La polémica por la financiación denota el fracaso de las políticas contra la despoblación

La nueva polémica surgida en torno a la financiación autonómica denota el rotundo fracaso de las políticas contra la despoblación en el terreno práctico desde que tras la VI Conferencia de Presidentes celebrada en 2017 el problema entrase de lleno en la agenda del Estado como prioridad, porque en el campo teórico siguen haciéndose planes, estrategias, estudios e informes, además de adquirirse compromisos, que luego quedan en papel mojado. La confrontación política que ha desatado entre los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, el último informe sobre los criterios que deben aplicarse en el nuevo modelo de financiación autonómica, cuestiona la capacidad de ambos por responder no ya a una demanda, sino a un mandato constitucional que garantiza “la igualdad de todos los españoles” y que está recogido en varios artículos de la Carta Magna.

Desde que la VI Conferencia de Presidentes celebrada en enero de 2017 considerara el problema demográfico como un asunto de Estado prioritario, se han dado pasos que sobre el papel garantizaban la igualdad de todos los ciudadanos con independencia del lugar donde viviesen, pero las medidas prácticas contra la despoblación puestas en marcha han sido pequeños parches cosméticos. Asuntos claves en esta materia como la financiación autonómica siguen sin resolverse y solo alientan la confrontación en el debate político mientras se sigue ignorando la realidad de los territorios despoblados.

Las esperanzas puestas por la provincia de Teruel tras aquellos compromisos se están convirtiendo de nuevo en escepticismo, y más después de lo sucedido con las ayudas al funcionamiento de las empresas autorizadas por la Comisión Europea, pero que el Estado español está aplicando en unos porcentajes mínimos y que son considerados insuficientes.

Aquel acuerdo alcanzado el 17 de enero de 2017 entre el entonces presidente de España, el popular Mariano Rajoy, y los presidentes de las comunidades autónomas, reconocía explícitamente el problema del reto demográfico y la despoblación, e implícitamente asumía que la financiación autonómica debía ser fundamental para resolver esas desigualdades para cumplir un mandato constitucional. Desde entonces se han anunciado estrategias, planes y medidas, además de adquirirse compromisos políticos en los programas electorales, que han derivado de nuevo hacia la exclusión del criterio de despoblación en la financiación para cubrir los servicios públicos, con independencia de los argumentos que dan unos y otros: el PSOE acusa a los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, mientras que los populares señalan a los socialistas al afirmar que las políticas de Estado las fija el Gobierno central.

Mientras se gestaba la Revuelta de la España Vaciada a principios de 2019, con el socialista Pedro Sánchez ya como presidente del país tras la moción de censura contra Rajoy el año anterior, el Gobierno de entonces impulsaba la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, aprobada por el Consejo de Ministros dos días antes de la gran manifestación que protagonizaron en Madrid el 31 de marzo de ese año organizaciones y plataformas de toda la España rural.

Estrategia Nacional

La Estrategia Nacional, consecuencia de aquella VI Conferencia de Presidentes, desplegó un Plan de 130 Medidas frente al reto demográfico en el que se estableció que la despoblación sería tenida en cuenta en el nuevo modelo de financiación autonómica.

El punto 10.4 de dicho plan señala que “la reforma del sistema de financiación autonómica y local garantizará la vertebración territorial y la igualdad de los españoles en el acceso a los servicios públicos esenciales independientemente del lugar donde residan”.

El documento añade que “entre los principios y líneas configuradoras del nuevo sistema de financiación autonómica, deberán contemplarse aspectos tan importantes como los de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos fundamentales”.

Una de las pocas medidas efectivas que se reconocen hoy como vitales para asentar y atraer población a los territorios es que haya unos servicios públicos de calidad en igualdad de condiciones a los que existen en las grandes ciudades. Y para poder garantizarlo la financiación autonómica es determinante.

Lo establecen las normas por las que se rige la democracia española, tal como recoge el informe elaborado por varios académicos universitarios titulado Despoblación, cohesión territorial e igualdad de derechos, encargado por el propio Gobierno de España y que realizó el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

En este trabajo, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, Francisco Velasco Caballero, junto con otros autores, explica que “hay ciertos servicios públicos, como por ejemplo sanidad o educación, que las comunidades autónomas se encargan de prestar y gestionar, mientras que el dinero para financiarlos se aporta desde el Estado mediante el sistema de financiación autonómica”.

Velasco advierte que “esta situación puede dar lugar a disonancias entre el coste real de la prestación del servicio y lo que la comunidad recibe por parte del Estado”, además de poder “darse el caso de que la financiación estatal supere el coste de la prestación de los servicios, que mide el coste real de prestar un determinado servicio público”.

“El acuerdo generalizado entiende que todas las comunidades deben recibir una cantidad lo más ajustada posible al coste efectivo de los servicios, pero esto no es así en muchos casos”, aclara el documento, que señala que “las comunidades autónomas con un mayor porcentaje de zonas despobladas son las grandes perjudicadas”.

Pone como ejemplo que “los pagos unitarios por la prestación de servicios sanitarios o educativos tienden a ser similares entre comunidades”, y que “si una comunidad atiende a un número determinado de pacientes o de alumnos, recibirá un pago por parte del Estado adecuado al número de personas atendidas, sin ajustar ese pago a otros criterios. Sin embargo, el coste de la prestación de servicios es mucho más alto en las áreas despobladas”.

Los expertos concluyen indicando que se deben ponderar esos factores para que la financiación autonómica asuma “el coste efectivo desde el punto de vista de los entornos de aglomeración o despoblación donde se prestan los servicios”.

El informe del grupo de trabajo remitido en diciembre de 2021 a las comunidades autónomas sobre el cálculo de la población ajustada contemplaba la consideración del fenómeno de la despoblación para aplicarlo a la financiación autonómica. El nuevo documento enviado por el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas a finales de enero pasado lo descarta, así como la orografía.

Esa exclusión ha desatado una fuerte polémica en Aragón y ha suscitado el cruce de reproches entre las dos fuerzas políticas mayoritarias que han tenido responsabilidades de gobierno mediante la alternancia del poder en las administraciones central y autonómica, el PSOE y el PP. Los populares, que gobiernan ahora en Aragón, acusan a los socialistas, al frente del Ejecutivo central, de eliminar ese criterio, mientras que estos últimos reprochan a los primeros que tergiversen la realidad.

Desmentido

El Partido Socialista, con desmentido del Ministerio de Hacienda incluido, señaló esta semana que lo que recoge el último documento no es la propuesta del Gobierno, sino las conclusiones de los técnicos a partir de las propuestas hechas por las comunidades autónomas, que con la excepción de Aragón, Castilla y León, y Cantabria, no han pedido que la despoblación y la orografía sean tenidas en consideración como criterios ponderables para la financiación.

El PSOE en su defensa apunta a las comunidades autónomas gobernadas por el PP como las culpables, ya que Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana defienden otro criterio que prime su número de habitantes. Además, critica al líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, de no asumir los compromisos que había adquirido de primar la despoblación en sus políticas, ni cumplir con las declaraciones suscritas por las comunidades autónomas con problemas demográficos, entre ellas la gallega, de la que fue presidente.

Por su parte, el PP señala que el documento no es un trabajo técnico a partir de las aportaciones hechas por las comunidades autónomas, sino la propuesta del Gobierno central sobre financiación y que revela su intención de no tener en cuenta ni la despoblación ni la orografía. Los populares argumentan que responde solo al interés de que Cataluña sea privilegiada al encontrarse el PSOE cautivo de los votos de los partidos nacionalistas. El PP considera que su aprobación corresponde al Estado, que se escuda en las comunidades autónomas cuando en otros asuntos no tiene en cuenta su opinión.

La Constitución establece en su artículo 149 que al Estado le compete en “exclusiva” la “regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles”. En aras de la búsqueda de consenso, las consultas realizadas a las comunidades autónomas han evidenciado el egoísmo de las más pobladas, lo que ha dejado de lado el criterio de la despoblación y la orografía para el nuevo modelo de financiación autonómica, a pesar de existir compromisos políticos de atender estas peculiaridades por parte de las formaciones mayoritarias, y haber también un consenso de casi todas las fuerzas políticas expresado durante la pasada legislatura en el Congreso de los Diputados.

La única formación que se quedó al margen fue Vox al abstenerse en la votación de una moción que presentó la entonces agrupación de electores de Teruel Existe, antes de transformarse en partido político. Fue a mediados de 2020 cuando se votó y salió adelante fruto del consenso al ser transaccionada con el PSOE, UP, PP y Cs. Uno de los puntos recogidos fue garantizar una “financiación suficiente” a los territorios con problemas de despoblación.

A eso se han sumado múltiples declaraciones de las comunidades autónomas con problemas de despoblación para pedir una financiación autonómica acorde con el coste real de los servicios. Lo han hecho a través del grupo de trabajo creado en 2013 denominado Foro de Regiones con Desafíos Demográficos, auténtico espíritu en sus inicios del Pacto de Estado contra la Despoblación. La mayoría de las comunidades que formaban parte del grupo han dado ahora la espalda a esa reivindicación en las propuestas hechas al Ministerio de Hacienda, con la excepción de Aragón, Castilla y León y Cantabria.

Y eso a pesar de que los programas políticos de las elecciones generales de 2023 tanto del PSOE como del PP recogían con meridiana claridad el compromiso de una financiación que tuviese en cuenta la despoblación. En el del PSOE se indicaba en el bloque VI que el nuevo modelo reconocería “el mayor coste que determinadas variables” provocaban en la prestación de servicios; mientras que el del PP abogaba en su punto 259 por “un reparto equitativo de los recursos”. No obstante, la palabra despoblación brillaba por su ausencia en ambos.

Insolidaridad territorial

En medio de la insolidaridad territorial y de los reinos de taifas en que se ha convertido el Estado de las Autonomías, provincias como Teruel vuelven a ser marginadas por el nuevo modelo de financiación autonómica que se está planteando al no entender, unos y otros en función de sus intereses partidistas, que los recursos destinados a cada territorio deben atender el coste real que tiene la prestación de los servicios públicos. Se manifiesta así el completo fracaso de las políticas de lucha contra la despoblación y la incoherencia de los partidos ante este fenómeno en unos tiempos en los que la política ha decidido desconectarse de la sociedad, con los graves riesgos que eso conlleva frente al avance de los populismos.

La mayoría de las comunidades del Foro de Regiones con Desafíos Demográficos hace ahora oídos sordos

En medio del mar revuelto y tormentoso en que se ha convertido la política española, las alianzas urdidas desde hace más de una década por aquellos territorios con problemas demográficos no han servido de nada para presionar ante las comunidades más ricas que lo devoran todo.

En 2013 se creó el Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos (FREDD). Las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Castilla y León y Galicia fueron las pioneras, a las que se fueron sumando después otros gobiernos regionales. Fueron los que presionaron para que en la Conferencia de Presidentes de 2017 el reto demográfico y la despoblación entrasen en la agenda del Estado como prioridad.

Desde entonces se han sumado otras autonomías y se han suscrito numerosas declaraciones, entre ellas la de Santiago, cuando Alberto Núñez Feijóo todavía era presidente de Galicia. En la declaración institucional de la reunión celebrada en Santiago de Compostela en 2021 se pidió que la financiación tuviese en cuenta el problema demográfico, tal como se había pedido en 2018 en la cumbre de autonomías celebrada en Zaragoza o en la reunión de la FREDD un año antes en Teruel.

La declaración fue suscrita por los presidentes de Galicia, Cantabria, Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, y Castilla y León. Salvo tres de estas autonomías el resto se ha desmarcado ahora.