Una encuesta subraya la dificultad de las víctimas de violencia de género para acceder a recursos

La Diputación de Teruel buscará soluciones a las carencias que se detecten en la lucha contra la violencia de género, tras realizar un estudio que incluye una encuesta a diferentes sectores de la población que viven en la provincia. Algunos de los datos de la encuesta que se ha realizado para este estudio se dieron a conocer este miércoles, durante la jornada de análisis con motivo de los 20 años de la Ley de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

La investigadora y agente de Igualdad Maribel Abril, de la consultora INVESocial, abordó los retos y realidades de la aplicación de la ley en ámbitos rurales de la provincia y avanzó las primeras conclusiones de la encuesta realizada por encargo de la Diputación Provincial.

INVESocial es una consultora que trabaja sobre todo temas de igualdad y prevención de violencia de género. Su ámbito laboral se sitúa sobre todo en la Comunidad Valenciana y en Teruel. Abril indicó que con este estudio se da un paso importante porque todos los proyectos que se lanzan normalmente son para zonas urbanas y dejan en un segundo lugar la zona rural. Por ello, apuntó que cuando se va a comparar datos, por ejemplo, con fuentes secundarias, están mucho más documentadas las zonas urbanas que las zonas rurales “y eso dificulta el estudio de manera considerable”.

Por eso este estudio se ha centrado en varios pilares fundamentales para llenar esos vacíos detectados en las fuentes secundarias. Uno de ellos sería el lanzamiento de una encuesta dirigida a toda la población. “Esa encuesta se apoya en tres patas, sobre las que queríamos recopilar información”, apuntó Abril. Por un lado, la parte política, porque es quien puede facilitar los recursos; por otro lado, el personal técnico que trabaja con víctimas de violencia de género, porque son quienes conocen de primera mano el problema, y luego el resto de la ciudadanía.

En la encuesta se han hecho preguntas muy directas y centradas al ámbito laboral de cada grupo. Luego todos los grupos confluyen en una serie de preguntas dirigidas al conocimiento de la ley y a hablar de las víctimas. Según los primeros datos analizados, hay víctimas que han contestado la encuesta y también un alto porcentaje de personas que conocen directamente a víctimas. Estos perfiles “son quienes realmente nos pueden decir qué es lo que está funcionando mal o qué es lo que está funcionando bien”, manifestó. La encuesta se acaba de cerrar. En la jornada de este miércoles se desvelaron algunas de las conclusiones. A los datos secundarios y las encuestas se sumarán también entrevistas, tanto grupales como personales, para sacar una serie de conclusiones. “Nuestro objetivo era ver qué es lo que no está funcionando para poder dar solución. Si no visibilizamos el problema, difícilmente se le podrá dar solución”, apuntó esta agente de Igualdad.

Según los datos secundarios desde 2003 -cuando comenzaron a contabilizarse los datos- los casos registrados de violencia de género en la provincia de Teruel hasta septiembre de 2024 han sido 1.757 casos. Actualmente hay 203 casos activos y 1.554 inactivos, es decir, o que ya se han cerrado, o que se han paralizado por el motivo que sea, y han afectado a un total de 1.555 víctimas. Respecto a los casos activos, “si nos fijamos en el grupo de edad, observamos que 56 casos se corresponden con el grupo de edad entre 18 y 30 años, 93 con el de 31 o 51, 48 casos pertenecen al grupo de edad de 52 a 64 años y seis casos se han registrado entre personas con 65 o más años”. Respecto al riesgo de los casos activos, hay 36 casos en riesgo bajo, 60 en riesgo medio y 2 en riesgo alto, estos últimos se han dado con personas en el grupo de edad más bajo, es decir, entre aquellas que tienen entre 18 y 30 años.

Ante la pregunta de si conocen la ley integral un 45% de las personas encuestadas responden que no y sólo un 4,9% dice tener un conocimiento alto de esta ley “con lo cual estamos ante un desconocimiento amplio”, dijo Abril. Por ejemplo, ante la pregunta de qué entendía por violencia de género el 74,8% contesta la respuesta correcta “pero nos encontramos que hay un 26% que todavía no sabe pese a que llevamos años haciendo campañas de concienciación”.

Ante la pregunta de quién puede ser víctima de violencia de género, solo un 56% contesta la respuesta correcta.

Sobre si creen que vivir en un entorno rural dificulta el acceso a los recursos para las víctimas “volvemos a encontrar un alto consenso”, porque un 76,4% dice que sí, o sea que ya las mismas personas que han contestado la encuesta lo reconocen.

De las personas encuestadas el 54,6% dice no haber sido víctima de violencia de género ni conocer ningún caso. Sin embargo, el 31,9% dice conocer a una persona cercana que ha sido víctima, mientras que el 9,2% afirman ser o haber sido víctima de violencia de género. Un dato significativo, porque son encuestas anónimas.

La Diputación de Teruel encargó por primera vez hace unos meses este estudio específico sobre la violencia de género en la provincia de Teruel. Además, desde el Servicio de Igualdad de la Diputación se han realizado varias actividades como organizar un grupo de debate. “La idea es presentar las virtudes, los beneficios y las dificultades que se dan en el ámbito rural y sobre todo proponer cómo solucionar las carencias que se han detectado”, explicó la diputada delegada de Igualdad, Beatriz Redón. Sobre las jornadas organizadas esta semana recordó que hace 20 años que se está aplicando una norma “que en su momento fue revolucionaria y que abrió muchas oportunidades a nuevos recursos y a nuevos servicios”. Pero, frente a los que consideran que la norma es “muy joven” y todavía no se pueden ver determinados resultados, “nosotros consideramos que ya es un tiempo para que se hayan implantado determinados servicios y recursos en el territorio y para ver qué efecto ha tenido e intentar detectar qué carencias tiene para tratar de proponer soluciones a los recursos que hacen falta”, comentó, teniendo en cuenta la especificidad de esta provincia, sobre todo a nivel de distancias, y las dificultades para acceder a los recursos.

La Diputación de Teruel, a través del Servicio de Igualdad, ha organizado estas jornadas con motivo de los 20 años que el próximo 28 de diciembre se van a cumplir de la Ley Orgánica 1/2004.

Carencias

La investigadora Ana Bárcenas, formadora especializada en transversalización de género y derechos humanos, habló en la jornada de análisis sobre los avances y retos de la ley de Protección Integral contra la Violencia de Género para analizar la repercusión, los contenidos que tiene, los avances, las limitaciones y las aplicaciones concretas en los medios rurales, estableciendo las diferencias entre los derechos que tienen las mujeres, las iniciativas judiciales, la protección, la sensibilización y la prevención. En el medio rural apuntó que la ley ha supuesto que a nivel de derechos de las mujeres, haya un paraguas de recursos que cubre el campo de la atención y de la recuperación, pero con determinadas carencias en la aplicación. En el caso de Teruel, comentó que hay muchas dificultades con el tema del transporte y el acercamiento de determinados recursos, como los de acogida o de emergencia por el desplazamiento. La revictimización por la falta de anonimato y los problemas de coordinación entre los propios recursos, son las principales carencias. Bárcenas ha realizado estudios contextualizados en medios rurales de diferentes comunidades.