Comisión de investigación de las renovables celebrada este viernes en el Parlamento aragonés. Cortes de Aragón
Primeras comparecencias en la comisión de las Cortes que investiga las renovables sin luz ni taquígrafos
Malestar al celebrarse las sesiones a puerta cerrada sin transparencia de las intervenciones
Las comparecencias en la comisión de investigación sobre la implantación de las energías renovables en Aragón y sobre cómo ha actuado el Inaga en este proceso comenzaron ete viernes sin luz ni taquígrafos, ya que se hicieron a puerta cerrada y sin retransmitir por streaming en el canal de las Cortes de Aragón como es habitual. Solo se permitió a los medios de comunicación seguir los primeros cinco minutos de cada intervención, en los que básicamente los ponentes se limitaron a presentarse, y directamente en la sala de prensa del Parlamento, con lo cual no se facilitó el acceso a los del resto de la Comunidad Autónoma.
La celebración de la sesión a puerta cerrada,en una jornada maratoniana que arrancó a primera hora de la mañana y terminó a última de la noche, provocó un gran malestar por la falta de transparencia que suponía no poder seguir las intervenciones de los representantes de diez empresas del sector, que han sido los primeros en comparecer, entre ellos Forestalia, una de las que ha adquirido mayor peso en la región en los últimos años.
En el acta de constitución de la comisión del pasado 17 de enero, según reveló la agencia de noticias Efe, el portavoz del PSOE en la comisión, Carlos Pérez Anadón, afirmó que había que dar un trato “exquisito y discreto” a los comparecientes, una opinión compartida por el portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, con el fin de evitar convertirla en un “foco de atracción mediática”.
La misma agencia señaló que el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, pidió que fuesen públicas porque debe ser un acto “transparente”, algo sobre lo que también se pronunciaron los representantes de Podemos e IU, mientras que CHA solicitó conocer los antecedentes sobre el régimen de publicidad.
PP y Vox, impulsores de la comisión, han decidido en este caso que las preguntas sean a puerta cerrada, según Efe, si bien el viernes el propio presidente de la misma, el popular Fernando Ledesma, reconoció que permitir a la prensa seguir solo los primeros cinco minutos impedía a los medios de comunicación realizar su trabajo, por lo que valorarán qué se hace en las próximas sesiones sin aclarar si serán públicas al completo.
En cualquier caso, las de este viernes eran especialmente importantes porque quienes comparecían eran los representantes de diez empresa del sector en Aragón. Ledesma manifestó que en ningún caso habían buscado con esto un “oscurantismo”, según Efe.
En las intervenciones iniciales a las que tuvo acceso la prensa prácticamente todos se limitaron a presentarse y explicar qué cargo tenían en la empresa y desde cuándo operaba en la misma, sin entrar en consideraciones previas sobre los motivos de investigación de la comisión, con la excepción de algunos como Luis Ángel Serrano, consejero delegado de la Compañía Energética Aragonesa de Renovables (CEAR), quien aseguró que ellos habían actuado con “absoluto respeto al territorio” haciendo las cosas donde había que hacerlas y donde “sean bienvenidas”.
Se mostró crítico con la forma de actuar de otras empresas, sin mencionarlas de manera explícita, y argumentó que en el sector “hay distintas sensibilidades” y “distintas formas de actuar y de enfrentarse a los proyectos”. Pidió que no se metiera en el mismo saco a todo el sector, compartió la opinión de que “no todo vale” y apeló a que la comisión sea constructiva aunque admitió que tal vez la misma había llegado “un poquito tarde”.
Serrano consideró, no obstante, que se está todavía “a tiempo de corregir” y de situar a Aragón en el lugar que le corresponde a partir de los “consensos” para evitar los “problemas” que han ido surgiendo en el territorio. Echó en falta que no hubiese habido un autocontrol con un decálogo que aseguró que ellos propusieron, por lo que agradeció la oportunidad de hablar en las Cortes.
El representante de la empresa CEAR argumentó que se requiere de una “ordenación” que establezca qué se puede hacer y qué no escuchando a todas las partes implicadas en el territorio. Aseguró que en sus proyectos se había hecho así y era prueba de que se pueden hacer las cosas de otra manera. Consideró por ello que “si no partimos de una buena base de consenso territorial” difícilmente será sostenible este proceso de las renovales a largo plazo.
En la comisión comparecieron también Alberto Martín Garcés, en nombre del Grupo Jorge; Isabel del Campo Palacios, por la empresa Atalaya; Ramón White Martín, de Enel; Javier del Pico Aznar, de Samca; Andrea Ocho, de EFELEC; Ángel Collado, de OPDE; e Ignacio Navarro, de Enerland.
También lo hizo Iván Lombardo Roselló, de EDP, quien opinó que la cantidad de hitos administrativos con los plazos había generado mucha presión en todos los agentes, “incluso provocando casi el colapso de algunos organismos públicos”; y Luis Marruedo, director de Terrenos y Planificación de Desarrollo del grupo Forestalia, exalto cargo de la DGA y miembro del PAR.
La comparecencia de Marruedo era una de las que más expectación había provocado, aunque eludió responder en la Comisión a algunas preguntas que los grupos parlamentarios le habían lanzado, como si era cierto que un exasesor de la DGA en Teruel acompañaba a Forestalia por los pueblos para que firmasen.
Tanto Marruedo, que argumentó que el éxito del grupo se debía al buen hacer del mismo y el haber sabido moverse en el sector en el momento oportuno, como otros de los ponentes negaron que hubieran tenido trato de favor.
A Marruedo le preguntaron también por cuántos cargos públicos, políticos o técnicos de libre designación que habían trabajado para el Ejecutivo aragonés lo hacían ahora en Forestalia y quiénes eran, así como el motivo por el que las líneas de transporte que impulsan tienen mayor capacidad que la de los proyectos presentados, o por qué planteaban parques en zonas con un mayor valor ambiental como las turolenses del Maestrazgo, Matarraña y Albarracín. Algunos grupos incidieron mucho en la forma como se habían tramitado los proyectos de esta empresa por entender que no se ajustan a la normativa, a lo que el representante de Forestalia replicó que lo habían hecho conforme a la ley.
El representante de Forestalia negó que la empresa fuese opaca por crear una sociedad para cada proyecto desarrollado, y dijo ante las preguntas por la fragmentación de los parques que no superar los 50 megavatios era porque es una buena unidad técnica de riesgo y no lo hacían para eludir la declaración ambiental del Miteco. Desde los grupos le preguntaron también por los expedientes incompletos o las modificaciones después de haber salido a información pública, entre otras cuestiones.
El movimiento ciudadano Teruel Existe pidió participar como compareciente en la Comisión de investigación sobre la implantación de renovables, además de solicitar que las sesiones sean públicas, algo que han transmitido al presidente de la misma en un escrito.
Recordaron en un comunicado el importante trabajo de seguimiento y estudio que han hecho, y piden exponer el mismo para enriquecer el análisis y contribuir al ordenamiento del sector.
El movimiento ciudadano ha planteado también una batería de preguntas que deberían ser contestadas, como si las empresas van a vender los proyectos a fondos extranjeros, las contraprestaciones y retribuciones que aportan al territorio para su desarrollo, si han recibido fondos europeos y si han tenido en cuenta en sus evaluaciones el impacto paisajístico y sobre las actividades en el territorio.
A Forestalia le pidieron aclarar si les ha acompañado a los pueblos para hablar con propietarios de los suelos un representante de la DGA en Teruel, por qué ocultan acuerdos con asociaciones como Viento Alto, y por qué promueven parques en la Red Natura 2000, así como qué persiguen con megaproyectos de líneas de muy alta tensión que cruzan Aragón.
La celebración de la sesión a puerta cerrada,en una jornada maratoniana que arrancó a primera hora de la mañana y terminó a última de la noche, provocó un gran malestar por la falta de transparencia que suponía no poder seguir las intervenciones de los representantes de diez empresas del sector, que han sido los primeros en comparecer, entre ellos Forestalia, una de las que ha adquirido mayor peso en la región en los últimos años.
En el acta de constitución de la comisión del pasado 17 de enero, según reveló la agencia de noticias Efe, el portavoz del PSOE en la comisión, Carlos Pérez Anadón, afirmó que había que dar un trato “exquisito y discreto” a los comparecientes, una opinión compartida por el portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, con el fin de evitar convertirla en un “foco de atracción mediática”.
La misma agencia señaló que el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, pidió que fuesen públicas porque debe ser un acto “transparente”, algo sobre lo que también se pronunciaron los representantes de Podemos e IU, mientras que CHA solicitó conocer los antecedentes sobre el régimen de publicidad.
PP y Vox, impulsores de la comisión, han decidido en este caso que las preguntas sean a puerta cerrada, según Efe, si bien el viernes el propio presidente de la misma, el popular Fernando Ledesma, reconoció que permitir a la prensa seguir solo los primeros cinco minutos impedía a los medios de comunicación realizar su trabajo, por lo que valorarán qué se hace en las próximas sesiones sin aclarar si serán públicas al completo.
En cualquier caso, las de este viernes eran especialmente importantes porque quienes comparecían eran los representantes de diez empresa del sector en Aragón. Ledesma manifestó que en ningún caso habían buscado con esto un “oscurantismo”, según Efe.
En las intervenciones iniciales a las que tuvo acceso la prensa prácticamente todos se limitaron a presentarse y explicar qué cargo tenían en la empresa y desde cuándo operaba en la misma, sin entrar en consideraciones previas sobre los motivos de investigación de la comisión, con la excepción de algunos como Luis Ángel Serrano, consejero delegado de la Compañía Energética Aragonesa de Renovables (CEAR), quien aseguró que ellos habían actuado con “absoluto respeto al territorio” haciendo las cosas donde había que hacerlas y donde “sean bienvenidas”.
Se mostró crítico con la forma de actuar de otras empresas, sin mencionarlas de manera explícita, y argumentó que en el sector “hay distintas sensibilidades” y “distintas formas de actuar y de enfrentarse a los proyectos”. Pidió que no se metiera en el mismo saco a todo el sector, compartió la opinión de que “no todo vale” y apeló a que la comisión sea constructiva aunque admitió que tal vez la misma había llegado “un poquito tarde”.
Serrano consideró, no obstante, que se está todavía “a tiempo de corregir” y de situar a Aragón en el lugar que le corresponde a partir de los “consensos” para evitar los “problemas” que han ido surgiendo en el territorio. Echó en falta que no hubiese habido un autocontrol con un decálogo que aseguró que ellos propusieron, por lo que agradeció la oportunidad de hablar en las Cortes.
El representante de la empresa CEAR argumentó que se requiere de una “ordenación” que establezca qué se puede hacer y qué no escuchando a todas las partes implicadas en el territorio. Aseguró que en sus proyectos se había hecho así y era prueba de que se pueden hacer las cosas de otra manera. Consideró por ello que “si no partimos de una buena base de consenso territorial” difícilmente será sostenible este proceso de las renovales a largo plazo.
En la comisión comparecieron también Alberto Martín Garcés, en nombre del Grupo Jorge; Isabel del Campo Palacios, por la empresa Atalaya; Ramón White Martín, de Enel; Javier del Pico Aznar, de Samca; Andrea Ocho, de EFELEC; Ángel Collado, de OPDE; e Ignacio Navarro, de Enerland.
También lo hizo Iván Lombardo Roselló, de EDP, quien opinó que la cantidad de hitos administrativos con los plazos había generado mucha presión en todos los agentes, “incluso provocando casi el colapso de algunos organismos públicos”; y Luis Marruedo, director de Terrenos y Planificación de Desarrollo del grupo Forestalia, exalto cargo de la DGA y miembro del PAR.
Preguntas sin respuestas
La comparecencia de Marruedo era una de las que más expectación había provocado, aunque eludió responder en la Comisión a algunas preguntas que los grupos parlamentarios le habían lanzado, como si era cierto que un exasesor de la DGA en Teruel acompañaba a Forestalia por los pueblos para que firmasen.
Tanto Marruedo, que argumentó que el éxito del grupo se debía al buen hacer del mismo y el haber sabido moverse en el sector en el momento oportuno, como otros de los ponentes negaron que hubieran tenido trato de favor.
A Marruedo le preguntaron también por cuántos cargos públicos, políticos o técnicos de libre designación que habían trabajado para el Ejecutivo aragonés lo hacían ahora en Forestalia y quiénes eran, así como el motivo por el que las líneas de transporte que impulsan tienen mayor capacidad que la de los proyectos presentados, o por qué planteaban parques en zonas con un mayor valor ambiental como las turolenses del Maestrazgo, Matarraña y Albarracín. Algunos grupos incidieron mucho en la forma como se habían tramitado los proyectos de esta empresa por entender que no se ajustan a la normativa, a lo que el representante de Forestalia replicó que lo habían hecho conforme a la ley.
El representante de Forestalia negó que la empresa fuese opaca por crear una sociedad para cada proyecto desarrollado, y dijo ante las preguntas por la fragmentación de los parques que no superar los 50 megavatios era porque es una buena unidad técnica de riesgo y no lo hacían para eludir la declaración ambiental del Miteco. Desde los grupos le preguntaron también por los expedientes incompletos o las modificaciones después de haber salido a información pública, entre otras cuestiones.
El movimiento ciudadano Teruel Existe quiere comparecer
El movimiento ciudadano Teruel Existe pidió participar como compareciente en la Comisión de investigación sobre la implantación de renovables, además de solicitar que las sesiones sean públicas, algo que han transmitido al presidente de la misma en un escrito.
Recordaron en un comunicado el importante trabajo de seguimiento y estudio que han hecho, y piden exponer el mismo para enriquecer el análisis y contribuir al ordenamiento del sector.
El movimiento ciudadano ha planteado también una batería de preguntas que deberían ser contestadas, como si las empresas van a vender los proyectos a fondos extranjeros, las contraprestaciones y retribuciones que aportan al territorio para su desarrollo, si han recibido fondos europeos y si han tenido en cuenta en sus evaluaciones el impacto paisajístico y sobre las actividades en el territorio.
A Forestalia le pidieron aclarar si les ha acompañado a los pueblos para hablar con propietarios de los suelos un representante de la DGA en Teruel, por qué ocultan acuerdos con asociaciones como Viento Alto, y por qué promueven parques en la Red Natura 2000, así como qué persiguen con megaproyectos de líneas de muy alta tensión que cruzan Aragón.
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