Todos los veterinarios de Teruel protestan en contra del decreto sobre el uso de antibióticos

Todas las clínicas y consultorios veterinarios de la provincia de Teruel cerraron este martes sus puertas durante una hora, entre las 11 y las 12 de la mañana, en protesta por el Real Decreto 666/23  sobre dispensación y uso de medicamentos veterinarios que obliga al registro oficial de antibióticos. Los profesionales del sector están en contra de esta nueva normativa puesto que “no respeta” su “criterio clínico” al limitar el uso de antibióticos o exigirles la realización de pruebas para prescribirlos.

Detallan que con este Real Decreto su criterio clínico se ha prácticamente prohibido puesto que no pueden elegir el tratamiento antibiótico en base a los signos y síntomas del paciente “o a artículos científicos que superan los prospectos anticuados”, lamentó Mariví Martínez, veterinaria de la capital turolense.

Para la veterinaria de Teruel María D'Oleo las consecuencias de la nueva ley serán “visitas más largas y tratamientos menos eficaces”, puesto que desde las clínicas sólo se podrán prescribir antibióticos del grupo de primera elección sin la realización de pruebas previas. Para recetar de los otros tres grupos será necesario justificarlo mediante pruebas que, según precisó D'Oleo, pueden encarecer en 80 o 100 euros el propio tratamiento, más el inconveniente que supone “esperar a que lleguen esos resultados para prescribirlo”, añadió.

 

Criterio clínico anulado

María D'Oleo aseguró no estar de acuerdo con la nueva normativa “en prácticamente nada” y precisó que la restricción que supone en el número de medicamentos que pueden prescribir repercutirá de forma negativa en los pacientes. “Afecta principalmente a que nuestro criterio clínico queda totalmente anulado” porque la lista de medicamentos que pueden prescribir es para todas las especies y cualquier patología, argumentó.

Su compañera Amparo López fue más allá al especificar que España es el único país de Europa que tiene esas restricciones en cuanto a la dispensación de medicamentos, puesto que en el resto de territorios de Europa los tratamientos quedan a juicio del veterinario.

El paro ha sido secundado en toda España, donde en torno a 5.000 profesionales han firmado un manifiesto “frente a una normativa que compromete la salud animal y la profesión veterinaria”. También ha sido apoyado por numerosos colegios de veterinarios, entre ellos el de Zaragoza. En la provincia de Teruel hay diez clínicas veterinarias, siete consultorios y cinco profesionales que trabajan a domicilio.

La normativa afecta al conjunto de medicamentos, que ya no pueden dispensarlos en las clínicas y consultorios veterinarios, y en el caso de los antibióticos, hay que justificar su uso.

Además de la necesidad de respaldar con pruebas determinados tratamientos, lo que supone un coste y un retraso en el inicio de la ingesta de la medicación para el paciente, los profesionales veterinarios tienen que rellenar unas fichas a través de la herramienta PresVet en las que se justifiquen esos tratamientos. “Esto supone un incremento de entre 15 y 20 minutos en cada consulta”, dice Mariví Martínez, quien lamenta que ese aumento de la burocracia afecta al tiempo que se dedica a atender a los pacientes.

Ese mayor tiempo en la consulta también supondrá un mayor coste para los clientes, que serán, junto a sus mascotas, los mayores perjudicados de este RD 666/23.

 

Los veterinarios hasta ahora prescribían y dispensaban los medicamentos directamente, mientras que a partir del cambio en la norma los tutores de las mascotas deben acudir a la farmacia y adquirir toda la caja, cuando antes sólo recibían las unidades necesarias. Esto no sólo encarece el tratamiento, sino que puede derivar en un uso inadecuado de esos antibióticos sobrantes.

Por otra parte, María D'Oleo indicó que la nueva ley ha entrado en vigor sin que las farmacias estén enteradas de los cambios -por lo que hay muchas que no tienen estocaje de medicamentos para animales- o las empresas hayan actualizado los prospectos, en numerosas ocasiones obsoletos por lo que los veterinarios prescriben teniendo en cuenta investigaciones más recientes. Desde las clínicas se muestran a su vez muy molestos con las sanciones contempladas y que pueden llegar a superar el millón de euros por no notificar antibióticos.

Otras de las reivindicaciones de los veterinarios es la reducción del IVA, puesto que ahora se abona al 21%, similar al que se aplica a los artículos de lujo cuando lo que grava es “la salud de las mascotas y, por ende, de todos los demás”, lamentó Mariví Martínez.