Mayte Pérez asegura que la regulación de las ayudas al funcionamiento está por definir todavía

La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, aseguró este martes que está todavía por definir cómo quedan reguladas definitivamente las ayudas al funcionamiento anunciadas por Pedro Sánchez la semana pasada. Así lo manifestó a la prensa antes de la celebración del primer pleno de la Cámara de Comercio de Teruel, cuyo presidente, Antonio Santa Isabel, consideró que el despliegue planteado es “insuficiente de antemano”.

El tema central del primer pleno de la Cámara tras la reelección de Santa Isabel como presidente de la institución fueron las ayudas al funcionamiento, además de la candidatura de Teruel como sede de la futura Agencia Espacial, la afección a las empresas de las subidas de los costes energéticos y la carretera N-420.

El pleno contó con la presencia de la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, a la que Santa Isabel trasladó que el despliegue de las ayudas anunciado les parece “insuficiente de antemano” porque no cubre las necesidades de las empresas de estos territorios y, por tanto, no cumplen la función para las que estaban pensadas.

No obstante, Santa Isabel quiso lanzar un mensaje de prudencia hasta que no se publiquen en el BOE, pero indicó que si las ayudas solo se aplican sobre las cuotas a la Seguridad Social, tendrían un impacto de entre 10 y 11 euros en una nómina de 1.050 euros (SMI), mientras que si se hace sobre la totalidad de los costes laborales, el ahorro alcanzaría entre 60 y 70 euros.

Autónomos

En cuanto a la posible exclusión de los autónomos, recordó que hay 2.600 empresas turolenses en municipios de menos de 1.000 habitantes de las más de 9.000 existentes, y que la mayoría las gestionan trabajadores por cuenta propia, “con lo que si se quedaran fuera sería muy preocupante”.

Mayte Pérez señaló que asistía al pleno cameral en calidad de invitada con la intención de escuchar y recoger las demandas del empresariado turolense y abordar con ellos estrategias compartidas. En este sentido, señaló que los objetivos fundamentales del equipo de Gobierno son el fortalecimiento de los servicios públicos y la generación de condiciones idóneas para la inversión.

Respecto a las ayudas al funcionamiento, reiteró que fue el Gobierno de Aragón quien tuvo la iniciativa. Afirmó que lo importante es que son “una medida más para generar un músculo que la provincia necesita”. Añadió que todavía está por definir cómo van a regularse y que la mesa de diálogo social sería el marco idóneo para establecer las condiciones y los requisitos, y “definir cómo quedan reguladas definitivamente”.

Valoró asimismo la “intensidad” de las ayudas que reciben el tejido empresarial del territorio, como las de incentivos regionales, y dijo que el Gobierno de Aragón es el único que las complementa hasta el máximo permitido y que en la provincia de Teruel exclusivamente van del 20% al 40% de la inversión en función del tamaño de la empresa, así como el Fite, “que tampoco tienen otras provincias españolas”. “Tenemos que poner el foco en las excepcionalidades que tiene Teruel para alinearlas y aprovecharlas al máximo”, afirmó.

El hecho de que las ayudas al funcionamiento sean retroactivas e indefinidas “es una buena noticia” que “abre camino” y que “tienen mucho margen de mejora y crecimiento”. Recordó que en los países del norte de Europa como Noruega y Suecia también se aplican moduladas y que, en función del impacto que tengan en Teruel, Cuenca y Soria, “habrá margen para modificarlas”. “Recibo las propuestas del sector en positivo, pero tenemos que valorar la excepcionalidad que se está teniendo con la provincia de Teruel”, comentó.

Sobre la posibilidad de aplicarlas en provincias limítrofes con los mismos problemas, recordó que en una cumbre en Soria los presidentes autonómicos abogaron por ello. Y puso como ejemplo Daroca, “que comparte una realidad igual o incluso peor que Calamocha, pero no cuenta con las mismas ayudas”. En cualquier caso, dijo que hay que empezar por estas provincias, tal y como ha reconocido la UE, para posteriormente poderlas extender a otros territorios que comparten la misma situación.