La Plataforma de los Paisajes defiende una transición energética justa, equitativa y ecológica

El portavoz de la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel, Javier Oquendo, defendió este jueves en el Senado una transición energética justa, equitativa y ecológica basada en el autoconsumo y la generación distribuida frente a los proyectos centralizados de energías renovables que ocupan grandes extensiones de terreno en la España vaciada.

Gracias a la invitación de Teruel Existe, Oquendo abogó ayer en la Comisión de Transición Ecológica de la Cámara Alta por que los procesos de los parques energéticos sean transparentes y los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) más rigurosos y ajustados a los plazos marcados.

Además, propuso que se aumente el periodo de información pública según las dimensiones del proyecto, que se aplique la prohibición de fragmentar y que se tengan en cuenta el principio de precaución y el de no regresión ambiental, abogando por una ordenación y planificación tanto en la producción energética como en la economía de los territorios.

104 proyectos en tramitación

Según informó Oquendo, en la provincia de Teruel hay en este momento 104 proyectos eólicos en tramitación y 54 fotovoltaicos, más 17 en funcionamiento, además de un centenar de subestaciones proyectadas, kilómetros de líneas de alta tensión y movimientos de tierra. Por este motivo, el representante de la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel mostró su preocupación en el Senado por todas las afecciones que generarían estas iniciativas, en caso de llevarse a cabo, en el paisaje, biodiversidad, actividades tradicionales, acuíferos, agricultura, ganadería, caza, turismo y patrimonio.

Oquendo comenzó mostrando todo el respaldo a las energías renovables como “única alternativa” a los combustibles fósiles, aunque preferiría que se implementaran con otro modelo más “justo, equitativo y ecológico”.

“Para ser justa, la transición tiene que ser razonable”, dijo, así como equitativa a las necesidades de cada territorio. En este sentido, dijo que el objetivo de Teruel “no es repoblar a cualquier precio”, pues “no necesitamos” que, a cambio de dinero, “se nos quiten otros elementos que son importantes”.

También pidió que se ajusten a derecho todas las normas, sin buscar resquicios para que clústeres que suman centenares de megavatios (MW) se puedan tramitar como pequeños proyectos de 49,9 MW. “No es ilegal, pero es alegal”, pues “un proyecto grande tiene efectos sinérgicos, acumulativos sobre más elementos, y eso queda desdibujado cuando se habla de pequeños proyectos”, apuntó.

Oquendo hizo una defensa de la energía distribuida “para que la biodiversidad no sufra más de lo que ya ha sufrido hasta ahora si seguimos ocupando espacios” y “desnaturalizándolos”.

Habló de democratizar la energía convirtiendo al consumidor en productor, pero para ello “no es posible que tramitar medio MW sea igual en documentos que una central de 300 MW; eso es poner palos en las ruedas”. También pidió que el enganche a red sea sencillo y no esté copado por las grandes empresas.

Advirtió de los proyectos especulativos de empresas que desarrollan parques que no llegarán nunca a operar, y alertó de que el día en que “explote la burbuja” los agricultores se quedarán con los molinos en el campo y con dificultades para dirigirse a los fondos que los construyeron. “¿Por qué las empresas alquilan para 30 años unos terrenos que es más barato comprar?”, se preguntó.

Pidió ampliar plazos de información pública en función de la magnitud del proyecto y afeó que el Clúster Maestrazgo, con una densa documentación de 45.000 folios, se publicara desordenado para “dificultar aposta”.

“No se puede favorecer la expropiación forzosa a personas que viven de ese territorio”, dijo Oquendo, que instó a proteger al sector agrícola y turístico.

Lo peor, la brecha social

Cerró invitando a evitar la confrontación social por este tema, pues los proyectos “están fragmentando los pueblos de manera bestial, vecinos contra vecinos, los que tienen un molino contra los que no”, y consideró esta afección como “la mayor”. Por último, pidió “ordenación, planificación y diversificación”.

Tras la intervención de Oquendo tomó la palabra el senador de Teruel Existe Joaquín Egea, que recalcó que los 104 proyectos llevan aparejados 7.000 MW, tanta potencia instalada como “todas las nucleares de España”, y que el desarrollo de estas centrales “va a ocupar el 10% del territorio”, lo que en su opinión representa “poner una provincia al servicio del desarrollo de otros”.

“Las empresas no pueden ir a los territorios a sangre y fuego sin tener en cuenta los territorios”, acabó Egea.

El portavoz del PP, Juan Manuel Juncal, opinó que “el paisaje no gana” con aerogeneradores de 200 metros, si bien “en los próximos años no vamos a tener otra solución de generar energía de una forma sostenible”, por lo que instó a “adaptarnos y asumirlo”, aunque “minimizando costes sociales y evitando deterioros patrimoniales” entre los que se incluye “el ecológico”.

Por su parte, María Cristina Narbona (PSOE) apoyó la democratización del mercado eléctrico para huir del “oligopolio” actual que incrementa los precios de la electricidad. La socialista recordó que el 19 de octubre la Secretaría General para el Reto Demográfico se reunirá con plataformas como Teruel Existe “para poner en común todas las carencias” de la actual regulación eléctrica, y animó a acudir a la Fiscalía de Medio Ambiente en caso de que los proyectos burlen la legislación europea y española.