La Diputación de Teruel rechaza el incremento de las partidas para cooperación al desarrollo con los remanentes que solicitaban tres asociaciones

La Diputación de Teruel ha rechazado, en el pleno extraordinario de este miércoles y por unanimidad de todos los grupos políticos, las alegaciones presentadas por tres ONG's al sentirse afectadas porque, según argumentan, no se cumple el acuerdo suscrito en el año 2019 por el que la DPT debía incrementar la cuantía destinada a la cooperación al desarrollo hasta llegar en 2024 al 0,76%. Sin embargo, según los informes técnicos desgranados ayer en el pleno, el acuerdo fue suscrito a nivel político y no como corporación y, además, “queda demostrado y claro que el pacto por la cooperación al desarrollo no es un precepto legal ni está contenido en una norma legal” que sería lo que justificaría admitir la reclamación. Esos fueron los motivos que se esgrimieron en el informe, pero además, según el equipo de gobierno, la DPT duplica esa cuantía prevista, según se especificó a lo largo de la sesión.

En el pleno extraordinario, con la aprobación de la desestimación de las alegaciones como único punto del día, todos los grupos políticos votaron a favor de rechazarlas y ninguno de los portavoces pidió la palabra en el turno de intervenciones.

La encargada de explicar los informes fue la diputada delegada de Hacienda, Yolanda Sevilla, quien tras la votación señaló que la Diputación de Teruel está destinando más del doble de ese 0,76% pactado en el año 2019 a cooperación para el desarrollo. Precisó que este año la cuantía ha ascendido a 80.000 euros, mientras que si se tienen en cuenta los capítulos de ingresos generados por la propia Diputación, “y no todo el que se percibe por ser Ayuntamiento de Ayuntamientos”, dijo Sevilla, la aportación “no sólo ha cumplido, sino que lo ha hecho con creces, puesto que del dinero de sus ingresos propios, que son algo más de 4 millones de euros, el 0,76% serían 32.845, por lo que hemos doblado la cantidad”, detalló.

Las alegaciones se presentaron, tras la modificación presupuestaria aprobada en septiembre, justo el día que expiraba el periodo para alegar. Las tres ONGs que aportaron documentación al sentirse afectadas fueron Cruz Roja, Acción Social Aragonesa y Manos Unidas Campaña Contra el Hambre, según se detalló en el pleno extraordinario.

El presidente de la Diputación, Joaquín Juste, cerró la sesión indicando que la institución “está paralizada” a consecuencia de estas alegaciones, que han causado un “perjuicio seguro” para todos los pueblos al retrasar el traspaso de las cuantías a los municipios, asociaciones y empresas en los que repercutían las partidas modificadas. Matizó que “todo lo que se hace en acción social es un ejercicio de voluntarismo” porque la DPT no tiene competencias en ello y pidió “reflexión” a las entidades que han reclamado.

Yolanda Sevilla detalló que en el año 2019, que fue cuando se llegó al acuerdo con las ONG, se destinó una apartida de 30.000 euros, de los que se ejecutaron 24.000; en el año 2020 se adjudicaron un total de 53.000, “pero sólo se gastaron 12.500”, quedando muchas partidas sin gastar y alguna de ellas, según la diputada, adjudicada a una de las entidades que ahora han presentado alegaciones. En el año 2021 se asignaron 60.000 euros a cooperación para el desarrollo y se gastaron 43.800, mientras que en el año 2022 se destinaron 68.000 y prácticamente toda la cuantía se ejecutó. En el año 2023 la partida ascendió a 73.000 euros.