Una comisión investigará en las Cortes de Aragón si ha habido irregularidades en las renovables

El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado este jueves la creación de una comisión parlamentaria de investigación para dirimir si ha habido irregularidades en el despliegue de las energías renovables en la comunidad a iniciativa de PP y Vox, con el apoyo del resto de grupos y la abstención del PSOE.

De esta forma, las Cortes investigarán la implantación de parques de renovables en la Comunidad y la actuación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en la tramitación de los expedientes para despejar, como han manifestado los portavoces del PP, Fernando Ledesma, y de Vox, Juan Francisco Vidal, si ha habido irregularidades en la etapa del Gobierno de Javier Lambán, y depurar responsabilidades políticas, si las hubiera.

Ledesma ha incidido, en ese sentido, en que "podría ser que las ansias desarrollistas del sector pudieran haber contagiado al anterior Gobierno" que, "de forma apresurada, quizá sin los necesarios controles, pudiera llegar a autorizar numerosos parques que han acabado hoy en los tribunales", y que han generado "inseguridad jurídica, daños medioambientales y un grave perjuicio reputacional al sector de las energías renonables".

Para el portavoz popular, es necesario investigar si ha habido irregularidades desde la gestión del INAGA y aclarar si ha habido empresas especialmente beneficiarias y si hubo o no "presión" por parte del anterior Gobierno sobre algunos funcionarios.

Se trata, ha dicho, de cumplir el compromiso electoral del PP de crear una comisión de investigación y también de estudio para evaluar el desarrollo de la implantación de las renovables de forma compatible con la protección de determinadas zonas y sectores, como el turismo, en la que las partes implicadas aporten su visión.

Vidal ha hecho hincapié en que Vox quiere conocer por qué muchas de las instalaciones se "troceaban" en concesiones de menos de 50 megavatios y que "casualmente" uno de los principales adjudicatarios fuera un grupo empresarial, "una brutal red de más de 850 sociedades a la que Lambán concedió el negocio eólico y solar propiedad de unas pocas familias amigas, recibiendo altos márgenes de beneficios". "Esos sí que fueron caídos del cielo", ha aseverado.

La iniciativa ha salido adelante con la única abstención del PSOE, cuya portavoz, Leticia Soria, ha acusado al PP de querer "enfangar la política", porque si tuviera la mínima sospecha de irregularidades, ya habría acudido a la fiscalía. Los socialistas, ha dicho, no van a ser "cómplices de este círculo mediático" con el que los populares parece que quieren "acabar con un sector fundamental".

A su juicio, el objetivo es "dañar la imagen del anterior Ejecutivo", un daño que puede suponer "graves perjuicios económicos de cara a la implantación de nuevas empresas", poniendo "en tela de juicio la credibilidad del trabajo de los funcionarios".

En todo caso, ha subrayado que el PSOE no se opone a esta comisión y espera que no se "vete" su solicitud de comparecientes.

Sí han apoyado la creación de la comisión los otros tres partidos que formaban parte del cuatripartito del último Gobierno de Lambán, Podemos, CHA y PAR, aunque los portavoces de los dos primeros, Andoni Corrales y Joaquín Palacín, han reclamado una moratoria para planificar y ordenar el sector. "Se ha regalado la propiedad de nuestro sol y nuestro viento a la especulación privada", ha afirmado Corrales, mientras que a Palacín le preocupa que se utilice para no planificar en un ejemplo de "dejación de funciones" del Gobierno, al que ha instado a ir a los tribuales si tiene sospechas de irregularidades.

Mientras, el aragonesista Alberto Izquierdo ha subrayado que hay que despejar las dudas sobre los trámites y expedientes y si hay alguna irregularidad, "quien la haya cometido, tendrá que responder".

Por su parte, el portavoz de Aragón Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha recordado que su grupo ha presentado alegaciones, recursos y denuncias ante un modelo "gravemente equivocado" que se está realizando "sin límites" y que supone la mayor transformación de las comarcas con un gran impacto negativo en sus sectores económicos, provocando "la mayor agresión medioambiental de la historia".

A su juicio, el Gobierno no ha ejercicio sus competencias en ordenación del territorio, de forma que las empresas "presentan proyectos donde quieren" y el Inaga "autoriza sin limitaciones prácticamente todos".

Hasta el punto, ha dicho, que en un informe de la Unidad de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil que la fiscalía remitió a un juzgado de Huesca tras una denuncia de Aragón Teruel Existe por irregularidades se apunta que la fragmentación de proyectos "es evidente" y que "se podría haber cometido un delito de prevaricación por parte de los órganos implicados del Gobierno de Aragón".

Álvaro Sanz, de IU, también ha apoyado la necesidad de una moratoria y la comisión, pero ha expresado su temor a que PP y Vox la utilicen "para su habitual política de ruido" y sirva de "excusa" para no ordenar y planificar el sector ante la "irresponsabilidad" que supone que el propio presupuesto de 2024 multiplique los efectivos para agilizar el despliegue de renovables.