Las organizaciones profesionales agrarias turolenses, muy críticas con el acuerdo de la PAC

Las organizaciones profesionales agrarias turolenses se han mostrado “muy preocupadas” y “críticas” con la reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2023-2027 ratificada este lunes por el Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE). UAGA y UPA coincidieron en señalar que no es “justa ni social” porque está forjada únicamente desde la perspectiva de la sostenibilidad. ASAJA considera que precisamente ese criterio hará que los agricultores y ganaderos turolenses se vean obligados a cumplir unos requerimientos agroambientales “definidos desde una oficina” para que sus ayudas no se vean reducidas en un 25%.

El secretario general de UPA Aragón, José Manuel Roche, recordó que el Parlamento Europeo deberá ratificar en septiembre la reforma aprobada ahora por el Consejo de Ministros. En paralelo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se reunirá en la primera quincena de julio con los consejeros del ramo de las Comunidades Autónomas para definir el Plan Estratégico Nacional que deberá presentar este verano a la Comisión Europea para su aprobación.

Cuando culminen ambos procesos, “se dará por zanjada una negociación que ha durado tres años para que la nueva PAC pueda ponerse en marcha en 2023”. Roche considera que esa es una buena noticia. No obstante, señaló que UPA es “muy crítica” con esta reforma “porque no se ha tenido en cuenta el equilibrio económico y social, únicamente el medioambiental”.

Sostenibilidad

“Se ha llegado a un acuerdo bajo el único principio de la sostenibilidad para adaptarlo al Pacto Verde Europeo y a la Estrategia de la Granja a la Mesa”, comentó al respecto.

Asimismo, consideró “un error” que la reforma no priorice la agricultura profesional y deje en manos de los Estados miembros su definición, que no podrán dejar fuera a los agricultores parciales o pluriactivos. Por el contrario, estimó positivamente el esfuerzo presupuestario para los jóvenes.

Por otro lado, también conmina a los Estados a establecer un modelo de convergencia “que limitaría esos agravios comparativos que ahora sufre, por ejemplo, la provincia de Teruel”.

UPA mantiene la necesidad de que desaparezcan los derechos individuales y las referencias históricas, que se avance hacia un modelo más profesionalizado y que se reduzca el número de estratos, “para acabar con ese problema que tenemos los agricultores y ganaderos turolenses y que nos obliga a jugar en Segunda División”, apuntó Roche.

El sindicato confía en que el Ministerio y los consejeros autonómicos “apliquen el sentido común y pisen tierra para poner en marcha una reforma que deje atrás una PAC obsoleta, que tanto daño ha hecho al sector” y que tomen como ejemplo el Acuerdo de reforma de la PAC en Aragón.

Preocupación

El presidente de ASAJA Teruel, José Manuel Cebollada, mostró su “preocupación” por la reforma de la PAC. Destacó que el incumplimiento de los ecoesquemas supondrá una detracción del 25% de las ayudas. “Para poder recibir el importe íntegro, los agricultores y ganaderos tendrán que cumplir unas condiciones agroambientales diseñadas desde una oficina”, sentenció.

Según Cebollada, la reforma “ha encendido la alerta roja” en la provincia de Teruel porque creen que “se va a quedar todo igual”. “Hace ocho años que nos prometieron que las ayudas se iban a igualar, pero todo sigue igual. El riesgo de abandono de las explotaciones cada vez es mayor porque cada vez vemos más lejos la convergencia”, dijo.

El presidente de ASAJA Teruel indicó que son precisamente las zonas despobladas las que menos ayudas reciben, lo que achacó a intereses políticos.

José Manuel Cebollada afeó al resto de organizaciones profesionales agrarias que pongan el acento en la agricultura familiar en lugar de defender la equiparación de las ayudas que se reciben en la provincia de Teruel con las del resto.

Agricultor profesional

Por su parte, UAGA-COAG consideró que la PAC no responde a las necesidades de las pequeñas y medianas explotaciones. “Esta organización defiende desde su origen la sostenibilidad medioambiental de la producción agraria, pero siempre vinculada a la sostenibilidad económica y social que esta reforma pone en grave peligro”, indicó en una nota de prensa.

Por un lado, lamentó que el agricultor profesional no tenga prioridad a la hora de acceder a las ayudas redistributivas de la PAC. Y por otro, señaló que la decisión de los 28 de destinar un 25% del primer pilar (pagos directos) a los denominados ecoesquemas es “un recorte en toda regla“. “Para recuperar ese 25% el agricultor tendrá que afrontar nuevos gastos que el mercado no remunera, con la consiguiente caída de rentas”, concluyó la organización agraria.