Los veterinarios de Teruel se suman a la manifestación de Zaragoza por la derogación de la nueva norma

Los veterinarios de la provincia de Teruel se sumaron este miércoles a la movilización convocada por el Comité de Crisis Veterinario, formado por todas las asociaciones, sindicatos y colegios veterinarios, ante la Delegación del Gobierno en Aragón para protestar de nuevo por el nuevo marco legal que impone el Real Decreto 666/2023 o cerrando la puerta de sus negocios durante dos horas por la mañana.

Los veterinarios entregaron este miércoles en cada Delegación y Subdelegación del Gobierno una carta al ministro de Agricultura, Luis Planas, y otra dirigida a la ministra de Sanidad, Mónica García, para trasladarles los “ problemas a partir de la creación y de cómo se está llevando a cabo este Real Decreto”.

Las protestas continuarán, aseguró Mariví Martínez, veterinaria y miembro de la junta de Gobierno del Colegio de Veterinarios de Teruel, implicando “a los tutores de los animales de compañía, a las protectoras y a los ganaderos” porque, insistió, “esto nos incumbe a todos, nos afecta a todos y creo que es una reivindicación global y tenemos que ir todos juntos”.

Los manifestantes reivindicaron este miércoles su criterio médico en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad en los animales. “Somos sanitarios, reivindicamos nuestro papel esencial”, arengó Martínez, que denunció que “nos están obligando a que nos rijamos por unos prospectos que están obsoletos y desfasados cuando todos nos formamos continuamente y nos basamos en evidencia científica”.

También criticó el no poder dispensar en los centros veterinarios los tratamientos, obligando a los propietarios de los animales a adquirir envases con más dosis de las necesarias, generándose excedentes que favorecen la automedicación que puede generar resistencia a los antibióticos si se emplean sin criterio.

Los veterinarios se reivindican como garantes de la sanidad pública y critican la obligación de usar “el famoso Presvet que restringe completamente nuestro criterio como facultativos y que además aumenta los tiempos de consulta” y apuestan por usar la herramienta europea.

También cargaron contra las sanciones de hasta 1,2 millones de euros que se les puede aplicar.

Por último, insisten en la necesidad de rebajar el tipo de IVA de la sanidad veterinaria “porque la salud de los animales no es un artículo de lujo”.