La consejera de Sanidad asegura que contemplan añadir más ambulancias de Soporte Vital Básico

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, aseguró que contemplan incorporar más ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB) de las que tenían previsto en el pliego de condiciones del servicio para el transporte sanitario urgente, aunque el mismo se retrasará ante las condiciones del acuerdo que han alcanzado los trabajadores y la empresa adjudicataria actual, que calificó de “inabordables”. El Ejecutivo está a la espera de informes jurídicos para decidir cómo actúa ante este nuevo escenario, pero Repollés reiteró que la atención sanitaria de urgencias “tendrá mayor presencialidad”, y que como afirmó el presidente aragonés, Javier Lambán, “ningún municipio perderá servicios, todos ellos mejorarán”.

La titular del Departamento de Sanidad se pronunció así en el pleno de las Cortes de Aragón, donde compareció a petición del Grupo Parlamentario Popular para informar sobre la situación actual del Transporte Sanitario Terrestre Urgente en la Comunidad tras la polémica que ha estallado en las últimas semanas por la futura desaparición de las ambulancias convencionales, entre ellas ocho en la provincia de Teruel.

La portavoz de Sanidad del PP, Ana Marín, pidió a la consejera que aclarara qué va a pasar con el pliego de condiciones tras la rueda de prensa que ofrecieron hace dos semanas los gerentes del 061 y del Salud. Lo que se dijo allí ha suscitado la reacción de alcaldes y concejales por la pérdida de estas ambulancias. Marín reivindicó el derecho del PP a que se conozca la verdad y se aclaren todas las dudas que existen, así como el derecho legítimo a reclamarlo, frente a las críticas que ha recibido del Ejecutivo por hacerlo.

La consejera acusó al PP de tener “especial fijación en desviar la atención de otras cuestiones más importantes” y de su habilidad para “crear tanto ruido con un pliego que no se ha publicado y tampoco está redactado”. Aclaró que lo que se presentó en rueda de prensa fue “un modelo de atención” en todo el territorio, y que la propuesta que hace “mejora y profesionaliza el servicio de transporte urgente en la Comunidad Autónoma” al poner “mucho más dinero”.

Repollés no concretó cuándo saldrá el pliego porque todo se ha complicado debido al acuerdo alcanzando entre los trabajadores y la empresa concesionaria del servicio en estos momentos, pero dejó claro que la situación final no será como la ha dibujado la oposición, sino que habrá más y mejor cobertura, no solo terrestre con las ambulancias de soporte vital básico y avanzado, sino también con el helicóptero de emergencias que podrá operar en horario de noche, tal como había indicado el día anterior el presidente aragonés, Javier Lambán, durante una visita a las obras del nuevo hospital de Teruel.

Reiteró además que no se van a perder servicios sino que van a mejorar, y que tras las consultas realizadas con el territorio se van a contemplar más ambulancias de las inicialmente previstas, aunque tampoco precisó el mapa definitivo. Indicó que se sigue trabajando en la nueva propuesta del pliego de transporte sanitario urgente, que “contiene la transformación de todos los recursos de la comunidad en soportes vitales básicos o avanzados y la ampliación de los horarios de presencialidad”.

La consejera negó que la atención sanitaria urgente estuviera en peligro como se ha dicho, ni que hubiese recortes, “ni hay limitación de derechos y tampoco hay discriminación al territorio”. Recalcó que en aquella rueda de prensa que provocó la polémica se informó de “ideas generales” contenidas en el nuevo pliego, como “los tipos de soporte, la mayor inversión económica e incluso la repercusión en el empleo, porque se calculaba la incorporación de unos 80 efectivos más”.

Explicó que de forma paralela  se ha seguido dialogando con los territorios, fruto de lo cual aseguró que ahora, “de los 52 soportes vitales básicos que habíamos previsto en el borrador, nos planteamos añadir muchos más para dar mejor servicio”.

Presencialidad

A este respecto manifestó que el objetivo había sido apostar por la presencialidad de los recursos para que hubiese todos los días, transformar los mismos de acuerdo con el territorio puesto que las ambulancias convencionales no pueden operar por normativa europea, y en tercer lugar hablar con el territorio para distribuir los recursos de acuerdo con él atendiendo criterios geográficos y de dispersión de la población, con una reducción de los tiempos de respuesta. Todo ello con más dinero y más calidad en la prestación del servicio, con recursos activos los 365 días del año de forma que “ningún municipio perderá nada”, sino que “todos mejorarán”.

De acuerdo con lo manifestado por los gerentes del 061 y del Salud hace dos semanas, la intención en ese momento era mantener las mismas ambulancias de Soporte Vital Avanzado que hay ahora, que son cinco, y las diez de Soporte Vital Básico, pero en este último caso incorporando servicios presenciales de 24 horas. En otras partes de la Comunidad Autónoma se reconvertían en equipos de Soporte Vital Básico algunas ambulancias convencionales, pero eso no sucedía con ninguna de las ocho que se perderían en la provincia: Muniesa, Alcorisa, Mas de las Matas, Perales del Alfambra, Sarrión, Orihuela, Cella y Mosqueruela, algunos de cuyos alcaldes y concejales asistieron al pleno desde la tribuna del público, al igual que técnicos de emergencias sanitarias.

La consejera apeló al sosiego, la serenidad y la confianza y pidió que no se “den pábulos a disparates”, pero no concretó cuándo se informará de la localización definitiva de las bases de ambulancias y de los horarios presenciales de cada recurso, puesto que la situación ahora para sacar los pliegos es “mucho más compleja” tras la conflictividad laboral que hubo el año pasado y el reciente acuerdo colectivo alcanzado entre Acciona y los trabajadores.

Repollés apuntó que Acciona les había comunicado ya su intención de no seguir con el contrato, y que ha sido dentro de ese marco en el que la empresa ha llegado a un acuerdo con los trabajadores sabiendo que estaba “de salida”. En dicho acuerdo se prevén “unas mejoras extraordinarias, excepcionales, inauditas e inabordables”, con un impacto económico que “es muy difícil de gestionar”, dijo la consejera.

Recordó en este sentido que la administración no es parte de la negociación colectiva ni puede serlo, pero debe respetar esos acuerdos y hacer la dotación presupuestaria suficiente para cumplirlos. En el momento actual, dada la “gran envergadura” de las condiciones firmadas, la DGA está estudiando las consecuencias de dicho convenio colectivo “para que no suponga una hipoteca difícil de asumir por la Comunidad Autónom”, ante lo que calificó de condiciones “absolutamente irracionales y disparatadas”. Ello no impedirá, recalcó Repollés, que la futura atención sanitaria de urgencias tenga mayor presencialidad en el territorio, más personal y mejores recursos, además de reducirse el tiempo de respuesta ante cualquier emergencia.

Internalización y llamada a reconvertir las ambulancias convencionales

El amplio y bronco debate político que por momentos suscitó de nuevo el transporte sanitario de urgencias en las Cortes de Aragón puso sobre la mesa cuestiones como la internalización de este servicio, como están haciendo otras comunidades, además de llamadas a reconvertir las ambulancias convencionales en recursos de Soporte Vital Básico.

La portavoz del PP, Ana Marín, aseguró que el único que estaba haciendo gala de “cinismo” con la sanidad era el Gobierno de Aragón, no solo por el transporte de urgencias sino por la reducción de los días de atención en los consultorios e incluso su cierre. En respuesta, la portavoz del PSOE, Olvido Moratinos, acusó a los populares de importarles “bien poco” los aragoneses y pretender solo “generar ruido” pensando en su futuro político en lugar del interés general, aunque fuese “mintiendo”.

Susana Gaspar (Cs) dijo que  “hay que garantizar ambulancias suficientes” y deseó que cuando se publique el pliego no pierda ningún pueblo la que tenía, mientras que Itxaso Cabrera (Podemos) aseguró que la sanidad pasa por la “desprivatización” y confió en que se mejoren los pliegos y se asuman los fallos. Isabel Lasobras (CHA) abogó por un modelo de gestión pública, Santiago Morón (Vox) pidió “claridad”, Esther Peirat (PAR) reclamó que se escuche al territorio, y Álvaro Sanz (IU) incidió en que hay que “construir con el territorio, con los agentes”.