El subdelegado del Gobierno apela a “ceder y pactar” para poder hacer frente a los grandes desafíos

El subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez, apeló este miércoles a “ceder y pactar” para garantizar el Estado de Bienestar durante su discurso del acto institucional con motivo de la celebración del 46º aniversario de la Constitución Española. Recordó que ese fue el espíritu que alumbró la Carta Magna y que es preciso recuperar ante los desafíos actuales que presenta la sociedad española y la coyuntura internacional. Así lo expresó en un discurso en el que incidió en la importancia que tienen los flujos migratorios en el conjunto del país y en particular en la provincia, de la que destacó los “indicadores positivos” que alumbran un “futuro optimista” para Teruel.

El Salón del Trono de la Subdelegación del Gobierno en Teruel acogió este acto tradicional con motivo del Día de la Constitución, al que asistieron los principales representantes institucionales turolenses. En el mismo se entregaron también placas de reconocimiento, tanto al comisario de la Policía Nacional, Fernando Mencía, ante su próxima retirada el año que viene, como a la teniente coronel jefa de la Comandancia de la Guardia Civil, Silvia Gil, y a los empleados de la Subdelegación que se jubilan: María Pilar Chinarro, José Luis Abril y Amparo Sánchez.

Gómez dedicó sus primeras palabras a las víctimas de la dana y del incendio de la residencia de Villafranca del Ebro, a la vez que reconoció la “ola de solidaridad” que ha habido desde la provincia de Teruel, además de resaltar que el Estado se ha situado a la altura de lo ocurrido con una movilización de medios “nunca vista hasta ahora en un ámbito civil”.

Reivindicó el papel de las administraciones públicas y del Estado no solo ante las situaciones de emergencia sino en el día a día para garantizar los servicios públicos, que recordó son fruto del gran pacto alcanzado por los españoles con la Constitución de 1978, que fue posible “gracias a que fuimos capaces de ceder y de pactar”.

Abogó en ese sentido por continuar en esa línea de trabajo para afrontar los desafíos actuales como el cambio climático, frente a los discursos negacionistas, los flujos migratorios, la violencia machista o la desinformación, antes de pasar a valorar el buen estado de la provincia y las inversiones que está llevando a cabo la Administración central.

Gómez puso énfasis en la necesidad de que haya “unión” entre los dirigentes políticos y en atajar los “insultos”, que advirtió que “atenúan siempre” el empuje de la sociedad. “Si algo aprendimos en 1978 es que sin entendimiento no hay futuro”, apuntó.

A la inmigración dedicó buena parte de su intervención al asegurar que los flujos migratorios son “absolutamente necesarios para el desarrollo de nuestros pueblos y de nuestra provincia”, y repudió que todavía se sigan oyendo “discursos de odio y racistas”.

Argumentó que no se pueden permitir esos mensajes xenófobos porque el no replicarlos supondría ser “cómplices” de esas manifestaciones, frente a lo que “hay que levantar la voz y decir que la inmigración es necesaria y nos va a ayudar a todos a desarrollar nuestra querida provincia”.
 

Aportación de los migrantes

Se refirió a los 110 migrantes llegados en agosto a Mora de Rubielos y el “ruido negativo” que hubo, cuando ahora han empezado a obtener los permisos de trabajo “y ya los tenemos insertados social y laboralmente, y contribuyendo, por lo tanto, en nuestro sistema de seguridad social y en nuestro sistema de pensiones”.

Argumentó que la nueva ley de extranjería recientemente aprobada busca facilitar la inserción de las personas extranjeras en el sistema laboral con los beneficios que eso reporta para los ciudadanos españoles. Explicó que en España hay en torno a 2,9 millones de extranjeros dados de alta en la seguridad social, que representa al 13,6% de los trabajadores por cuenta ajena y el 16% de los trabajadores por cuenta propia. Unos datos, dijo, con los que es fácil hacerse una idea “de la importancia que tiene este tipo de migración para la provincia, para la comunidad y para toda España”.

Recordó que junto a la necesidad de obtener mano de obra, tal como demandan los empresarios, es preciso contar con vivienda, para lo cual el Gobierno central está legislando y trabajando en la materia.

Se refirió por otra parte a que España es un “referente internacional en la lucha por erradicar la violencia de género en cualquiera de sus formas”. Ante las cifras “demoledoras” que computan 1.288 mujeres asesinadas desde 2003, y 62 menores asesinados como consecuencia de la violencia vicaria desde 2013, hizo un llamamiento a la “unidad de todos los grupos políticos” frente a quienes “niegan que el machismo mata”, porque así se niega “la libertad de las mujeres y las están condenando al silencio”.

Sobre el compromiso del Estado con Teruel dijo que es una “prioridad” y que existen “multitud de indicadores positivos que nos hacen pensar en un futuro optimista”. Señaló que el Producto Interior Bruto (PIB) en la provincia se ha mantenido “creciente y estable” durante el último año en torno al 2,8%. Destacó también los últimos datos de la tasa de desempleo en la provincia, que se sitúa en el 5,7%, “la más baja de Aragón y una de las más bajas de España”.

El subdelegado consideró que el futuro de la provincia es “ilusionante” y aseguró que el Gobierno de España “va a seguir trabajando para que Teruel continúe recibiendo inversiones como las llevadas a cabo hasta ahora”.

Desglosó esas inversiones, entre ellas los más de 25 millones de euros en banda ancha o los 16 millones en planes de sostenibilidad turística. En Transición Justa recordó que se han concedido ayudas a 65 proyectos empresariales y a 43 de infraestructuras municipales, lo que ha supuesto la movilización de 126 millones con unas ayudas de 20 millones y la creación de 450 puestos de trabajo.

En infraestructuras citó los 13 millones destinados a las travesías de Alcañiz y de Teruel, o los 460 millones movilizados en la línea de ferrocarril entre Zaragoza y Sagunto. También se refirió al Fite, con los más de 1.200 millones de euros en los 31 años que lleva en vigor, a lo que se suma ahora el nuevo incremento comprometido.