Atadi desarrollará en Teruel y Andorra el piloto ‘Mi casa, una vida en comunidad’

El Ayuntamiento de Andorra ha cedido a la Asociación Turolense de Ayuda a la Discapacidad Intelectual (Atadi) una parte de la planta baja del edificio de las Monjas, donde la entidad ya tiene viviendas tuteladas para personas con autonomía, al objeto de ubicar otro piso social para desarrollar el programa europeo Mi casa, una vida en comunidad, destinado a la parte del colectivo con una afección más severa. Este proyecto piloto también se desarrollará en Teruel capital.

Así fue aprobado el pasado miércoles en el pleno municipal por unanimidad, después de que Atadi haya sido seleccionada para desarrollar un programa europeo de “desinstitucionalización de personas con discapacidad intelectual respaldado por el Gobierno de Aragón”, informó el consistorio andorrano en una nota de prensa.

Este proyecto supondrá la creación de siete nuevos empleos que se sumarán a los 12 que actualmente asisten a 14 usuarios en las viviendas de Atadi.

La concejala de Acción Social, Mercedes Baselga, apuntó que se trata de “una colaboración muy importante porque la atención e inclusión de las personas con diferentes capacidades es una responsabilidad social que requiere el trabajo conjunto de las administraciones”.

Plena Inclusión

El proyecto Mi casa, una vida en comunidad lo coordina en la comunidad autónoma la confederación Plena Inclusión Aragón. Junto al Gobierno aragonés, promueve una experiencia piloto para favorecer la transición desde residencias a viviendas en vecindarios de pueblos y ciudades, con apoyos individualizados y relaciones estables para lograr una verdadera inclusión.

El plan forma parte de la estrategia #GanamosEnComunidad, acordada recientemente en el Congreso de Plena inclusión celebrado en Valencia, y cuenta con el apoyo de los fondos europeos Next Generation, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aplicado por el Gobierno de España.

En los próximos dos años, pondrá en marcha 66 viviendas en España, en las que 284 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo tendrán la oportunidad de vivir en 33 pueblos y barrios de siete comunidades.

De los 25 millones de euros con los que cuenta el proyecto, 2,5 serán gestionados por Plena inclusión Aragón, que coordina a las cuatro entidades participantes en la comunidad: Atadi, Valentia, Fundación Cedes y Kairós.

Si la experiencia piloto resulta positiva, la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales mantendrá las viviendas a partir del año 2024, sufragando las plazas que corresponden a las 26 personas que, en octubre, se mudarán desde sus residencias a viviendas ordinarias.

Además, 30 usuarios de centros de día desarrollarán sus planes en comunidad.

También en la capital

El director gerente de Atadi, Ramón Royo, explicó que en la provincia de Teruel se habilitarán dos pisos, uno en la capital y otro en Andorra, para un total de ocho usuarios (cuatro y cuatro).

El programa busca “la desinstitucionalización de personas con discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo”, explicó Royo. “Hasta ahora atendíamos en pisos a gente más autónoma y, a través de este proyecto piloto, se busca que personas con discapacidad intelectual de grado 3 o minusvalía por encima del 75% puedan vivir en una comunidad”.
Tras el acondicionamiento de ambos pisos y la selección de los usuarios que participarán en el plan, Royo calculó que “a finales de octubre o primeros de noviembre” podrá ser una realidad.
 

Contratos importantes

Por otra parte, el pleno de Andorra dio el visto bueno, también por unanimidad, a la adjudicación del contrato del servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales, que se lleva la empresa Limcamar SL por 578.133,16 euros anuales, IVA incluido, para los próximos cuatro años más un año de prórroga. La licitación salía por 737.113,08 anuales, IVA incluido.

Entre los edificios objeto del contrato se encuentran la casa consistorial, los colegios y guarderías, la residencia de la tercera edad, las antiguas oficinas de Endesa, el albergue municipal, los almacenes del polígono La Umbría, la ermita de San Macario, los polideportivos, las piscinas climatizada y de verano, la casa de cultura, la escuela de música, la oficina de turismo, el museo de Semana Santa, el edificio Ítaca, el Pozo de San Juan, el aula de restauración y el tanatorio.

De esta forma, el consistorio pone fin a una situación anómala, pues en los últimos años se han complementado con multitud de contratos las necesidades derivadas de nuevos servicios, en lugar de sacar un pliego único.

El alcalde, Antonio Amador, agradeció el apoyo a todos los grupos y se mostró satisfecho de haber podido subrogar a los 27 trabajadores hasta la fecha distribuidos por distintas empresas. La situación presentaba deficiencias desde los años 90, reconoció.

Anulan la licitación del agua

También en materia de contrataciones, la corporación anuló, de nuevo por unanimidad, la licitación de la gestión del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento que se inició en abril con un precio de 9,2 millones de euros para diez años.

Una empresa pidió una ampliación de plazo tras solicitar varias aclaraciones que el consistorio no fue capaz de publicar en tiempo y forma, “ya que la información solicitada debía ser revisada por el servicio técnico responsable, en este caso la auditora Aymed SL, encargada de la redacción del pliego”, explicó el Ayuntamiento en una nota de prensa. La inflación está detrás de algunos aspectos a modificar.

Además, el pleno aprobó, con la abstención de PP y Elijo Andorra, y el voto en contra de IU, la creación de tres puestos de trabajo -técnico de contratación, responsable de prensa y coordinador de turismo- y el aumento del complemento de destino de los puestos de secretaría, intervención, archivero, tesorería, guarda rural, oficial y agente de Policía Local.