La DPT aprueba el reparto de 15,5 millones del Plan de Concertación, que este año llegará también a los barrios

La Diputación de Teruel (DPT) aprobó en el pleno del mes de marzo un ambicioso Plan de Concertación Económica Municipal que supondrá el reparto de 15.525.000 millones a los municipios y, como novedad de este año, también a los barrios.

Se trata de un fondo incondicionado sobre el que los Ayuntamientos no tienen obligación de “justificar el destino”, especificó el presidente de la institución, Manuel Rando, quien señaló que únicamente deben incluir la subvención presupuestariamente. El motivo de este cuantioso plan es que ofrece más agilidad a la vez que las cuantías se pueden destinar también a obras y servicios.

Manuel Rando hizo hincapié en la importante apuesta de la DPT porque llegue el dinero a los municipios y señaló que en los tres presupuestos aprobados en esta legislatura se han distribuido un total de 66 millones a los pueblos entre el Plan de Obras y Servicios y el Plan de Concertación, una cifra que calificó de “histórica”.

Rando precisó que “en estos momentos” cada ayuntamiento ya tiene asignada una cantidad que atiende a un fijo para todos más una tabla realizada en función de los habitantes y que también beneficia a los ayuntamientos más pequeños. La ayuda se compone de una tercera parte establecida por población. En este sentido el presidente destacó la “discriminación positiva” que se está haciendo para favorecer a los pueblos más pequeños.

El vicepresidente de la Diputación, Alberto Izquierdo, explicó por su parte que el planteamiento de la institución ha sido apoyar a los municipios para solventar los problemas que tienen de contratación de obras por falta de empresas interesadas en llevarlas a cabo a consecuencia del incremento de materiales. Indicó que este Plan de Concertación no marca plazos y adelantó que el Plan de Obras y Servicios se sacará de forma que tengan de tiempo para justificar las actuaciones hasta diciembre de 2023. “Hace unos años todos los ayuntamientos decían que no tenían dinero y ahora no hay empresas que quieran hacer las obras”, expresó Izquierdo, quien añadió que “el componente de tiempo” es importante.

La capital de la provincia, Alcañiz y Andorra tienen asignada una ponderación especial sobre el total de esa cuantía, un porcentaje fijo en atención a la proporción respecto al resto de municipios de la provincia en busca del reparto más equitativo. Para los barrios de Teruel se establece el 1% del total, que supone 155.250 euros, Andorra recibe un 1,5%, que se traduce en 232.875 euros y Alcañiz y sus dos barrios un 2,20%, 341.550 euros.

Deducidas las cantidades a estos municipios más grandes se reparten 14.795.325 euros para el resto de núcleos de población. Y este año, por primera vez y para asegurar a los barrios una cantidad nominal en un reparto más justo que antes se resolvía por tramos, se incluye un nuevo criterio de reparto asignando un 3,5% del total sobre la cantidad restante. Es decir, un reparto fijo de 5.508 euros por barrio (94 una vez descontados los 10 de la ciudad de Teruel y los dos de Alcañiz) de un total de 517.836 euros.

Sobre la cantidad restante, 14.277.488 euros, se establece una cantidad fija por municipio (repartiendo el 35% de esta última cantidad) y otra por habitante, que es de 18,51 euros. El resto del dinero se distribuye por tramos de población, atendiendo al número de habitantes de cada municipio: de los 6.329 euros para los municipios de hasta 25 habitantes hasta los 137.743,98 euros para los que tienen más de 4.000 habitantes.

Por otra parte, se ha aprobado las bases que regirán la convocatoria pública de programas de ayudas a ayuntamientos de la provincia para viviendas de titularidad municipal con fines sociales para 2022. El tope máximo de subvención por ayuntamiento será del 80%, hasta 36.000 euros o una inversión máxima subvencionable de 45.000 euros.

Moción del Sáhara occidental

Durante el pleno celebrado en la capital turolense salió adelante una proposición del grupo Ganar-Izquierda Unida en apoyo de la resolución del conflicto del Sáhara Occidental, en el marco del proceso de descolonización sustentado en las resoluciones de las Naciones Unidades. En esa moción se rechaza el apoyo del Gobierno de España al plan del Reino de Marruecos.

Todos los partidos políticos votaron a favor salvo el Partido Socialista, cuya portavoz, Ana Cristina Lahoz, anunció su abstención y prefirió no pronunciarse sobre un tema de que considera que todavía les falta información. Indicó que “posiblemente este hecho no se puede desvincular de la situación geopolítica mundial”.

La DPT ayuda a ACCEM para recibir a ucranianos en el centro de Burbáguena

En el turno de ruegos y preguntas el portavoz de Ciudadanos,  Ramón Fuertes, leyó las preguntas formuladas por escrito el 18 de marzo, y de las que no obtuvo respuesta, acerca de las acciones que está llevando a cabo o piensa realizar la Diputación de Teruel sobre la crisis humanitaria en Ucrania. Fuertes, que mostró su malestar por la falta de respuesta, le preguntó al presidente, Manuel Rando, sobre si la Diputación de Teruel tenía previsto coordinar la ayuda por parte de los ayuntamientos o aportar ayudas económicas para ayudar a los refugiados.

Rando excusó no haber respondido y dijo que lo había hecho porque pensaba que eran cuestiones que iba a abordar Cs en la junta de gobierno, además de instarle a llamarle por teléfono en cualquier momento para comunicarse con él. En cuanto a las acciones, señaló que se han llevado a cabo todas las actuaciones solicitadas por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) sobre si tenían alguna instalación de propiedad municipal para acoger a refugiados. “En todo momento hemos estado en contacto con Cruz Roja, Cáritas y la comunidad ucraniana, que nos transmitieron que en esta primera fase hacía falta dinero para atender las necesidades de la frontera”, dijo. Comentó que se han reunido con la organización ACCEM, de atención a refugiados y que gestiona el centro de Burbáguena, quienes le pidieron ayudas para la instalación de camas, algo que solventó el Ayuntamiento de Calamocha. En ese momento Rando le adelantó que la DPT iba a facilitar 50.000 euros, que se suman a otros 50.000 para Cruz Roja y a 40.000 más destinados a Cáritas, con el fin de atender las necesidades del colectivo de refugiados. El presidente  comentó además que la diputada de Servicios Sociales, Rosario Pascual, ha estado en contacto con diferentes municipios para poder alojar en residencias y albergues a familias de refugiados, algo que “ya estaría cubierto en caso de necesidad” a través de varios alojamientos en la zona del Jiloca y la Sierra de Albarracín.