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El Tribunal Superior de Justicia de Aragón plantea una cuestión de inconstitucionalidad por el pasaporte covid El Tribunal Superior de Justicia de Aragón plantea una cuestión de inconstitucionalidad por el pasaporte covid
Sede del TSJA en Zaragoza. AP

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón plantea una cuestión de inconstitucionalidad por el pasaporte covid

Considera que no puede "adelantarse" a la resolución del Tribunal Constitucional y vuelve a plantear un recurso al TC.
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El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha planteado una nueva cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley que le obliga a autorizar determinadas medidas sanitarias, en este caso la puesta en marcha del pasaporte covid en Aragón.

Desde el TSJA recuerdan que el alto tribunal aragonés ya planteó en diciembre de 2020 una cuestión de inconstituconalidad al artículo 10.8 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA) -modificada por decreto del Gobierno de España el 18 de septiembre de ese año-, que estable que las salas de lo contencioso-administrativo deben avalar con carácter previo las resoluciones en materia de salud pública que adoptan los gobiernos autonómicos.

Entendieron los magistrados que este artículo dotaba al TSJA de una "dimensión diferente a la que le corresponde como propia", al concederle una función de "cogobierno" y no de revisión de las medias adoptadas por el poder ejecutivo.

Ahora, el departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, en virtud de ese artículo que el TSJA llevó al Tribunal Constitucional, ha pedido autorización para que se solicite la exhibición del pasaporte covid en los establecimientos de ocio nocturno.

En la línea de lo que ha venido defendiendo el TSJA con las autorizaciones previas que le ha planteado el Gobierno de Aragón para adoptar medidas restrictivas, el alto tribunal aragonés entiende que esta debe de ser una decisión de la administración y no hacer depender su eficacia de un aval judicial.

Al tener que autorizar estas medidas, el juez, agregan desde el TSJA, no ejerce como "juez de garantías", sino que debe adoptar una función administrativa o reglamentaria que solo corresponde al propio Gobierno autonómico.

El TSJA ya planteó cuestión de insconstitucionalidad cuando se le presentó para su autorización la orden de confinamiento de La Almunia en octubre de 2020.

En aquella ocasión, los jueces denegaron la ratificación y su cuestión de inconstitucionalidad fue admitida a trámite.

Por eso, la sala de lo contencioso administrativo del TSJA considera que no puede "adelantarse" a la resolución del Tribunal Constitucional y vuelve a plantear un recurso al TC.

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