Dos años de prisión y 13.000 euros de indemnización por agredir a su vecina en Lechago

El vecino de Lechago J.M.A. ha sido condenado por la Audiencia Provincial a dos años de prisión, cinco de destierro del Jiloca y a pagar una indemnización de 13.000 euros por la agresión que cometió contra su vecina a la que hirió en la cara con un arma blanca en febrero de 2022 en su propio domicilio de este barrio de Calamocha. Las partes llegaron a un acuerdo este jueves para no ir a juicio y el acusado -que reconoció los hechos y ya ha cumplido un año de cárcel- saldrá libre cuando acredite un domicilio fijo y estable fuera de la comarca del Jiloca.

Los hechos ocurrieron el 27 de febrero de 2022 por la noche. La víctima estaba dormida en el sofá de su casa con la luz encendida, de repente, el acusado -que era su vecino- entró por la puerta principal de la vivienda que no estaba cerrada con llave y con un arma blanca -que no fue encontrada- le hizo un corte en la mejilla derecha. A la mujer le tuvieron que poner 17 puntos de sutura y le ha quedado una cicatriz.

Ambos vecinos habían tenido algunos roces de convivencia y había alguna denuncia, pero por cuestiones menores.

Cinco años fuera del Jiloca

La sentencia de conformidad se hará pública en los próximos días. La abogada de la acusación particular, Concha Lasarte, resaltó que las condiciones para la suspensión de la pena lo que permitirá al autor de la agresión salir de prisión son muy claras e incluyen que tenga un domicilio fijo y estable que deberá estar fuera de la Comarca del Jiloca, ya que tiene prohibición durante cinco años de vivir en esta zona y también de acercarse o comunicarse con la víctima.

Además, tendrá que pagar a la víctima una indemnización por responsabilidad por las lesiones y por daños morales que asciende a 13.000 euros. Si incumpliera cualquiera de estas condiciones se revocaría la suspensión de la pena y volvería a la cárcel.

Lasarte indicó que el autor de los hechos es imputable y sus capacidades cognitivas le permiten discernir si un comportamiento es un delito.

La abogada defensora, Pilar Mendizábal, explicó que están buscando una residencia para el acusado para que pueda estar atendido ya que “tiene antecedentes de trastorno mental” y de esta forma se cumpliría con el requisito de tener un domicilio estable, lo que le permitirá salir de la cárcel donde ya ha estado un año en prisión preventiva por este delito.