Pymes y autónomos tendrán más soporte para poder acceder a contratos públicos

La Comunidad Autónoma facilitará a las pymes y autónomos asentados en el territorio que puedan acceder a los contratos públicos que se liciten, como una medida más dentro de las políticas de lucha contra la despoblación que pretenden impulsarse con el proyecto de Ley de Dinamización del Medio Rural que acaba de ser aprobado por el Ejecutivo aragonés. El texto legal recoge este compromiso en el marco de las acciones que prevé para fomentar la economía en las zonas demográficas en riesgo, para lo cual contempla también el impulso de medidas para la generación de empleos de calidad en estos territorios, que los conviertan en atractivos para el asentamiento de sus habitantes y la llegada de nuevos pobladores.

Las medidas están recogidas de forma transversal en el articulado del proyecto de ley, si bien el texto que está pendiente de su tramitación en las Cortes de Aragón para su aprobación definitiva incluye un título específico para su desarrollo.

Una de las medidas novedosas recogidas es el apoyo que se dará a las pequeñas empresas y a los autónomos asentados en las zonas rurales con problemas de despoblación para que puedan acceder también a los contratos que licitan las administraciones públicas, puesto que son los profesionales más cercanos al territorio. Es una demanda histórica de las organizaciones empresariales, que llevan tiempo pidiendo que contratos que ofertan las instituciones puedan ser adjudicados a las empresas asentadas en estas zonas.

Al tratarse de procesos de concurrencia competitiva, la ley lo que plantea es el establecimiento de mecanismos para que esas pequeñas pymes y autónomos puedan concurrir igualmente a dichos procesos de licitación.

En este sentido, el artículo 12 del proyecto de ley señala que en el marco de las políticas de contratación de la Comunidad Autónoma de Aragón, “los poderes públicos promoverán la utilización de la contratación pública como instrumento para la lucha contra la despoblación y el desarrollo territorial equilibrado del medio rural”.

En el caso de la normativa sobre contratación de la Comunidad Autónoma, el texto legislativo señala que la Administración aragonesa “dará un mayor soporte a las pymes y autónomos de las áreas rurales, con el objeto de facilitar su participación en los procedimientos de contratación, y superar las barreras de entrada que puedan suponer para ellos la utilización de medios electrónicos”.

Otro apartado de la ley está enfocado a impulsar políticas públicas que incentiven la actividad económica, y en especial “la programación del desarrollo territorial integrado en el reglamento de los fondos estructurales y de inversión europeos en respuesta a necesidades concretas de los territorios”, que incidirá “de manera específica” en las zonas rurales con problemas demográficos.

Diversificación

Además, se pretende diversificar la economía en el medio rural mediante acciones transversales  enfocadas a “establecer actuaciones concretas de promoción de iniciativas económicas locales procedentes de colectivos específicos, bajo la base del enfoque territorial y los mecanismos participativos”, así como gestionar y ejecutar “programas de empleo específicos destinados a colectivos de determinados sectores de actividad, o cualificación o cualesquiera otros que promuevan la puesta en marcha de proyectos empresariales o planes concretos dirigidos a la lucha contra la despoblación, fijación de la población en las zonas rurales o desarrollo estratégico de zonas rurales dependientes”.

Asimismo, plantea promover un marco económico y social que permita en el medio rural acometer una transición hacia la “economía innovadora circular”, al igual que incentivar el aprovechamiento de los recursos naturales de una manera social y ambientalmente responsable. Se refiere en concreto a los productos forestales, “orientando su rentabilidad hacia la lucha contra el cambio climático, la transición energética, la conservación del patrimonio natural y el paisaje, y la sostenibilidad del capital natural”.

Incide por otra parte en el fomento de la economía social, “con el fin de crear y consolidar empleo inclusivo y dar respuesta a las necesidades específicas de la población en el medio rural”.

Una de las normas que operan de manera transversal en toda la ley es el apoyo especial a mujeres y jóvenes, así como a desempleados de larga duración y personas en riesgo de exclusión o con discapacidad, para lo cual el texto legal señala que en las zonas menos pobladas se articularán una serie de medidas específicas para mejorar la empleabilidad.

Entre ellas se establece el apoyo a la creación de empleo en las empresas, además de fomentar el autoempleo, las cooperativas y sociedades laborales, lo mismo que otras formas jurídicas que conforman la economía social. Se fija especialmente el texto en sectores relacionados con las nuevas tecnologías, la economía circular, sectores emergentes, el turismo o el medio ambiente.

Empleabilidad y formación

El proyecto de ley señala por otra parte que se desarrollarán políticas activas para que haya una mejora constante de la “empleabilidad de las personas en el medio rural y la reducción de la temporalidad a través de medidas que favorezcan un empleo estable y de calidad y la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo”. También articula la realización de programas de formación profesional y en materia de relaciones laborales, salud laboral, igualdad de género, integración y sostenibilidad.

En ese marco, como en otros aspectos de la ley, se promoverá la participación de las entidades locales y de otros colaboradores estratégicos. Además, a través de la red de oficionas de empleo del Instituto Aragonés de Empleo se asegurará la intermedicación, información y orientación profesional.

Igualmente se fomentarán los programas y medidas de fomento de la contratación indefinida, y se establecerán “medidas de acción y discriminación positiva dirigidas a estimular el empleo en el medio rural con especial atención a los municipios menos poblados; y se aplicarán programas para la “adquisición y mejora de competencias y habilidades sociales generando nuevas oportunidades en el medio rural”.

Acciones para enraizar a los inmigrantes en los pueblos

Los inmigrantes pueden ser en parte la salvación de crisis demográfica que sufren muchos pueblos, como así empezó a verse antes de la crisis de 2008, cuando la población empezó a crecer gracias a la llegada de trabajadores de otros países que traían consigo a sus familias. En esa línea, la Ley de Dinamización del Medio Rural señala que los poderes públicos aragoneses deberán promover acciones que favorezcan la integración laboral y social de las personas migrantes, “su enraizamiento en el medio rural aragonés y el logro de unas condiciones de vida óptimas tanto en situaciones de residencia permanente como en estancias temporales por motivos laborales”.

La norma dedica un capítulo a la inmigración y su inclusión social con seis medidas concretas, la primera fomentar la “sensibilización y atracción del mundo rural” a las personas inmigrantes, en particular aquellas que son atendidas dentro de programas de protección internacional o atención humanitaria. A la vez, se fomentarán los equipamientos básicos de servicios públicos y movilidad en las zonas rurales para facilitar el acceso a los migrantes a través de profesionales y la difusión de la información en distintos idiomas.

El proyecto de ley se compromete igualmente a impulsar la economía social y la empleabilidad de este colectivo, además de fomentar el “trabajo coordinado entre las administraciones públicas y los agentes implicados para disponer de recursos habitacionales en las épocas de campaña agrícola en la que se incrementa el empleo de la población inmigrante”.

También está previsto con el desarrollo de la ley “implementar proyectos de integración e inclusión social para impulsar acciones tendentes a mejorar la percepción social de las migraciones y las personas migrantes y avanzar en una mayor inclusión social” de las mismas en el territorio.