Un análisis académico aprecia una "falta de rigor" en la Estrategia del Reto Demográfico

Un análisis académico que acaba de ser publicado en la revista Ager del Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR), aprecia “falta de rigor” en la Estrategia del Reto Demográfico impulsada por el Gobierno central. El artículo científico, del que es autor el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, Luis Antonio Sáez, constata que las medidas planteadas en los documentos dados a conocer hasta ahora carecen de sentido estratégico y no están articuladas más allá de hacer unos enunciados a modo de declaración, y sin tener en cuenta aspectos vitales como son la vivienda, la población inmigrante y la movilidad rural en áreas funcionales supramunicipales.

Esta publicación científica es uno de los primeros artículos que analizan desde el rigor del mundo académico los contenidos de esta estrategia, un compromiso que el Gobierno central ha dado por cumplido al haber aprobado el año pasado el Plan de 130 medidas frente al Reto Demográfico, según se recoge en el último informe semestral Cumpliendo dado a conocer por la Moncloa a finales del año pasado.

El estudio se titula Análisis de la Estrategia Nacional frente a la Despoblación en el Reto Demográfico en España y se ha publicado en el último número de Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural. Su autor, Luis Antonio Sáez, es una autoridad en este campo académico con décadas de experiencia, fue uno de los creadores del CEDDAR y dirigió la Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad.

El artículo, al que se puede acceder en red de forma abierta, analiza la política demográfica que está impulsando el Gobierno central a partir de lo aprobado hasta ahora: las Diretrices Generales, el Borrador de la Estrategia Nacional 2030 Frente al Reto Demográfico, y el Plan de Recuperación: 130 medidas frente al Reto Demográfico.
 

El autor advierte que es imposible hacer un estudio de impacto porque la aplicación de la estrategia está en ciernes, pero sí iniciar una discusión sobre la relevancia de los contenidos de un documento que por primera vez pretende articular unas políticas estatales  para afrontar los desequilibrios territoriales y de cohesión, así como el desarrollo rural.

Sáez defiende que el conocimiento y el rigor debe ser fundamental a la hora de establecer cualquier política pública, algo de lo que adolece la estrategia estatal puesto que “no se basa en evidencias empíricas y analíticas, ni atiende la bibliografía relevante”, además de subyacer una perspectiva incrementalista de la población imposible, y “omitir la voluntad sobre dónde vivir como fundamento”.

Se muestra crítico al considerar que la estrategia afronta fenómenos complejos como los que aborda “con enfoques funcionales desde arriba sin contextualizar, con una redacción aluvional y omisiones graves”.

Como reconoce en el artículo científico, el fenómeno de la despoblación y el desarrollo rural ha irrumpido en la agenda política nacional recientemente, a partir de 2017, después de que en casi medio siglo de democracia apenas se hayan abordado las leyes en clave rural; algo que ahora tanto se demanda en un momento en el que el economista habla de “vértigo político” por cómo se está abordando y la continua presencia mediática que tiene este asunto.

Sáez sostiene que “analizar el papel de los gobiernos desde el mundo académico preguntándose por la idoneidad de sus intervenciones es un ejercicio relevante”, y en ese sentido apunta que a pesar de la extensión de los tres documentos objeto de análisis, “en ningún momento se explica qué se entiende por igualdad y por cohesión” en los mismos. Añade que “dada la superficialidad con que se describen” las medidas expuestas, su redacción tampoco contribuye a aclararlas, lo que “resta credibilidad al plan”.

Sostiene el economista que en los documentos del Gobierno “no se reflexiona sobre las escasas probabilidades de invertir unas tendencias tan robustas”, y que “tampoco se argumenta sobre las posibles ventajas de residir en un territorio en baja densidad que decrece, que las hay, al igual que problemas, ni se anticipan respuestas que puedan promover una dinamización económica, social y cultural en pequeñas comunidades más allá del número de residentes”.

Falta de claridad

Incide el autor en que los objetivos de la estrategia “no quedan claros dentro de un enfoque funcional y orgánico de los territorios”, al igual que tampoco se repara en las asociaciones e instituciones que “activan el capital social rural, ni tampoco las aspiraciones de tipo personal ajenas a la renta y el consumo”.

Es crítico en este sentido por cuanto no se reconocen las motivaciones diversas que puede tener la gente, y que frente a esa percepción, “parecería que los autores del plan tienen en mente a un homo economicus cuya felicidad solo culmina consumiendo más y más”. Apunta a este respecto que el más reciente documento del Gobierno sobre el Reto Demográfico carece de profundización a la hora de tener en cuenta el diagnóstico, el diseño y la gestión de lo que sería el estudio del bienestar en las áreas despobladas, y que más bien se trata de “hilos sueltos sin enhebrar”.

Concluye su análisis argumentando que “las medidas carecen de sentido estratégico, sin marcos de referencia analíticos o institucionales que las articulen con cierto sentido, enunciadas en modo declarativo” y omitiendo algunos de los retos “más relevantes” que existen en las zonas rurales como “la vivienda, la población inmigrante, y la movilidad rural en áreas funcionales supramunicipales”.

Reconoce, no obstante, que sí hay novedades muy importantes en la gobernanza para cooperar horizontal y verticalmente, incluso con los agentes sociales y la sociedad civil, pero en cambio “no valora el saber hacer en la gestión de programaciones que sí han dinamizado el rural periférico como el Leader, y se insiste en enfoques desde arriba sectoriales”. Además, el análisis advierte de que existe cierto adanismo al prescindir de metodologías participativas que mostraron su eficacia como en su momento ocurrió con la Ley de Desarrollo Rural Sostenible de 2007.