaderas en Cañizar del Olivar y la mejora de la eficiencia energética en edificios municipales de Montalbán, así como una caldera de biomasa para la piscina climatizada de Utrillas. Se contemplan mejoras en aparcamientos y equipamientos públicos del polígono La Fuensalada de Calanda, así como la urbanización del Eje 6 del mismo espacio.

Igualmente, se prevé la construcción de un depósito de agua en Foz Calanda, la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público del polígono industrial Cuencas Mineras, la sustitución de luminarias para ahorro energético en Alloza, la renovación de alumbrado del casco urbano de Andorra, o un colector general exterior para la Unidad UE-20 en Andorra.

Casi una década de retrasos

Cabe recordar que fue el 12 de marzo de 2018 cuando el exministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, firmó con el presidente de Aragón, Javier Lambán, el marco general de los convenios de infraestructuras de un plan Miner que expiraba ese mismo año.

La revisión de los protocolos tras el varapalo que supuso el informe del Tribunal de Cuentas que en 2020 puso en tela de juicio el reparto de 1.786 millones de euros del Miner entre 2006 y 2017 ha sido una de las razones más aducidas por el Miteco y la DGA para justificar el retraso en la formalización de los convenios. Anteriormente, gobiernos de diferente signo argumentaron la falta de Presupuestos Generales del Estado o que el Gobierno central estaba en funciones.