La ministra Ribera hace oídos sordos al clamor para aplicar ya las ayudas al funcionamiento en Teruel, Cuenca y Soria

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, volvió a arrojar un jarro de agua fría sobre las expectativas que las empresas de Teruel, Cuenca y Soria tienen de recibir pronto las ayudas al funcionamiento, tal como autorizó la Comisión Europea hace un año. La también ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hizo oídos sordos al clamor que existe para que se apliquen ya, durante su intervención en la jornada sobre despoblación organizada por Next Educación en Molina de Aragón (Guadalajara).

Ribera dijo que esas ayudas de Estado, que pueden suponer bonificaciones de hasta el 20% de los costes laborales, no bastan para luchar contra la despoblación, y eso que el Señorío de Molina las reivindicó también al ser colindante con la provincia de Teruel y constituir el corazón de la despoblación, puesto que cuenta con una densidad demográfica de tan solo 1,8 habitantes por kilómetro cuadrado.

Las palabras de la ministra, que anunció la inminente convocatoria a nivel estatal de un paquete de 16,2 millones de euros para financiar proyectos innovadores de transformación territorial y lucha contra la despoblación, se suman a las que a lo largo de las últimas semanas han expresado otros miembros del Gobierno central en el sentido de que se trabaja en su estudio pero sin vistas de cuándo ni cómo se aplicarán.

Eso está provocando una gran incertidumbre por la indecisión del Ejecutivo en la aplicación de estas ayudas, un instrumento que ha autorizado la Comisión Europea para las provincias con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, pero que debe ser el Estado quien las aplique y asumir sus costes, porque supondría menores ingresos en un principio en las cuentas de Hacienda en las tres provincias. El propio presidente aragonés, Javier Lambán, urgió al Estado a que se den sin más dilación esas ayudas durante el pasado acto institucional del Día de Aragón en Teruel.

En una carta que acaban de enviar las organizaciones empresariales de las tres provincias a los partidos pidiendo su colaboración para hacer que se implanten, los empresarios muestran su preocupación por lo que califican de “pasividad” por parte de la Administración central y el temor a ver “frustrada” la llegada de estas ayudas, cuya finalidad no es otra que generar más empleo y competitividad para asentar y atraer población.

Todos los participantes en la jornada de Next Educación, que contó con una amplia representación aragonesa entre los ponentes, coincidieron en que el empleo es fundamental y prioritario, puesto que si hay trabajo habrá personas y con ellas servicios, y es lo que pretenden las ayudas al funcionamiento.

Durante la inauguración, los representantes de las instituciones reclamaron también que el Señorío de Molina se pueda beneficiar de estas ayudas, sobre las que con frecuencia se habla de forma imprecisa.

La coordinadora de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), Sara Bianchi, que intervino en una de las mesas de debate, aclaró el concepto de lo que eran las ayudas de Estado autorizadas por Europa, que hasta ahora en España habían sido únicamente de inversión para la instalación de nuevas empresas o la ampliación de las existentes, a las que ahora se han sumado las de funcionamiento.

Este otro tipo de ayudas consiste en la bonificación de hasta el 20% de los costes laborales,  equiparando así a Teruel, Cuenca y Soria con los territorios despoblados del norte de Europa por su baja densidad demográfica, para facilitar de esa manera la generación de empleo. Pero a tenor de lo visto por enésima vez en Molina de Aragón y de las últimas manifestaciones de varios miembros del Gobierno, desde el Estado no se está entendiendo de igual forma y pese a su eficacia en Noruega aquí en España lo que se está haciendo ahora es estudiar su efectividad.

Justificar ante Europa

Bianchi advirtió que es importante que se apliquen ya para mostrar su eficacia ante la Unión Europea cuando se revisen este tipo de ayudas, y poder justificar su ampliación a otros territorios, puesto que el criterio actual aplicado por la CE es la circunscripción provincial. Eso permitiría, si se revisase, que comarcas como la del Señorío de Molina pudiesen ser incluidas.

En cambio, la vicepresidenta no dio señales de desbloquear ese asunto al referirse a las ayudas en la inauguración de la jornada. En este sentido, Ribera dijo de forma genérica que entre las políticas a aplicar está el impulso “al emprendimiento y la creación de empleo” mientras se siguen estudiando las ayudas al funcionamiento, cuyo compromiso está recogido en una disposición transitoria de los Presupuestos Generales del Estado.

“Es cierto que aquí de nuevo encontramos muchas medidas que tendremos que impulsar simultáneamente”, dijo, para redundar en que “el mapa de intensidad de ayudas que nos autoriza la UE nos permite trabajar también con esa diferenciación entre territorios; nos permite trabajar en cómo aprovechamos esas oportunidades en el territorio”.

Añadió que “es cierto que eso no basta”, en referencia a las ayudas al funcionamiento sin citarlas de forma explícita, y apuntó en cambio hacia otras medidas que “impulsen el emprendimiento, sobre todo en chicos jóvenes, en mujeres”, al resultar “determinante”, junto a la instalación de nuevas actividades y proyectos tractores.

No aclaró tampoco nada en las declaraciones posteriores que hizo a la prensa, donde expresó de nuevo la voluntad del Gobierno pero sin más cuando se le preguntó por la posibilidad de que el Señorío de Molina pudiese beneficiarse también de esas ayudas. Contestó que seguían trabajando con Hacienda sin esclarecer en qué iba a quedar todo, y manifestó que “es muy importante absorber con inteligencia todos los recursos y todas las oportunidades que existen en el entorno de esa singularización de los elementos que nos permiten intensificar las ayudas”.

La inconcreción de la ministra fue criticada en la mesa protagonizada por los periodistas participantes en la jornada, entre los que estaban el director de DIARIO DE TERUEL, Chema López Juderías, que pidió “dar un paso más” y “profundizar” ya en las medidas, y la delegada de TVE en Teruel; Silvia Barraca, que reclamó que el Gobierno “se deje excusas” y “aplique” las ayudas al funcionamiento.

También la eurodiputada Cristina Maestre manifestó en otra de las mesas que este tipo de ayudas es “esencial” porque constituyen “un incentivo extraordinario y útil”, que “puede ayudar a estimular la incorporación de empresas y de familias en las zonas rurales”

La jornada organizada por Next Educación fue presentada por su presidente, Manuel Campo Vidal, y contó en la clausura con la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, quien dijo que el diagnóstico se tiene y “nos toca actuar”; y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que abogó por hacer converger los territorios en derechos y oportunidades.

Allué destaca la apuesta por los servicios y la fiscalidad 

La jornada de Next Educación Señorío de Molina: corazón de la despoblación puso de manifiesto que hay ya mucho conocimiento y debate sobre el problema, pero también mucha ignorancia e imprecisión sobre algunas cuestiones, además de avalar que algunas administraciones llevan tiempo trabajando en ello y que urge avanzar ahora desde el Estado, tanto a nivel institucional como de la opinión pública, evitando la frivolización.

El comisionado aragonés para la lucha contra la despoblación, Javier Allué, destacó la apuesta que desde hace años algunas autonomías están haciendo por hacer frente a este problema apostando por los servicios, y ahora también por una fiscalidad diferenciada a través de la aprobación de leyes como el proyecto de Ley de Dinamización del Medio Rural que acaba de aprobarse en Aragón. En este sentido, reconoció el “esfuerzo” hecho por las autonomías y las administraciones públicas cercanas al territorio para combatir este fenómeno, y aseguró que “las legítimas reivindicaciones del medio rural son compatibles con un discurso optimista de las posibilidades y de las potencialidades de nuestros pueblos”. Reclamó igualmente una financiación que se adapte al coste real de los servicios.

El alcalde de Alcañiz y sociólogo, Ignacio Urquizu, que intervino en otra de las mesas, incidió también en la financiación no ya solo autonómica sino local, porque sin fondos no hay recursos para hacer frente a este problema, si bien reconoció que no solo era “complejo” sino que “tiene difícil solución si la tiene”.

Urquizu alertó que la reivindicación que más escucha son las infraestructuras, cuando se sabe que provocan despoblación al irse la gente, y abogó por generar ecosistemas para que quienes viven en el territorio desarrollen sus estrategias. Pidió a la vez descentralizar el conocimiento, y apuntó que en EEUU las mejores universidades están en poblaciones de 30.000 u 11.000 habitantes.