Las nuevas bases reguladoras del Fondo de Cohesión contemplan la concesión directa

Las nuevas bases reguladoras del Fondo de Cohesión Territorial contemplan la posibilidad de que las subvenciones se concedan también de forma directa y no solo mediante concurrencia competitiva como venía sucediendo hasta ahora. El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, Alejandro Nolasco, aclaró que las que se concedan mediante esa modalidad serán “mínimas” y que el 90% de las mismas o más seguirán otorgándose mediante concurrencia competitiva.

La orden que regula las nuevas bases reguladoras apareció publicada este jueves en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), el mismo día en el que el vicepresidente compareció por la tarde en la Comisión de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia de las Cortes de Aragón a petición del grupo parlamentario socialista, para informar de las distintas líneas que se van a apoyar este año con cargo a dicho fondo.

La introducción de la discrecionalidad en la adjudicación de este tipo de ayudas suscitó los reparos entre los grupos de la oposición, que aseguraron que suponía romper con la filosofía del Fondo de Cohesión desde que se creó, puesto que hasta ahora contemplaba la concesión únicamente mediante convocatoria pública y en concurrencia competitiva a partir de unos criterios reglados, de manera que las solicitudes que más puntos sacaban de forma objetiva eran las beneficiarias.

Fue uno de los asuntos que más debate suscitó en la comisión junto con otras novedades como la posibilidad de que entidades colaboradoras públicas y privadas se encarguen de la gestión, o poder imputar hasta un 20% de los costes indirectos de una actividad subvencionada.

El diputado del PSOE Darío Villagrasa pidió explicaciones sobre esta cuestión puesto que las nuevas bases, que modifican la orden anterior de 2021, cita en diecinueve ocasiones la concesión directa, según los cálculos del parlamentario socialista.

La modificación de la orden precisa que podrán concederse de manera directa de forma excepcional cuando se cumplan los requisitos previstos en la normativa general sobre subvenciones, y Villagrasa pidió explicaciones de cómo lo iban a hacer “si finalmente les ampara la ley, porque entendemos que todos los ayuntamientos o todas las entidades locales”, independientemente de la mayoría política, “tienen que tener el derecho con esa base reguladora a presentarse”.

Advirtió también de que se haya implementado la figura de las entidades colaboradoras por las simplificaciones administraciones, y pidió conocer qué tipo de entidades podían ser “las adecuadas o las óptimas”.

Por otra parte, el grupo que pidió la comparecencia puso énfasis en las fechas en que se está sin que hayan salido todavía las convocatorias del Fondo de Cohesión, solo el medio millón de euros para actividades culturales desestacionalizadas. Villagrasa expresó por ello su preocupación de que al final, pese a la buena voluntad expresada por el Ejecutivo, no puedan ver la luz porque se echen los plazos encima antes de que acabe el ejercicio y se queden en el camino.

Sobre esta última cuestión hay nuevas líneas como las ayudas a los ayuntamientos para  ejecutar derribos de viviendas en estado de ruina, procedimientos que pueden llevar mucho tiempo, si bien cualquier convocatoria que se retrase puede dificultar después a los promotores su ejecución en plazo al no disponer de tiempo suficiente.

A este respecto, Nolasco destacó otra de las novedades importantes de la modificación de las bases, y es que se incorpora la plurianualidad, de manera que habrá convocatorias en las que se contemplará que los proyectos o actuaciones por sus características “requieren de un plazo de ejecución superior a un ejercicio presupuestario”, tal como recoge la nueva norma.

Falta de funcionarios

El vicepresidente primero insistió, como ya lo ha hecho en otras comparecencias, que no tiene funcionarios por ahora y eso está dificultando poder sacar las convocatorias, pese a que el mismo director general de Despoblación se está haciendo cargo de ello por su experiencia como secretario de Ayuntamiento. Garantizó pese a ello que van a “sacar todas las convocatorias con cero funcionarios”, aunque no precisó cuándo por prudencia.

En cuanto a la concesión por concurrencia competitiva o de forma discrecional, Nolasco dijo que “el 90% o la gran parte de las subvenciones será en concurrencia competitiva” con el criterio que marca el Índice Sintético de Desarrollo Territorial. Señaló que esa es una herramienta “potente” para saber qué y a quién repartir, de manera que quienes más lo necesiten “recibirán más” con criterios “ponderados”.

Ante la insistencia del resto de los grupos aclaró que las concesiones directas “van a ser mínimas”. Puso el ejemplo de Atades por tener un proyecto para gente con discapacidad en el medio rural que es innovador, y avanzó que habrá apoyos directos a iniciativas con otras asociaciones “que se dedican a este tipo de cosas”.

En cuanto a la potenciación de las entidades colaboradoras, Nolasco dijo que si no tienen funcionarios habrá que contar con ellas “para sacar adelante la gestión”. Puso como ejemplo que las convocatorias de ayudas para los multiservicios se harán con las Cámaras de Comercio por su experiencia en esta materia, además de trabajar en colaboración con las diputaciones provinciales.

Juan Carlos Gracia Suso (PP) manifestó que en solo un año el nuevo Ejecutivo ha presupuestado para este fondo más que todo lo que destinó el cuatripartito en la pasada legislatura, que fueron 12 millones. Y en esa línea, David Arranz (Vox) dijo que se han presupuestado 18,9 millones con 15 líneas de actuación frente a las dos que hubo el ejercicio anterior.

Joaquín Palacín (CHA) urgió a que salgan las convocatorias porque si no, no va a dar tiempo a los destinatarios; Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe) pidió que haya gestión y transparencia porque las cosas no salen solas; y Álvaro Sanz alertó de que no se puede externalizar la gestión de lo público.