Julio López Laborda, catedrático de Economía Pública: La financiación singular de Cataluña “desgajará” un 20% los recursos de las comunidades

El acuerdo para la financiación singular de Cataluña entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana supondrá, si lo acaba aceptando el Tribunal Constitucional, que un 20% de los recursos económicos del país sean gestionados por una tercera comunidad autónoma de régimen foral que se uniría a Navarra y País Vasco. El pacto, que ha hecho suyo el Parlamento de Cataluña y ya lo ha mandatado al Gobierno central para que le dé forma, complica sobremanera la reforma de la financiación autonómica, que lleva atascada desde 2009 por la lucha ideológica pero también por las diferencias de criterio entre regiones para hacer frente a sus necesidades de gasto.

En concreto, a Aragón le interesa que, a la hora de repartir, el Estado tenga en cuenta más bien criterios de distribución de población que el número de pobladores en sí. Y en la medida en que Cataluña, principal aportador de recursos al resto de España junto a Madrid y Baleares, se desmarque de la solidaridad territorial, los territorios más pobres, como Extremadura, se verán más perjudicados. No obstante, el acuerdo principal para la gobernabilidad de Cataluña “es muy poco concreto”, según puso de manifiesto este jueves en el Palacio Ardid de Alcañiz el catedrático de Economía Pública e investigador de la Universidad de Zaragoza, Julio López Laborda.

El erudito dio una conferencia acerca de las dificultades, agravadas hoy, para reformar la financiación autonómica en el marco del ciclo Reflexiones sobre Teruel: presente y futuro promovido por el Instituto de Estudios Turolenses de la Diputación de Teruel.

Lucha de intereses

“La financiación autonómica garantiza que una comunidad tenga los recursos que necesita para prestar los servicios”, por lo que “es importante conocer y negociar bien los criterios de reparto” para que se tenga en cuenta el “mayor coste de prestación de servicios en el ámbito rural” y con dispersión geográfica, como le interesa a Aragón, señaló López Laborda. Esto choca con los intereses de otras comunidades autónomas con más población (Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña), y también contra los argumentos que aportan otras en materia de orografía, coste de la vida, insularidad o condiciones climáticas.

“Cada vez que se abre el melón empieza la discursión”, evidenció el economista, que estuvo acompañado en la presentación de la ponencia por el profesor de Economía de la Universidad de Zaragoza Luis Antonio Sáez, y el vicedirector del IET, Santiago Martínez.

Las necesidades de gasto de las comunidades autónomas son cubiertas o no por su capacidad a la hora de recaudar. Si por renta no cubren costes, requieren de “transferencias de nivelación” que proceden de las regiones más ricas. Aragón está en el 75% de autonomía, dijo el economista, que lleva cuatro décadas dedicado a la financiación autonómica.

Ésta se negociaba cada cinco años hasta 2009. Desde entonces no se reforma el modelo por múltiples razones. Una son las crisis que ha habido desde entonces, como la económica, el covid, la inflación derivada de la guerra de Ucrania o el intento de independencia de Cataluña. Para resolverlas, el Estado “ha transferido muchísimos ingresos a las comunidades autónomas”, por lo que “no han tenido tanta urgencia”.

Además, “hay algunas que están relativamente bien financiadas y no les interesa que se toque nada”. Por otra parte, “se ha perdido el papel de liderazgo de Cataluña, a la que ya no le interesa “un régimen de financiación común” sino entrar en el selecto club foral con el País Vasco y Navarra, algo que para el experto sería “anticonstitucional” porque el cupo está cerrado.

Añadido, algunas regiones ya no se conforman con mejorar su financiación, sino que miden su avance con respecto a otras: “Quieren saber cuánto han ganado las demás para poder compararse y eso dificulta”.

Además, la cláusula del Statu Quo “hace imposible la reforma salvo que el Estado siga financiando”. También discuten sobre qué tributos deberían gestionar y qué competencias tener, y sobre los modelos de igualación, que deberían ser totales pero en la práctica son parciales, sobre todo en el caso de las comunidades ricas. Por tanto, las regiones pobres, “haciendo el mismo esfuerzo fiscal, no van a estar en condiciones de asegurarse el mismo nivel de servicios”, pronosticó.

A mayores, el alineamiento ideológico tanto entre las pobres como entre las ricas difiere, por lo que no son capaces de coligarse y ello dinamita acuerdos.

Vienen “más agravios”

Toda esta situación, concluyó López Laborda, se ha visto todavía más complicada por el proyecto de financiación singular de Cataluña, comunidad que “se va a quedar con el rendimiento de los tributos” y estos se van a ampliar a cambio de una contribución al Estado, como hacen País Vasco y Navarra aunque, según el experto, en menor medida de lo que deberían.

En definitiva, en las forales “hay un exceso de financiación” y con la entrada de Cataluña, que es más grande, se crearán “más agravios y aumentará la inestabilidad del sistema común”.

El experto concluyó enumerando algunas conclusiones que cree que el Estado podría aplicar a cambio del nuevo modelo de financiación catalán para compensar al resto: la condonación de deuda, retocar los indicadores de cálculo de las necesidades de gasto –Aragón saldría bien parada, según el experto, porque tendría menos peso la población absoluta–, la armonización de tributos para evitar fugas de población y capital, o la administración tributaria de todas.

Cuestiona las ayudas al funcionamiento

López Laborda considera fundamental que la financiación autonómica sea lo suficientemente solidaria para que “al menos la prestación de servicios públicos esté en igualdad de condiciones” y facilite la “mejora de las infraestructuras” en lugares como Teruel.

Unas buenas carreteras o un servicio de ferrocarril adecuado “acaba teniendo un impacto directo sobre la actividad económica”, en su opinión mucho más que otras medidas como la fiscalidad diferenciada.

Y advirtió: “La investigación no ha encontrado una evidencia clara” de que las ayudas al funcionamiento de empresas “favorezcan el mantenimiento o la atracción de la población”, por lo que elevarlas “podría suponer un despilfarro de recursos”.