La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado complica la solución para la tarifa plana de autónomos

La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 va a complicar la solución para que la tarifa plana de 80 euros a nuevos autónomos de las provincias de Teruel, Cuenca y Soria pueda volver a aplicarse, como se comprometió la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, a finales de enero tras la polémica surgida con las ayudas de funcionamiento.

Al no haber nuevos presupuestos este año y tener que prorrogarse los del pasado, las ayudas de funcionamiento a las empresas sí se pueden seguir aplicando en las mismas condiciones, pero no así la concesión que hizo el Gobierno central con los nuevos autónomos en estos tres territorios.

Con las empresas, estas ayudas autorizadas por la Comisión Europea consisten en aplicar una bonificación de hasta el 20% en los costes laborales. En realidad el Gobierno de España está aplicando ese porcentaje sobre las contingencias comunes de la Seguridad Social, lo que supone poco más de un 1% de lo autorizadoi por Bruselas.

Aunque no se han conseguido aprobar los PGE de este año -bien es cierto que no se han podido ni presentar por la situación política existente-, esas ayudas, aunque ínfimas, se pueden seguir aplicando ya que están recogidas en la Disposición adicional nonagésima primera de las cuentas del año pasado.

Al prorrogarse los PGE de 2023 y no estar derogada la disposición, las ayudas se seguirán aplicando este año en los mismos términos. El problema que tiene que solucionar ahora el Gobierno es cómo arregla la cuestión de los nuevos autónomos, que en la misma disposición establecía que se beneficiarían de una tarifa plana mensual de 80 euros durante tres años.

La cuestión es que en este caso el artículo de la disposición adicional que recoge esta ayuda se refiere a que la misma se aplicará exclusivamente a “los trabajadores autónomos que, durante el año 2023, causen alta inicial o no hubieran estado en situación de alta en los dos años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta”.


Eso supuso que mientras el año pasado los nuevos autónomos se beneficiaron de esta medida, con una duración de tres años, a partir de enero del presente ejercicio los nuevos autónomos no han podido hacerlo porque la Ley de Presupuestos deja muy claro que solo será durante el año 2023.

Al no haber nuevos presupuestos no se les podía aplicar este beneficio y ante la polémica surgida, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, se comprometió con los parlamentarios socialistas en las Cortes Generales de las tres provincias favorecidas a darle continuidad de nuevo en los Presupuestos de 2024, donde estaba previsto además que tuviesen un efecto retroactivo a partir de principios de este ejercicio.

Prórroga

Al haber descartado ahora el Gobierno de forma definitiva la aprobación de un presupuesto para 2024, y prorrogar el del pasado, no se va a poder solucionar ese problema de la manera que había planteado la ministra. Y es que la ley presupuestaria prorrogada dice bien claro que será solo “durante el año 2023”.

La senadora del PSOE por Teruel, María José Villalba, ha asegurado a este periódico que el compromiso de la ministra con esta cuestión está, tal como lo transmitió a los parlamentarios socialistas en las Cortes Generales. Villalba indicó que en las próximas semanas tienen previsto mantener una reunión con la titular de la cartera de la Seguridad Social para tratar este tema.

Lo ocurrido no hubiera pasado si la regulación de estas ayudas se hubiese hecho de otra forma, como han pedido otras fuerzas políticas, además de reclamar su aumento hasta el 20% de los costes laborales, tal como autoriza Bruselas para que estas provincias puedan luchar contra la despoblación puesto que su demografía está por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

En las últimas semanas se han aprobado diferentes iniciativas parlamentarias tanto en Madrid como en las Cortes de Aragón para reclamar que las ayudas se incrementen hasta el máximo permitido, que es el 20% de los costes laborales.

Esta medida, en la línea de la que se aplica en otros territorios despoblados de Europa, fue conseguida por el Gobierno socialista en la pasada legislatura, a raíz del impulso que le dieron en Bruselas tanto los ejecutivos autonómicos de Aragón y las dos Castillas, como las organizaciones empresariales de las tres provincias. En cambio, a la hora de aplicarlas se ha hecho con la intensidad mínima, insuficiente según los empresarios.

Efecto frontera

Desde las organizaciones empresariales de las provincias de Teruel, Cuenca y Soria se lleva insistiendo desde 2022 en que las ayudas de funcionamiento se están aplicando en unos porcentajes tan ínfimos que no van a tener el efecto que pretende la Unión Europea con este tipo de políticas para combatir la despoblación. Las fuerzas políticas se han sumado a esa reivindicación mientras que desde el Gobierno central no se dan muestras de que vaya a cambiar esa situación. La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 para este año va a impedir en principio que eso se modifique por ahora.

Todo apunta a que los temores del Gobierno central para no dotar de más intensidad a estas ayudas es el efecto que podrían tener en los límites provinciales. Así lo sugirió en noviembre de 2022 el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón Catalán, cuando durante una comparecencia en el Senado dijo que un factor a tener en cuenta era “el efecto frontera de las zonas que están en una situación similar pero no alcanzan ese grado de poca densidad de población”. Europa es clara al delimitar las ayudas a las provincias por debajo de 12,5 habitantes/km2.