Piden un total de 68 años y 6 meses para los once acusados del clan de los dominicanos

La Fiscalía de Teruel pidió un total de 68 años y seis meses de prisión para los once acusados de tráfico de drogas detenidos hace un año en la denominada operación Chacal que se desarrolló en Teruel, Zaragoza, Gerona y Barcelona, y que supuso la incautación de un alijo de 11 kilos de cocaína ocultos en una furgoneta interceptada en la capital aragonesa. Las dos personas que viajaban en ese vehículo quedaron en libertad entonces porque en un principio no se halló la droga hasta días después, cuando se encontró en una caleta (compartimento oculto en el suelo) que había pasado totalmente inadvertida en las primeras inspecciones, pero entonces ya se habían dado a la fuga. El resto de los detenidos en esta operación que se inició por investigaciones de la Policía Nacional llevadas a cabo en la capital turolense han sido juzgados en la Audiencia Provincial de Teruel, cuyo juicio quedó visto para sentencia después de tres días de sesiones.

El ministerio público alcanzó conformidades con tres de los acusados que reconocieron los hechos y expresaron su arrepentimiento, a los que redujo las penas, mientras que con el resto modificó las calificaciones en la mayoría de ellos para pedir penas que van desde los 5 años de prisión en uno de los casos hasta los 11 años para dos de los cabecillas del grupo criminal.

Una de las modificaciones se centró en cambiar el tipo penal con el que inicialmente había calificado los hechos, de organización a grupo criminal, de forma que en casi todos a los que había imputado este delito, la solicitud de pena se redujo de 5 u 8 años, en función de su grado de implicación, a 2 años, y en un caso a seis meses.

Consecuentemente también redujo la pena por el delito contra la salud pública por tráfico de drogas en la mayoría, reduciendo de 9 a 5 años de prisión en casi todos, con la excepción de los dos cabecillas que sí han podido ser juzgados, a los que mantuvo la petición de pena de 9 años, así como una multa de 1,3 millones de euros.

Durante la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial de Teruel desde el jueves de la semana pasada se puso de manifiesto, según la acusación de la Fiscalía, que los integrantes de este grupo criminal funcionaban de forma coordinada y de manera muy profesional para distribuir la droga mediante el transporte de las sustancias estupefacientes en vehículos dotados de caletas (dispositivos ocultos), con la utilización de pisos de seguridad, el intercambio de vehículos para mover la droga y evitar ser detectados, así como un sistema de contravigilancia muy especializado para eludir el seguimiento policial.

Las primeras investigaciones arrancaron en Teruel a principios del año pasado y se ampliaron a Zaragoza al detectarse vínculos entre la rama turolense y la que operaba en la capital aragonesa, uno de cuyos cabecillas había residido en Teruel. Los seguimientos policiales e intervenciones telefónicas detectaron viajes de los investigados a diferentes lugares como Barcelona, Madrid, Pamplona y Murcia, que se habrían hecho con un fin ilícito.

A finales de octubre del año pasado los presuntos cabecillas viajaron a Madrid a por un alijo de 11 kilos de cocaína que transportaron de regreso en una furgoneta que fue interceptada tras el seguimiento policial que se hizo. Se interceptó el vehículo el 28 de octubre al llegar a Zaragoza y entonces se procedió a la explotación de la operación con la detención de otros investigados en la capital aragonesa, Teruel y varias localidades en las provincias de Gerona y Barcelona.

La furgoneta con la cocaína

De los trece detenidos once fueron enviados a prisión provisional, mientras que los dos que llevaban la furgoneta en la que se sospechaba que iba la droga porque la Policía Nacional había visto movimientos extraños en Madrid, quedaron en libertad. Un Juzgado de guardia de Zaragoza resolvió así su situación al no encontrarse nada en el vehículo, si bien este quedó retenido y el 3 de diciembre técnicos de la Policía Nacional desplazados para inspeccionarlo encontraron la caleta con la droga oculta en el suelo.

En ese momento ya no se pudo dar con el paradero de esas dos personas, de origen dominicado como el resto salvo una que es ecuatoriana, y desde entonces ambos, Williams Guillermo P. D., considerado uno de los cabecillas, y su acompañante, Albert Alexander R. F., se encuentran en paradero desconocido en busca y captura. Los dos son de la rama procedente de Cataluña.

La Fiscalía considera que los otros dos cabecillas son Carlos Andrés M. P., vinculado y con familia en Teruel, y Carlos Alfredo G. R., residentes en Zaragoza, para los que tras la celebración del juicio pide un total de 11 años de prisión  para cada uno de ellos. En cada caso solicita 9 años por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, además de una multa de 1,3 millones, y otros 2 por pertenencia a grupo criminal.

Estas dos personas, de acuerdo con la acusación del ministerio público, serían los cabecillas de la banda junto con el desaparecido Williams Guillermo P.D., y se habrían encargado de coordinar y mover la droga. A otros se les acusa también de preparar las dosis y distribuirlas al haberse encontrado en sus viviendas balanzas de precisión y otros útiles para su empaquetado, además de por los seguimientos realizados por la Policía Nacional.

Entre estos están Jennifer A. L. M. (pareja de Carlos Alfredo L. M.), Emmanuel M. A., Egmont R. O. C. y Diana Carolina F. D., que convivían en un mismo piso considerado de seguridad, y Pedro J. S. L., a los que se pide a cada uno de ellos 5 años por tráfico de drogas y 2 por pertenencia a grupo criminal.

En cuanto a los tres miembros de la rama turolense, para Jonathan A. R. V. la Fiscalía pide 5 años por tráfico de drogas, al entender que era la persona que traficada directamente con la cocaína en Teruel, y que se la suministraba la rama de Zaragoza. Para los otros dos encausados, que son los únicos que estaban en libertad provisional, José L. R. A. y Margarita E. Z. T. (pareja de Jonathan), pidió para cada uno de ellos 1 año y seis meses en concepto de cómplices tras alcanzar una conformidad al reconocer estos su participación en la venta de drogas y su arrepentimiento.

El ministerio público también alcanzó una conformidad con Alexandra T. J., que reconoció su partipación y se arrepintió, para la que solicitó 3 años por delito contra la salud pública porque hizo pases de droga que le pidió su pareja Williams, y 6 meses por pertenencia a grupo criminal. Su abogada solicitó la inmediata puesta en libertad provisional, a la que no se opuso el ministerio público, y la suspensión de la pena de cárcel cuando haya sentencia.

Las defensas alegaron, según los casos, que no existía ni organización ni grupo criminal, que sus representados eran a lo sumo consumidores y no habían traficado, salvo en algún caso trapicheado; consideraron que las pruebas aportadas no conculcaban su presunción de inocencia, y rechazaron que tuvieran que cargar con la culpa de los 11 kilos que se encontraron en la furgoneta de la rama catalana cuyos ocupantes se dieron a la fuga.

El principal acusado de la rama turolense habría ‘heredado’ el negocio en 2016

En la presentación de sus conclusiones finales, y tal como se apuntó en varias ocasiones a lo largo del desarrollo de la vista, el principal acusado de la rama turolense del tráfico de drogas juzgada con motivo de la operación Chacal habría heredado el negocio de la venta ilícita de cocaína en Teruel a raíz del desmantelamiento del grupo  de dominicanos que operaba este mercado en 2016, y que fue desarticulado en la operación Peluca, cuyos juicios se celebraron en 2017 y 2019.

La fiscal indicó que la dedicación al tráfico de drogas de Jonathan A. R. V. no fue casual, puesto que el inicio de la investigación fue consecuencia de haber asumido el negocio de venta de cocaína en el que años atrás se investigó a Carlos Andrés  M. P., dentro de la operación Peluca en Teruel, si bien este último no llegó a ser detenido ni juzgado porque se fue a la República Dominicana.

El ministerio público, en el caso de la rama turolense, argumentó que la vida que llevaba el acusado Jonathan A. R. V. era “incompatible” con los ingresos acreditados por su trabajo como camarero, si bien su abogado alegó que los negocios de hostelería que explotaba con su mujer se lo permitía.