La Fiscalía pide siete años de prisión por un delito de estafa

La Fiscalía pidió este martes siete años de prisión para un hombre acusado de estafa y falsedad en documento mercantil por apropiarse presuntamente de más de 370.415 euros que, según la acusación, habría retirado a lo largo de más de cuatro años de las cuentas de ahorro de sus titulares aprovechándose de la documentación de cada uno de ellos que obraba en poder de su esposa como agente colaboradora de la entidad bancaria con la que trabajaba.

El asunto quedó este martes visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Teruel tras una sesión que se desarrolló más rápido de lo que se esperaba y en la que el acusado se negó a responder a las preguntas tanto de la Fiscalía como de la acusación particular.

A preguntas de su abogada, el acusado, J. M. F. B., negó que se hubiese apropiado de cantidad alguna y aseguró desconocer dónde está el dinero que se sacó de las cuentas de las víctimas. Manifestó que el dinero que retiraba de la oficina bancaria lo entregaba a la que entonces era su mujer, que en realidad era la que estaba autorizada para realizar esas operaciones como agente colaboradora de la entidad, o en alguna ocasión directamente al cliente.

La estafa de los 370.415 euros la realizó, según las acusaciones, entre septiembre de 2011 y enero de 2016. Los afectados eran clientes del Banco Santander que vivían en Samper de Calanda, donde residía también el acusado, cuya esposa en aquel entonces era agente colaboradora de la entidad y su oficina operaba como una sucursal.

La Fiscalía argumentó que el acusado rellenaba documentos de reintegro a nombre de los clientes y falsificaba sus firmas, retiraba las cantidades en efectivo de la oficina de Híjar con la fotocopia del DNI de las víctimas al estar autorizada su mujer, y se quedaba el dinero.

Juicio

En el juicio se vio que aunque era la mujer la que figuraba como agente colaboradora, era el marido quien realizaba las operaciones y se relacionaba tanto con los clientes como con el banco, que por confianza no puso objeciones a esta forma de operar.

Los hechos delictivos se destaparon a raíz de que el subdirector de la entidad en Híjar observara un movimiento singular en unas cuentas y contactara con los clientes, a raíz de lo cual otros afectados comprobaron que también les habían retirado dinero sin darse cuenta mediante la falsificación de sus firmas.

Los perjudicados son ocho matrimonios y otras seis personas, cuyo dinero les fue devuelto por el banco, que fue quien se querelló contra el acusado. Según se puso de manifiesto  en la vista, el hombre reconoció ante la entidad bancaria en un principio haberse quedado con el dinero, pero se desdijo de ello tanto en el juzgado durante la instrucción, como ayer en la celebración del juicio. Tras lo ocurrido el acusado se separó de su mujer, que no fue citada como testigo.

Las víctimas, algunas de ellas personas de avanzada edad, declararon que las gestiones las hacían siempre con él, que nunca trataron con ella y que se habían fiado. El entonces director de la agencia bancaria dijo que confiaban en él, aunque la agente colaboradora era la mujer, y que los jefes tenían constancia de ello. La perito calígrafo señaló que en el estudio realizado se llegaba a la conclusión de que las firmas no eran de los titulares y que por los trazos eran compatibles con la caligrafía del acusado.

El fiscal pidió una pena de siete años de prisión por un delito continuado de estafa y falsedad en documento mercantil para el acusado, así como una multa de 5.040 euros e indemnizar al banco con 370.415 euros, la cantidad estafada. La acusación particular se adhirió a la calificación.

La defensa solicitó la libre absolución al entender que no se había acreditado el delito de estafa puesto que no hubo engaño, y que en caso de que fuese condenado por el tribunal se redujese a año y medio de prisión y multa de 1.050 euros, solicitando la suspensión de la pena. Argumentó que el banco y los clientes habían obrado con “negligencia” por falta de control y alegó dilaciones indebidas.