La jefa de Otorrinolaringología del hospital de Teruel denuncia en el Juzgado a los gerentes del Salud

La doctora Teresa Lahoz, responsable del servicio de Otorrinolaringología hasta noviembre pasado en el Hospital Obispo Polanco, ha presentado una denuncia en el Juzgado por presunta prevaricación contra los gerentes del Salud en Teruel y Aragón al haberle retrasado el traslado que tenía concedido a Zaragoza. El Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel ha iniciado actuaciones y el martes la denunciante fue citada en sede judicial para ratificarse en la querella, mientras que para mañana están citados a declarar los denunciados.

La querella por presunta prevaricación es contra los gerentes del Salud en Teruel y Aragón, Perla Borao y José María Arnal respectivamente, a quienes la denunciante acusa de haber tomado una decisión injusta siendo conscientes de ello para no permitirle su traslado a Zaragoza, que había ganado y que en junio del año pasado le suspendieron de forma indefinida sin causa justificada, según recoge la denuncia.

Fuentes del Departamento de Sanidad declinaron ayer pronunciarse sobre este asunto a la espera de lo que resuelva el juzgado. Tanto la doctora Lahoz como otra especialista que había ganado la plaza en propiedad en el mismo servicio en el Obispo Polanco, pero de la que no llegó a  tomar posesión y está en excedencia desde entonces por cuidado de hijo, solicitaron el traslado de hospital y el Salud les difirió el cese para poder hacerlo.

La doctora Lahoz presentó la querella en el Juzgado a finales de noviembre del año pasado, y el 1 de diciembre recibió por fin el cese de la plaza que ocupaba en el Obispo Polanco para poder tomar posesión de la que había ganado por un concurso de traslados en otro hospital de Zaragoza en la misma especialidad de Otorrinolaringología.

La querella por la vía judicial la interpuso después de haber presentado un recurso de alzada por vía administrativa, que está pendiente de resolver todavía, contra una resolución del Salud que difería su traslado indefinidamente a pesar de que tendrían que haberla cesado de su plaza el pasado 3 de junio para poder ocupar la nueva que había ganado en Zaragoza y que ha estado ocupada por una persona interina.

En la demanda se argumenta que cuando se hizo el concurso de traslados, fueron más de doscientos profesionales los que se movieron de centro sanitario, pero ella fue la única profesional en activo a la que difirieron su cese indefinidamente, lo que a su juicio no puede hacerse.

La doctora Lahoz aseguró   que había ratificado su querella al ser citada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, a pesar de que por fin le han permitido el traslado, por considerar que han prevaricado contra ella puesto que tendría que haber cesado de su plaza del Obispo Polanco el 3 de junio y se lo difirieron indefinidamente.

“Desde mi punto de vista eso no es legal, tienen que poner un periodo de tiempo”, aseguró Lahoz, quien recordó que el problema por la falta de especialistas en Otorrino del Obispo Polanco  debe solucionarlo la Administración e intentar retenerla a ella no era una solución.

El problema en este servicio viene de largo por la ausencia de profesionales que quieran quedarse a trabajar en el hospital de Teruel. Fuentes del Salud recordaron que el traslado solicitado por las dos titulares de plaza se les denegó por razones de necesidad del servicio, y que cuando han empezado a acudir en diciembre dos especialistas de Zaragoza se les ha concedido. Estos dos otorrinos que se desplazan desde Zaragoza hacen cuatro jornadas de consulta y un quirófano, según indicaron desde el Departamento de Sanidad.

El conflicto tiene su origen en el concurso de traslados convocado por el Salud en febrero de 2020, al que optó la doctora Lahoz y ganó una plaza en un hospital de Zaragoza. En enero del año pasado el BOA publicó una resolución que regulaba las tomas de posesión de los facultativos, pero dos semanas después salió una corrección de errores que dejaba indefinido el tiempo que podía diferirse un traslado.

Argumentos

La querella argumenta que en esa corrección se eliminaba el plazo final de la situación excepcional para diferir el cese, dejando así en una situación de indefensión y de incertidumbre absoluta a los profesionales a quienes se apliquese esa medida.

En la demanda se incide en que cuando el gerente del Salud desvincula los traslados de la oferta pública de empleo sabe que no dispone de suficientes médicos para cubrir las vacantes que van a quedar en los hospitales periféricos como es el caso de Teruel. Argumenta en este sentido que al diferir indefinidamente su traslado se estaba asumiendo un poder absoluto sobre los profesionales a quienes se les iba a aplicar, no expresando ninguna intención de tomar medidas para solucionar el problema y considerándolo así resuelto.

Para la querellante, esta forma de actuar traslada la responsabilidad de los poderes públicos a una ciudadana, con la consiguiente afectación a su carrera profesional y su vida personal. Argumenta además que la corrección de errores del BOA tenía la naturaleza de acto administrativo de carácter general, y debería haberse aplicado también a otros servicios en los que la actividad estaba muy mermada con la ejecución de los traslados, pero en cambio solo se le aplicó a ella.

Incide en su denuncia que ella fue la única facultativa en activo de los 282 participantes en el proceso de movilidad voluntaria a quien se aplicó esa resolución, actuación que considera irregular, arbitraria e injusta, puesto que se permitió que una interina continuara en Zaragoza ocupando una plaza que ella había ganado y que desencadenó en ella un estado de depresión y ansiedad que requirió de una baja laboral.

En la denuncia explica también que desde 2019 ha insistido en la gerencia del Salud que se adoptaran medidas para paliar la situación de falta de facultativos en el servicio de Otorrino, avisando continuamente que los compañeros que iban llegando buscaban trabajo en otras comunidades para marcharse y no tenían intención de quedarse, con lo cual el problema no terminaba de resolverse, lo que considera que pone de manifiesto el desinterés mostrado por la Administración de resolver esta situación.