Estado, Comunidad Autónoma y Europa confluyen en el diseño de políticas a favor del medio rural

Nunca antes se había dado semejante confluencia de compromisos y políticas públicas a favor del medio rural. Las distintas Administraciones, desde la Comunidad Autónoma al Estado y la Unión Europea, están articulando a diferentes niveles medidas de lucha contra la despoblación y el reequilibrio territorial. La segunda mitad de la legislatura que comienza ahora con el reinicio del curso político será clave para llevar a buen término estas acciones si se quiere llegar a tiempo de revertir la situación, de lo que va a depender también que la reforma del sistema de financiación autonómico contemple el coste real de los servicios públicos y no solo la población como reclama Aragón.

El Gobierno de Aragón lleva tiempo impulsando marcos normativos que permitan hacer frente a este reto, primero con la Directriz de Política Demográfica y contra la Despoblación, mientras que para el otoño piensa aprobar el proyecto de Ley de Dinamización del medio rural. Además, ha conseguido que la Comisión Europea reconozca la situación crítica de despoblación que vive Teruel, junto con las provincias de Cuenca y Soria, y autorice las ayudas al funcionamiento empresarial con bonificaciones fiscales de hasta un 20% de los costes laborales, cuestión que finalmente dependerá del Estado.

El Ejecutivo central aprobó en marzo las 130 medidas del Plan frente al Reto Demográfico, que se están empezando a implementar con las ayudas de los fondos de recuperación europeos con una inversión prevista en el conjunto del país de más de 10.000 millones de euros hasta 2023, y acaba de lanzar la primera convocatoria del Programa UNICO-Banda ancha con el reto de que en 2025 el 100% de la población esté conectado al internet de alta capacidad.

Las administraciones locales también están impulsando diferentes medidas dentro de sus ámbitos competenciales en cuestiones como el apoyo a los emprendedores o la rehabilitación de viviendas en los pueblos para hacer frente a uno de los grandes problemas que existen para atraer nuevos pobladores, la falta de alojamientos donde poder instalarse.

Y Europa por fin ha despertado y tras años de titubeo con el tema de la despoblación ahora ha reconocido ya la magnitud del problema y este mismo verano la Comisión Europea presentó una comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada “Visión a largo plazo para las zonas rurales: por unas zonas rurales de la UE más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas”. En dicho documento propone un Pacto Rural y un Plan de Acción Rural para hacer frente al reequilibrio territorial y la lucha contra la despoblación desde la especificidad nacional y regional de cada territorio.

Todas las Administraciones públicas han confluido por fin en la necesidad de impulsar iniciativas que reviertan la situación generada durante décadas por políticas erróneas que han concentrado el crecimiento en determinados polos de desarrollo, en detrimento de las zonas básicamente de interior y con peores comunicaciones.

Presión social

A ello se suma la presión social con iniciativas como la impulsada por las organizaciones empresariales de Teruel, Cuenca y Soria con la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), o los movimientos ciudadanos reivindicativos agrupados en torno a la denominada coordinadora de la España Vaciada, que se creó hace dos años tras la multitudinaria manifestación del 31 de marzo de 2019 en Madrid impulsada por Teruel Existe y Soria Ya!

Estos movimientos, tanto el de las organizaciones empresariales con el papel de lobby que ejerce en Europa y las propuestas que está haciendo con diversos estudios e informes, como el de la España Vaciada con las cien medidas que presentó en mayo dentro de su “Modelo de Desarrollo”, buscan la discriminación positiva hacia estos territorios y también que se desarrollen las infraestructuras que no se han hecho anteriormente para no quedar atrás en el proceso de recuperación económica como ha sucedido siempre en favor de los sitios más desarrollados, principalmente del litoral donde se concentra el mayor volumen de población.

Precisamente las estrategias de recuperación económica lanzadas por todas las administraciones para hacer frente a la situación creada por la covid aspira a corregir las desigualdades territoriales que se han producido hasta ahora. En ello coinciden tanto las comunidades autónomas afectadas por el problema como el Estado y la Comisión Europea, que en su “Visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE”, con el punto de mira puesto en el año 2040, apunta la necesidad de que “las acciones deben centrarse especialmente en las regiones rurales remotas y menos desarrolladas”.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, está insistiendo por activa y por pasiva que la distribución de los fondos europeos deben orientarse a reequilibrar España para que no vayan a parar solo a las grandes empresas localizadas en los territorios más desarrollados, en consonancia a su vez con lo que la Comisión Europea está planteando en su “Visión a largo plazo para las zonas rurales”.

El Ejecutivo aragonés presentó a finales de julio 326 proyectos que podrían recibir financiación europea, con una inversión prevista en caso de obtenerla de 19.000 millones y la creación de casi 123.000 empleos en el conjunto de la Comunidad Autónoma.

Servicios públicos y empleo

Y es que en definitiva, después de la multitud de estudios e informes que se han realizado sobre la despoblación desde hace años, la misma solo es posible combatirla con la generación de riqueza en los territorios afectados para que la gente no se vaya y quiera instalarse en ellos. La única forma de hacerlo es con empleo y unas condiciones adecuadas para que la gente se pueda asentar para desarrollar un proyecto de vida, entre ellas el acceso a servicios públicos de calidad, tanto sanitarios como educativos y sociales, o el derecho a la movilidad.

Después de que en la pasada legislatura se pusiera en marcha en Aragón la Directriz de Política Demográfica y de lucha contra la despoblación, en esta se están impulsando medidas consecuencia de aquella como el Fondo de Cohesión Territorial o el Mapa Concesional del Transporte en Aragón, ambas a cargo de la Consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda.

El Fondo de Cohesión busca impulsar microproyectos en las zonas rurales, porque según el consejero José Luis Soro se trata de hacer microcirugía en el territorio para combatir la situación. En la convocatoria de este año se han presentado 456 proyectos para atajar la despoblación, lo que pone de manifiesto el interés suscitado por estas ayudas que aunque su cuantía es limitada, contribuyen a impulsar iniciativas para mejorar la calidad de vida y crear oportunidades en el medio rural.

En esa misma línea está enfocada la política de transporte público impulsada desde Vertebración del Territorio con el nuevo mapa concesional de la red de transporte, dirigido a facilitar a los habitantes de las zonas rurales una mayor cobertura de servicios para poder desplazarse, puesto que la movilidad es también un servicio público que debe garantizar la calidad de vida de las personas al igual que la sanidad, la educación, la asistencia social y la seguridad ciudadana.

En el reciente balance de la primera mitad de legislatura hecho por el Gobierno de Aragón, su presidente, Javier Lambán, volvió a incidir en que la lucha contra la despoblación es un “objetivo fundamental” de su Ejecutivo al entender que el medio rural es un territorio lleno de oportunidades.

Financiación autonómica

Para ello está apostando por garantizar los servicios públicos en el medio rural, y una de las líneas de trabajo está siendo la reivindicación a nivel de Estado de la reforma del modelo de financiación autonómica para que el mismo atienda al coste real de los servicios y no solo al número de habitantes, porque no cuestan lo mismo en las ciudades que en las zonas rurales por la dispersión geográfica y otros factores.

Aragón pretende batallar esta cuestión dentro del grupo de ocho comunidades con las que comparte esta situación, con las que firmó la Declaración de Zaragoza. Quiere promover una nueva reunión para hacer ver a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que una cosa es el reto demográfico, al que se enfrenta todo el país por el descenso de nacimientos, y otro muy distinto el de la despoblación en las zonas rurales.

La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ya ha indicado que con la reanudación del curso político se va impulsar otra vez ese grupo de trabajo con esas comunidades autónomas, además de trasladar al Gobierno central el expediente en el que han estado trabajando con los gobiernos autonómicos de Castilla-La Mancha y Castilla y León para que el Estado active el próximo año las ayudas al funcionamiento empresarial autorizadas por la Comisión Europea.

Esa es otra de las medidas clave en las que trabaja el Ejecutivo aragonés en el caso de la provincia de Teruel, para revertir el problema de la despoblación y convertir en atractivos estos territorios y aprovechar las oportunidades del cambio de modelo económico que se avecina con la transición ecológica. Pérez pretende que en septiembre se trasladen ya esas propuestas que han estudiado con la ayuda de una consultora externa, para que el Gobierno pueda aplicar sin problemas esas bonificaciones del 20% de los costes laborales a las empresas radicadas en la provincia o que quieran instalarse en ella. Supondrá una medida competitiva de primer nivel puesto que convertirá en atractivos estos territorios para invertir y generar riqueza.

A ello se suman desde el Ejecutivo aragonés otras acciones como la reforma de la PAC que ha impulsado Aragón o la aprobación de distintas leyes con impacto en el medio rural. Entre ellas ya se aprobó el proyecto de Ley de Protección de la agricultura familiar en junio, y la Ley del Fondo Aragonés de Financiación Municipal en julio, que deberán tramitarse en las Cortes.

Atender al medio rural

Ahora queda pendiente la norma que puede marcar un antes y un después en la lucha contra la despoblación en Aragón, y que fue un compromiso de Lambán a principios de la legislatura. Se trata de la Ley de Dinamización del medio rural, que el Gobierno aragonés tiene previsto aprobar el próximo otoño y que se está preparando a conciencia para reconocer el hecho diferencial del medio rural y flexibilizar el aparato administrativo en estos territorios, así como reconocer una fiscalidad diferenciada cuya forma de hacerlo no ha trascendido todavía.

Otra de las políticas que se han impulsado, según destacó el Gobierno de Aragón en su balance de mitad de legislatura, es la mejora de la conectividad y digitalización en el medio rural con un aumento del presupuesto para la mejora de la conectividad en el conjunto de la comunidad superior al 50%, de 12 millones de euros.

Esas acciones están en consonancia con el compromiso adquirido por instituciones como la DPT para llegar donde no lleguen las otras administraciones, y el impulso que quiere darle a la mejora de la conectividad el Gobierno central, para lo cual en agosto ha lanzado la primera convocatoria del Programa Unico-Banda ancha, dotada con 17 millones de euros en Aragón, que en el caso de Teruel asciende a 6,6 millones de euros.

Es uno de los programas más ambiciosos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno central, que pretende que en 2025 el 100% de la población tenga conectividad de banda ancha ultrarrápida con una velocidad superior a los 100 Mbps.

Esta acción se enmarca en las iniciativas que está impulsando la Administración central dentro de sus políticas frente al reto demográfico en territorios poco habitados, y que se materializó en marzo pasado en las 130 medidas del Plan frente al Reto Demográfico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con una inversión superior a los 10.000 millones de euros hasta 2023.

Son las políticas que se van a implementar con los fondos de recuperación procedentes de Europa, mientras que desde la España Vaciada y en las Cortes Generales a través de los parlamentarios de Teruel Existe, se está incidiendo también en otras medidas como el impulso de las infraestructuras de comunicación en estos territorios, el establecimiento de un mecanismo de garantía rural -que las leyes tengan en cuenta la perspectiva rural de cómo les afecta cualquier normativa que se regule-, la deslocalización, la fiscalidad diferenciada o los incentivos para el asentamiento de personal funcionario en estos territorios. A eso se suma la insistencia de estos agentes en que se suscriba el Pacto de Estado contra la Despoblación y por el reequilibrio territorial, de manera que todas las fuerzas parlamentarias tiren juntas de ese objetivo y que las acciones se mantengan inalterables en el tiempo al margen de los cambios políticos.

Las 130 medidas

En la Conferencia de Presidentes celebrada a finales de junio, el Gobierno central aseguró que el 50% de las 130 medidas del Plan frente al Reto Demográfico ya se habían puesto en marcha, y que cerca del 30% de los fondos se habían comenzado también a repartir con las comunidades autónomas.

En los próximos meses el Estado deberá concretar qué otras acciones contempla para combatir la despoblación y trabajar por el reequilibrio territorial en los Presupuestos Generales del Estado de 2022, además de plasmar el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Esta última va a exigir a los estados miembros más implicación con la situación de las zonas rurales a través de mecanismos de cogobernanza dirigidos a revertir su situación de declive para que en 2040 estos territorios sean más fuertes y prósperos, además de estar conectados y ser resilientes.

La Comisión Europea en su comunicación al resto de instituciones comunitarias sobre “Una visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE: hacia zonas rurales más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas para 2040”, muestra su compromiso con “reducir las disparidades regionales y ayudar a las zonas rurales a ponerse al día”. Esto es algo que está consagrado en el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y que en los últimos años se ha recordado a Bruselas hasta la saciedad.

El citado artículo habla de que deberá prestarse especial atención a las “zonas rurales, las zonas afectadas por la transición industrial y las regiones que sufren deficiencias naturales o demográficas graves y permanentes, como las regiones más septentrionales con una densidad de población muy baja y regiones insulares, transfronterizas y montañosas”.

Políticas de cohesión

La CE insta a desarrollar un Pacto Rural a todos los niveles de gobernanza que incluya la UE y las administraciones nacionales, locales y regionales; y a poner en marcha un Plan de Acción Rural de Europa a través de iniciativas emblemáticas que van desde la conectividad y la implantación de un mecanismo de garantía rural hasta el impulso a los emprendedores, un Observatorio Rural y también la revisión de las políticas de cohesión.

El compromiso de la CE es poner en marcha el Pacto Rural con el resto de instituciones europeas a finales de este año para implementar el Plan de Acción Rural de la UE. A mediados de 2023 está previsto hacer un balance de cómo han funcionado los programas, y al año siguiente una puesta al día para incorporar nuevas propuestas para el periodo de programación 2028-2034.

Por primera vez las distintas administraciones que pueden hacer algo para revertir el problema de la despoblación confluyen en sus objetivos y en la necesidad de primar en sus políticas y acciones una atención especial a las zonas rurales menos desarrolladas. Nunca como hasta ahora se había dado un escenario tan propicio para que las cosas empiecen a cambiar en territorios como la provincia de Teruel. Para lograrlo, al igual que en Europa se apuesta por un Pacto Rural, en España las fuerzas políticas deberían dejar de usar la política con fines partidistas y suscribir un Pacto de Estado pensando en las personas y en los territorios. Ese es el reto que debería primar en lo que queda de legislatura, aunque siempre se ha dicho que España es diferente.

Pendientes en Aragón de una ley de dinamización

Junto a las políticas que ha implementado en los últimos tiempos el Gobierno de Aragón para luchar contra la despoblación, centradas en buena parte en intentar mantener en la medida de lo posible los servicios públicos en el territorio, y el impulso de otras medidas como la Directriz de política territorial y de lucha contra la despoblación con acciones como el Fondo de Cohesión Territorial al que se han destinado 4,7 millones de euros en los dos últimos años; una de las líneas de actuación en la que se está centrando el Ejecutivo es la elaboración de una Ley de Dinamización del medio rural. El compromiso es aprobar el proyecto de ley este otoño para enviarlo a las Cortes para que se enriquezca con las aportaciones del resto de fuerzas políticas. Esta norma reconocerá el hecho diferencial del medio rural frente a la realidad de las ciudades, completamente distinto, y contemplará también algún tipo de fiscalidad diferenciada.