Mayte Pérez dice en las Cortes que las ayudas al funcionamiento de empresas del 20% están “a punto de ser una realidad”

La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, insistióeste viernes en que están “a punto de ser una realidad” las ayudas al funcionamiento de las empresas de hasta el 20% autorizadas para Teruel, Cuenca y Soria por la CE. Respondió así a una interpelación que le hizo en el pleno de las Cortes de Aragón el diputado del PP, Fernando Ledesma, que advirtió que anunciarlas y no ponerlas en marcha después puede tener un efecto contrario para la creación de empleo.

La sesión de control al Gobierno del pleno de las Cortes aragonesas presenció el enésimo debate sobre las ayudas al funcionamiento, una medida que es competencia del Estado aunque la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, involucró la semana pasada a las comunidades autónomas en su aplicación pero sin concretar cómo.

El diputado del PP, Fernando Ledesma, interpeló a la consejera de Presidencia sobre esta cuestión, si bien en su enunciado pedía explicaciones sobre la política del Gobierno de Aragón en materia de lucha contra la despoblación, para incidir después en las ayudas al funcionamiento, las bonificaciones de hasta el 20% de los costes laborales autorizadas por la Comisión Europea en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria.

Esa forma de plantear la interpelación llevó a la consejera a esbozar las políticas que se están aplicando mientras cuestionaba la inacción de los populares cuando gobernaron, y su doble discurso en la oposición y cuando tienen responsabilidades de gobierno. Solo al final, en su segunda intervención, concretó que están “a punto de ser una realidad”, aunque no aclaró si finalmente participará también el Ejecutivo aragonés en las mismas como dejó caer la semana pasada la ministra de Hacienda en el Congreso en respuesta a una pregunta de Teruel Existe.

El debate sobre las ayudas al funcionamiento en las instituciones se está convirtiendo ya en retórico porque no aclara nada, más allá de servir como arma arrojadiza dentro de la confrontación política. Se vio en el Parlamento aragonés al igual que  la semana en el Congreso

cuando María Jesús Montero dijo que “se pondrán en marcha” pero sin concretar cuándo y, lo más importante, de qué manera. Y es que la autorización de Europa pasa por que puedan llegar hasta el 20% de los costes laborales, como sucede en los países del norte con problemas demográficos, pero es el Estado el que debe decidir cómo las aplica, tanto el porcentaje como la forma de hacerlo y a qué empresas.

En medio de este panorama al no haberse concretado todavía cómo se aplicarán, algo que está recogido en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 en una disposición adicional, Ledesma manifestó que las noticias que se conocen son “desalentadoras”. Se refería a las últimas manifestaciones del secretario general del Reto Demográfico, Paco Boya, que no son nuevas, en el sentido de las dificultades que existen hoy día para poder aplicarlas por la crisis energética y la guerra en Ucrania.

El diputado del PP advirtió del efecto contraproducente que  se está produciendo por la inconcreción del Gobierno. “Anunciar unas medidas para ayudar a las empresas de Teruel y luego no ponerlas en marcha tiene el efecto contrario”, dijo Ledesma, con el argumento de que las empresas han dejado de hacer inversiones o contratar a más gente “esperando a que caigan esas ayudas”.

Contestación a Boya

El parlamentario popular pidió también explicaciones sobre la “coletilla” lanzada por la ministra de Hacienda sobre que las Comunidades Autónomas tienen que dar ayudas complementarias, y reprochó a la consejera que no hubiese contestado a Boya a pesar de la defensa que en las redes sociales y la prensa ha hecho de las ayudas.

Además, Ledesma reflexionó sobre el origen de la demanda de las mismas, que aseguró que viene de años atrás y que había que atribuir a las Cámaras de Comercio de Teruel, Cuenca y Soria y a la Serranía Celtibérica, siendo la expresidenta Luisa Fernanda Rudi (PP) una de las primeras aliadas que llevaron esta cuestión para trabajarla en Europa. Apuntó que conociéndose desde 2017 no se había hecho nada para avanzar.

En la construcción de este nuevo relato sobre el origen de la reivindicación, que vio la luz verde por parte de la Comisión Europea en abril del año pasado, Ledesma acusó al PSOE de “patrimonializar” la autorización, de intentar arrogarse “todo el mérito” y de “apropiación indebida” del origen de esta reivindicación.

Mayte Pérez corrigió al diputado del PP y le acusó de desconocer “absolutamente” todo lo relativo a estas ayudas, de “importarle un bledo”, “mentir como bellacos” y utilizarlo con “intereses partidistas”. Le recordó que el origen fue una consulta del Gobierno de Javier Lambán al Tribunal de la Competencia de Aragón en 2019, lo que dio lugar a la tramitación para conseguir la autorización, habiendo sido un Gobierno socialista “quien las impulsó”, a la vez que será el que “las ponga en marcha”.

La consejera dedicó su primer turno de palabra a explicar las políticas de lucha contra la despoblación que está llevando a cabo el Gobierno de Javier Lambán, contraponiéndolo con la inacción del Ejecutivo de la popular Luisa Fernanda Rudi, cuyas políticas desmantelaron servicios básicos en las zonas rurales como la sanidad y la educación, y que provocaron “sufrimientos” a la provincia.

Pérez reprochó al PP que no haga propuestas en positivo y de hacer lo contrario cuando están en la oposición que cuando están gobernando con el ánimo de “utilizar claramente a la gente”. Por contra, dijo que el PSOE lucha por “políticas activas que revitalicen las zonas rurales”, y que las mismas han permitido que en las provincias de Huesca y Teruel “aumenten las empresas inscritas en lo que va de año frente a la caída nacional, o que se incrementen el número de trabajadores, que ronda el 5% en estas dos provincias, frente al 1,6 de media nacional”.

Añadió que los socialistas van a “seguir luchando por el fortalecimiento de los servicios públicos y también vamos a lograr que en solo tres años y medio después de que se iniciaran las gestiones de las bonificaciones en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria (en referencia a las ayudas al funcionamiento), estén a punto de ser una realidad”.

Apuntó en este sentido que fue en marzo de este año cuando cambió el mapa regional de ayudas, y recordó que la reivindicación la llevó a cabo el Gobierno de Aragón de Lambán junto a las Comunidades Autónomas de Castilla y León y Castilla-La Mancha, además de las confederaciones empresariales.