Agentes sociales y partidos se felicitan por las ventajas fiscales para Teruel, Soria y Cuenca que aparecen en los PGE

Los gobiernos autonómicos de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León enviaron este jueves un informe al Ejecutivo central sobre cómo se pueden aplicar las ayudas al funcionamiento empresarial, de hasta un 20% de los costes laborales, en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria, tras su autorización por la Comisión Europea y su inclusión en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE). El presidente aragonés, Javier Lambán, calificó de “éxito incontestable” del Gobierno de Aragón la consecución de estas ayudas, primero ante Bruselas y ahora ante la Administración central una vez contempladas en los PGE. No obstante, queda todavía por delante un largo recorrido para fijar el marco legal de estas ayudas fiscales, que harían más competitivas a las tres provincias y contribuirían al asentamiento de la población.

Hacía tiempo que los PGE no concitaban el beneplácito de todas las fuerzas políticas y de los agentes económicos y sociales de la provincia, al menos con una de sus medidas como ha sido la recogida en una de las disposiciones finales de los presupuestos por la que el Gobierno central asume el compromiso de establecer las vías necesarias para el “máximo aprovechamiento” de las nuevas directrices europeas sobre las ayudas estatales de finalidad regional; en concreto las ayudas al funcionamiento de las empresas en aquellas provincias con una población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado y zonas adyacentes con una densidad similar.

Se trata de las ayudas de hasta el 20% de los costes laborales de los que ya gozan los países nórdicos en zonas despobladas, a las  que ahora, según las Directrices sobre las ayudas estatales de finalida regional aprobadas por la Comisión Europea en abril de este año, y a las que ahora podrán acogerse también las provincias de Teruel, Cuenca y Soria.

Tras la inclusión de las mismas en una disposición adicional de los PGE del próximo año, los tres gobiernos autonómicos que pelearon por ellas ante la Comisión Europea se reunieron para conocer el informe que ha hecho el despacho de abogados Garrigues sobre cómo podrían aplicarse estas ayudas.

El informe lleva fecha del 13 de octubre y el jueves fue enviado al Gobierno central para que empiece a trabajar en el marco jurídico que será necesario para poder aplicarlas, y que deberá avalar la Comisión Europea, una vez que ya autorizó que este tipo de ayudas al funcionamiento se pueden conceder en estas tres provincias españolas con una densidad inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado y en los territorios adyacentes con problemas similares.

La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, se reunió el jueves por la tarde de forma telemática con el vicepresidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez-Guijarro, y con el consejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, para conocer los pormenores del informe jurídico hecho por el despacho Garrigues con planteamientos concretos sobre cómo podrían darse estas ayudas.

La propuesta sigue el modelo Noruego, en donde ya se aplican con éxito, y expone los pasos que deberían seguirse a partir de ahora desde la Administración central para que esas ayudas a los costes laborales tengan encaje en el ordenamiento jurídico español.

En síntesis, plantea que el sistema más operativo, además de sencillo, para aplicarlas sería mediante bonificaciones o reducciones porcentuales sobre las cotizaciones a la Seguridad Social. Para ello propone aplicar una bonificación sobre el tipo de cotización empresarial por contingencias comunes en el Régimen General de la Seguridad Social que redujese los costes laborales hasta en un 20%, y de igual forma en el caso de los trabajadores autónomos.

Sobre la herramienta jurídica más factible para incorporarlas, proponen dos opciones: elaborar un Real Decreto-ley específico o incluirlo en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado a través de una disposición que modifique la Ley General de la Seguridad Social y que incluya a su vez la regulación de estas ayudas.

Disposición adicional

Lo que incluye ahora el proyecto de presupuestos es una disposición adicional con el compromiso de poder aplicar estas ayudas, pero no la fórmula para hacerlo, que es lo que debería introducirse en la tramitación parlamentaria de los PGE, salvo que se opte por la vía del Real Decreto-ley.

El informe jurídico enviado por Aragón y las dos Castillas al Gobierno central para facilitarle este trabajo y que las ayudas puedan aplicarse cuanto antes, plantea que las mismas tengan carácter vitalicio mientras sean compatibles con la normativa europea. Las directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional son para el actual periodo que llega hasta 2027, pero si funcionan, se aplican bien y tienen los efectos deseados de cohesión social y desarrollo territorial seguirán vigentes con posterioridad.

Las mismas, de acuerdo con el informe jurídico elaborado, serían aplicables a empresas que empleen trabajadores por cuenta ajena en las zonas beneficiadas, así como a trabajadores autónomos que desarrrollen su actividad en estos territorios.

El documento señala que no será necesario que las empresas tengan su domicilio social o la totalidad de sus centros de trabajo en la zona asistida, pero que solo serán de aplicación los costes laborales incurridos por las empresas en esos territorios. Además, apunta que deberá exigirse la inclusión de los trabajadores en el Código de Cuenta de Cotización específico de la empresa en dicha provincia, y que residan ahí, además de tener que estar empadronados en ella.

En el caso de los trabajadores autónomos, será necesario exigir que su domicilio fiscal se encuentre en la zona asistida por las ayudas, además de tener que residir y estar empadronado en la misma.

Los expertos que han elaborado el informe consideran que las ayudas deberían ser de aplicación a todas las modalidades de contratos, así como al personal en prácticas, a los socios trabajadores de sociedades cooperativas y en las relaciones laborales especiales, con la excepción del personal de alta dirección y del servicio de hogar familiar.

También se plantea como un requisito de los beneficiarios su incorporación efectiva al Sistema RED (remisión electrónica de datos), al igual que hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social durante la aplicación de la ayuda, y no haber sido excluidos del acceso a beneficios por la comisión de infracciones en el orden social.

Asimismo, ningún beneficiario podrá recibir otras ayudas, que acumuladas sobre las previstas en estas bonificaciones, sobrepasen el límite máximo establecido para las ayudas al funcionamiento de las empresas.

Este tipo de beneficios están reconocidos por la Comisión Europea en las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional en la comunicación que aprobó en abril pasado para el nuevo periodo 2021-2027. Hasta ahora solo podían beneficiarse los países nórdicos en zonas con problemas de despoblación, pero tras las alegaciones planteadas por Aragón y las dos Castillas, con el apoyo del Gobierno de España, se incluyó a las NUTS-3 con una densidad de población inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado y a sus territorios adyacentes en idéntica situación.

Red SSPA

En España corresponde a las provincias de Teruel, Cuenca y Soria, cuyas organizaciones empresariales, agrupadas en la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) presentaron también alegaciones en la misma línea a las nuevas directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional.

La Comisión Europea aceptó las alegaciones presentadas por los gobiernos autonómicos de Aragón y las dos Castillas, así como las de las organizaciones empresariales de las tres provincias, motivo por el cual estos territorios pueden beneficiarse ahora de las ayudas al funcionamiento empresarial.

Se trata de ayudas de Estado, es decir, que no otorga Europa sino los gobiernos de los países miembros a los que corresponda, pero para que no entre en conflicto con la libre competencia de los mercados, debe autorizar la Comisión Europea, que es lo que ocurrió en abril.

El modelo de referencia para optar a estas ayudas son los países nórdicos, en concreto Noruega, donde se aplican ayudas de hasta el 20% de los costes laborales mediante bonificaciones de la Seguridad Social. Lo que plantea el informe enviado por los tres gobiernos autonómicos al Gobierno central es que se siga ese mismo modelo por haber resultado eficaz donde se ha aplicado y ser el más operativo y sencillo.

España debe ahora establecer el marco jurídico para articular estas ayudas y remitirlo a la Comisión Europea para que lo autorice. Las directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional lo que hacen es permitir estas ayudas, pero después las mismas deben encajarse en lo que se conoce como Reglamento general de exención por categorías, en donde se recogen las ayudas compatibles con el mercado interior de la Unión Europea. El informe indica que dicho reglamento deberá adaptarse ahora a las nuevas directrices de la CE, y recurre a él para justificar que el tope de bonificaciones de los costes laborales pueda llegar hasta el 20% de los mismos.

En este sentido, toma como referencia el artículo 15.3 del Reglamento general de exención por categorías, que fija dos condiciones para la aplicación de ayudas regionales de funcionamiento de finalidad regional para evitar o reducir la despoblación. Por un lado que los beneficiarios tengan su actividad económica en la zona de que se trate, y por otro que el importe anual de las ayudas de funcionamiento del beneficiario no sea superior al 20% de los costes laborales anuales.

Por ese motivo se está hablando de que estas ayudas podrían ser de hasta el 20%, ya que también podrían ser inferiores según el marco regulatorio final por el que se opte, puesto que además habría otras fórmulas para aplicarlas aparte de las bonificaciones de los costes laborales. El informe del despacho de Garrigues se decanta en cambio por esta fórmula por ser la más efectiva.

La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, explicó que el Ejecutivo central deberá analizar ahora ese informe y establecer hasta dónde está dispuesto a llegar, pero que por parte de los tres gobiernos autonómicos se es partidario de que sean del máximo permitido, el 20%, y que lo sea para todas las empresas, las ya existentes y las nuevas porque supone una “ventaja competitiva” de primer nivel.

A preguntas de la prensa, Mayte Pérez no concretó cuándo podrían empezar a aplicarse esas ayudas y si sería posible hacerlo desde el 1 de enero, puesto que ahora el Gobierno de España debe fijar la norma jurídica y después debe corroborarla la Comisión Europea.

La consejera indicó que el Gobierno central ya hizo suyas en su día las alegaciones y ahora “seguirá la misma lógica”, como pone de manifiesto que se haya incluido la disposición adicional en los PGE. Consideró que en dos años se ha recorrido un “camino importante”, valoró la sintonía con las organizaciones empresariales que se han movido en la misma línea, y estimó que ahora dar los siguientes pasos “dependerá de los propios tiempos”del Gobierno de España. Por parte de los ejecutivos regionales aseguró que la elaboración de este informe pone de manifiesto que ellos van a “correr como lo estamos haciendo, sin prisa pero sin pausas”, puesto que lo importante es “dar pasos seguros”.

Pérez insistió a este respecto en que lo importante es “estar lo mejor asesorados posibles para no dar pasos en falso, para poder avanzar en la dirección que queremos” para que las empresas que quieran instalarse en la provincia, además de las que ya existen, “puedan tener una bonificación de hasta un 20% de los costes laborales”.

Buena acogida

La inclusión de estas ayudas en una de las disposiciones adicionales del proyecto de Presupuestos del próximo año fue celebrada por partidos políticos y agentes sociales por la importante repercusión que una medida de ese tipo puede tener para el desarrollo de la provincia y el asentamiento de la población.

El presidente provincial del PP, Joaquín Juste, aseguró que era una “buena noticia” porque es lo que “todos habíamos reclamado”, y que una vez autorizadas por la Comisión Europea, “la pelota está en el tejado del Gobierno”.

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, también se congratuló de la incorporación de la disposición adicional con las ayudas al funcionamiento, puesto que así lo habían exigido. “Esta es una de las mejores noticias que recibimos desde nuestra llegada al Congreso y Senado”, dijo, pare recordar que era uno de los requisitos planteados por la agrupación.

Por otra parte, la secretaria general de la Unión Comarcal de CCOO en Teruel, Pilar Buj, comentó que la inclusión del compromiso con estas ayudas en los PGE era una noticia “muy esperada y necesaria porque puede suponer un gran revulsivo si realmente se pone en marcha”.

Un triunfo atribuible a las comunidades autónomas

El presidente aragonés, Javier Lambán, aseguró que las ayudas al funcionamiento empresarial del 20% era un “triunfo indiscutible” de los tres gobiernos autonómicos que han luchado por estas bonificaciones de los costes laborales y un “éxito incontestable del Gobierno de Aragón”.

Lambán hizo estas declaraciones a la prensa para reivindicar el trabajo que llevan haciendo desde hace dos años para conseguir una herramienta que de verdad sea efectiva en la lucha contra la despoblación, sobre lo que aseguró que “no sirven declaraciones grandilocuentes” sino “fórmulas concretas” como ese tipo de bonificaciones, sobre las que aseguró que lo deseable sería poder aplicarlas a otras zonas geográficas que reúnen los mismos requisitos de estar por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

Atribuyó el 50% del éxito al Gobierno de Aragón, que fue quien empezó a trabajar en este asunto a principios de 2019, y el 25% a cada una de las otras dos comunidades autónomas, Castilla-La Mancha y Castilla y León, que son con las que han trabajado de forma conjunta.

El presidente se congratuló de que hubiesen tenido éxito finalmente y comentó que “hay atribuciones de éxito por parte de otros que son absolutamente infundadas y producto de otra manera de entender la política que no es la nuestra”, en referencia a Teruel Existe, aunque sin citarlo de forma explícita, después de que el senador de esta agrupación de electores, Joaquín Egea, colgara un tuit en las redes criticando a los políticos que se atribuían “los éxitos de los demás como si fueran propios”. Lambán aseguró que la forma de entender la política del PSOE es “ser útiles, resolver problemas y no atribuirnos lo que no nos corresponde directamente a nosotros”. La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, calificó de “ridículas” actitudes de ese tipo y valoró en cambio el consenso y el trabajo con las organizaciones empresariales al haber ido unidos.

Los empresarios lo consideran una ventaja competitiva de primer orden

Las organizaciones empresariales turolenses valoraron de forma “muy positiva” que las ayudas al funcionamiento hayan sido incluidas en los PGE puesto que suponen una ventaja competitiva de primer orden.

El presidente de CEOE Teruel, Juan Ciércoles, recordó que llevan “muchos años” trabajando en esa línea y que el hecho de haber conseguido primero que la Comisión Europea las incluyese, y ahora se recojan en los PGE, supone que “cuando la gente remamos todos en el mismo sentido, las administraciones y la empresa privada, los resultados son los que son”.

Añadió que es “importantísimo” para las empresas poder tener una bonificación de hasta el 20% puesto que habrá muchas empresas que quieran apostar por la provincia, ya que podrán contar con ayudas de funcionamiento que no van a disponer en otros sitios. Ciércoles deseó igualmente que esas ayudas puedan llegar el 1 de enero porque el sector empresarial “ha hecho grandes esfuerzos en las zonas despobladas para seguir manteniendo el empleo”.

El presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel, valoró que estas ayudas pueden suponer un “efecto llamada” para que “muchas empresas vengan a nuestro territorio, y lo importante es que lo sepamos transmitir”. Se mostró partidario por otra parte de que se apliquen sobre los costes laborales.