La Comarca del Jiloca exigirá a la concesionaria de la recogida de basura que actualice su flota ya

El pleno comarcal del Jiloca aprobó la semana pasada reclamar a la empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos, FCC, la puesta en servicio de una flota de camiones nuevos o con un tiempo de servicio reducido, después de que hubiera transcurrido los seis meses que la institución había dado de gracia sobre el año estipulado en el contrato. La Comarca se va a dirigir a la compañía para pedirle explicaciones sobre los motivos del retraso y, en caso de que no se ponga encima de la mesa una solución inminente, reclamarle compensaciones económicas.

La entidad comarcal entiende que es necesario iniciar un expediente de penalidades por cumplimiento defectuoso del contrato de recogida de residuos domésticos y comerciales al entender que la empresa responsable del servicio no está cumpliendo con las funciones acordadas. Por un lado, no ha incorporado la flota de camiones nuevos establecidos, tampoco ha instalado los sistemas de geolocalización y pesada, así como tampoco ha presentado los informes correspondientes a su actividad que debía entregar periódicamente.

El presidente de la Comarca del Jiloca, Javier Hernández, explicó a DIARIO DE TERUEL que hay dos líneas sobre las que existe descontento en la entidad supramunicipal.

Una se centra en el incumplimiento de la mejora y actualización de la flota de camiones del servicio de recogida de residuos que, según se detalla en el pliego de contratación, “todos los vehículos aportados por el adjudicatario serán de nueva adquisición, con la capacidad y dimensiones óptimas para la realización de los servicios a los que serán afectados, y de uso exclusivo para el servicio licitado”, dejando abierta la excepción de que “quedan excluidos de las condiciones de nueva adquisición y de uso exclusivo los equipos lavacontenedores, el equipo de hidrolavado para limpieza exterior de contenedores y el equipo para recogida de papel cartón. En estos casos, los vehículos no superarán en ningún momento de la duración del contrato una antigüedad de 6 años”. El mismo pliego establece un plazo de “doce meses desde la firma del contrato para la incorporación de las inversiones comprometidas”, estableciéndose que hasta la incorporación de los nuevos vehículos, “será obligación del adjudicatario la incorporación de vehículos seminuevos de menos de 6 años para la prestación del servicio”. Sin embargo, el presidente comarcal recordó que, ante las dificultades que presentaba el mercado de vehículos en el momento de la firma del contrato se acordó ampliar ese plazo un seis meses de gracia extraordinario. Ese plazo expiró el pasado 1 de marzo y ahora la Comarca iniciará el procedimiento para reclamar el cumplimiento del contrato, que establece que “el incumplimiento del plazo de incorporación de los equipos nuevos llevará aparejada la imposición de las penalidades detalladas en el Pliego de Cláusulas Administrativas”.

Hernández explicó este martes que “hay diferentes motivos que puedes ser motivo de falta. La implantación de los camiones nuevos que debían haber puesto en funcionamiento y no lo están. Los camiones que están deberían tener menos de seis años y consideramos que no es así. El sistema de pesada de los contenedores de cada residuo que genera cada municipio tampoco está instalado puesto que no están los camiones nuevos. Y el sistema de localización por GPS con el que controlar que los camiones estén realizando la recogida, tampoco lo tenemos”. A continuación, el presidente recordó que “todo eso estaba recogido en el pliego de condiciones”.

Exigencias de los trabajadores

El mal estado de la flota de camiones fue una de las protestas que los trabajadores del servicio de recogida de basuras de la Comarca del Jiloca, subrogados a FCC desde la anterior concesionaria, Aragonesa de Servicios, elevaron con más fuerza. El presidente Hernández recordó cómo él puso encima de la mesa la llegada de nuevos vehículos, de acuerdo a las condiciones establecidas en el pliego asegurándoles que “iban a tener camiones de última generación, con buenos sistemas de frenado, con lo último del mercado. Porque no es lo mismo hacer un servicio con un camión de 20 años que con un camión comprado este año”.

“Ahora, como ya ha pasado el tiempo y no están (los camiones), la Comarca sí puede pedir explicaciones a la empresa”, explicó el presidente Hernández, que recordó que recientemente ha mantenido una reunión con los responsables de FCC en la zona para reclamar el cumplimiento de las condiciones del contrato. Ahora, los técnicos de la Comarca remitirán por escrito a la compañía concesionaria del servicio los requerimientos de la parte contratante para que pongan solución o, por lo menos, explique el motivo del retraso y comprometa una fecha de entrada de los nuevos equipos en busca de una solución de común acuerdo con la Comarca.

Además, la Comarca tampoco está conforme con la merma en el servicio que se vivió dos semanas después de asumir FCC la gestión del servicio, cuando los trabajadores subrogados de la anterior concesionaria comenzaron una huelga indefinida que se prolongó durante todo el verano.

FCC se puso al frente del servicio de Recogida de Residuos el 1 de agoso de 2023 por un periodo de ocho años prorrogables. EL importe de licitación fue, según consta en el pliego, de más de seis millones de euros.

El PSOE pide la dimisión del vicepresidente

El PSOE de la Comarca del Jiloca pidió en el último pleno comarcal la dimisión del vicepresidente de la institución comarcal y consejero de Servicios Sociales Rubén Navarro (PP) por la que consideran “preocupante evolución” del servicio de ayuda a domicilio complementario. El portavoz del Grupo Socialista Ricardo Bruna evidenció que la subida del precio del servicio ha supuesto un acusado descenso de usuarios que, aseguran, ponen en peligro los empleos del personal, informa el PSOE en una nota

Bruna utilizó el turno de ruegos y preguntas para recordar que el Consejo Comarcal modifico el año pasado la ordenanza fiscal que regulaba la tasa del servicio de ayuda a domicilio y que afectó, fundamentalmente, al servicio de ayuda a domicilio complementario al considerar “necesaria” una revisión “para poder garantizar la continuidad de las prestaciones”. El informe técnico concluyó que ese servicio complementario era el mismo que el esencial y elevó su coste a 21 euros la hora.

Desde entonces, afirmó el portavoz socialista en su intervención, se han pasado de prestar 1.443 horas en enero de 2024 a 925 en diciembre, con un descenso de 123 usuarios a 95 en ese mismo periodo. Este se ha traducido en una merma en la recaudación, que ha pasado de los 167.822 euros en 2023 a 155.153 en 2024.