El nuevo curso político arrancará con muchas asignaturas pendientes sobre despoblación

El nuevo curso político arrancará la semana que viene con muchas asignaturas pendientes en materia de despoblación, que afectan especialmente a la provincia de Teruel, y que no se resolvieron antes del periodo vacacional. De entrada está el problema de la financiación, convertido en caballo de batalla ante el trato especial a Cataluña, pero tanto a nivel de la comunidad autónoma como del Estado hay cuestiones pendientes de resolver que son claves para que territorios como Teruel cuenten con herramientas para hacer frente al reto demográfico, como las ayudas de funcionamiento a las empresas, el plan España a 30 minutos, el Estatuto del pequeño municipio o el desarrollo de la Ley de Dinamización del medio rural de Aragón, aprobada a finales de la pasada legislatura.

La confrontación dialéctica que mantuvieron el viernes pasado los portavoces del PSOE y del PP en las Cortes de Aragón en sendas ruedas de prensa puso de manifiesto que la despoblación volverá a ser durante el próximo curso un asunto prioritario en el debate político.

De entrada, las Cortes de Aragón comienzan la actividad parlamentaria el próximo lunes, día 2 de septiembre, con la reunión de la Comisión especial de estudio sobre la creación del Estatuto Jurídico del pequeño y mediano municipio de Aragón. Se trata de una propuesta que llevó al pleno el grupo parlamentario socialista en febrero de este año y que fue aprobada por unanimidad.

El objetivo de esta comisión será avanzar en un estatuto que reclaman todas las formaciones políticas, para estudiar las posibles reformas legislativas que se puedan acometer de cara a reconocer el hecho diferencial de los pequeños municipios en cuestiones como las tramitaciones de asuntos que se tienen que hacer como si fuese en grandes ciudades, cuando la realidad no es la misma. De igual forma debería ayudar a reducir la burocracia en los pueblos.

En el ámbito de Aragón está por ver cómo el Ejecutivo autonómico reconduce las políticas de lucha contra la despoblación tras la marcha de Vox del gobierno, puesto que eran los socios de coalición los que gestionaban el área de Despoblación con una vicepresidencia propia. Ahora lo ha asumido el Departamento de Fomento, que tenía ya competencias importantes como la vivienda, el transporte y las comunicaciones, sobre los que ya está interviniendo.

Después del nombramiento de un nuevo director general de Despoblación, el reto del Departamento de Fomento, tras haber incorporado esta competencia a su gestión, será concretar los proyectos que dejaron anunciados los anteriores gestores, así como intentar gestionar el Fondo de Cohesión Territorial, que está condicionado por los plazos administrativos y que según ha denunciado la oposición es imposible que pueda ejecutarse por los pocos meses que quedan para que acabe el año.

Propuesta

El PSOE ya lanzó la semana pasada una propuesta, para su debate en el pleno de las Cortes de Aragón, con el fin de evitar que ese dinero se pierda. La solución, según esta formación política, es hacer una modificación presupuestaria para destinar esos fondos a los ayuntamientos con fines de reto demográfico, en el caso de aquellas partidas en las que sea imposible sacar ya las convocatorias.

No obstante, el PP, que ahora gobierna en solitario, replicó que será capaz de gestionar el Fondo de Cohesión pese a las fechas en las que estamos. Además, los populares han hecho una defensa cerrada de la política en materia de despoblación que están llevando a cabo, con especial énfasis en la de vivienda y los planes que se han puesto en marcha, así como en comunicaciones con cuestiones como el mapa concesional del transporte y el Plan Especial de Carreteras, asuntos heredados del anterior gobierno cuatripartito y que han seguido adelante con ellos.

La llamada reordenación del sistema sanitario es otro de lo asuntos sobre los que el Partido Popular esgrime que ha trabajado como política de apoyo al medio rural, y por tanto de lucha contra la despoblación, si bien la oposición critica el recorte de servicios tanto en sanidad como en educación.

Los populares también han defendido su gestión en materia de industria y empleo con las convocatorias del Fondo de Transición Justa en la provincia de Teruel, con 88 millones de euros procedentes de fondos europeos. Lo que no ha aclarado el Gobierno del PP en solitario es qué pasará finalmente con el centro de estudios demográficos que habían previsto sus exsocios de Vox, así como con el congreso internacional sobre la materia que habían anunciado.

Con el inicio del nuevo curso político deberá esclarecerse también qué va a pasar con la Ley de Dinamización del medio rural aprobada a finales de la pasada legislatura, que tiene que desarrollarse, y sobre cuya continuidad o modificación Vox había sembrado las dudas.

La ley se aprobó in extremis en marzo de 2023 en el último pleno de la legislatura pasada y en sus disposiciones adicionales establece que en el plazo máximo de un año debían desarrollarse las bases del programa territorio emprendedor de Aragón. El mismo plazo se daba para la puesta en marcha de los bonos de impacto rural, así como de una plataforma en línea para la prestación de servicios de información y asesoramiento a emprendedores, y el diseño y puesta en marcha de un banco digital de ideas, proyectos y oportunidades del medio rural en Aragón. Idéntico plazo fijaba la ley para implementar un programa de relevo generacional para la transmisión y estabilidad de negocios intergeneracionales. El Inaem sí que puso en marcha el mes pasado el programa Mejora para ayudar a la contratación de jóvenes y fomentar el relevo generacional en las empresas.

La ley establecía también que en el plazo de un año debería impulsarse un plan de digitalización en el medio rural para promover la comercialización en línea, así como la puesta en marcha de una Academia rural digital y de laboratorios de innovación rural para definir los objetos y retos territoriales sobre los que deberán trabajar.

Otras disposiciones de la ley que establecían un plazo entre seis meses y dos años para desarrollarse eran la elaboración de un programa de gestión territorial de dinamización económica y social para el medio rural, el desarrollo de un estudio sobre los polígonos industriales existentes en el medio rural, o la revisión de las directrices zonales y programas de gestión territorial vigentes.

En el ámbito estatal, durante el nuevo curso político que se inicia en septiembre, y que va a estar marcado por la financiación autonómica ante las exigencias de Cataluña, hay varios asuntos relativos al reto demográfico que están pendientes de resolver, y que en buena medida dependerá de si finalmente se consiguen aprobar los Presupuestos Generales del Estado o no.

Ayudas del 20%

El más importante para la provincia de Teruel es el tema de las ayudas de funcionamiento a las empresas, después de que la Comisión Europea autorizase que se pudiesen aplicar hasta en un 20% de los costes laborales, pero el Gobierno central sólo lo haya hecho en apenas un 1%.

Las ayudas comenzaron a aplicarse el 1 de enero del año pasado pero sin cumplir las expectativas de las tres provincias beneficiadas por su baja densidad demográfica, que son Teruel, Cuenca y Soria. Desde entonces las organizaciones empresariales de las tres han intentado hacer ver al Gobierno que son insuficientes y están muy lejos de lo que autorizó Europa, además de haberse convertido en un asunto de permanente reivindicación por parte del Ejecutivo aragonés y de debate político en las Cortes Generales.

Durante el periodo de sesiones anterior a las vacaciones del verano, se votaron distintas iniciativas de la oposición tanto en el Senado como en el Congreso para pedir que estas ayudas se apliquen en su máxima intensidad, y que se reincorpore a los nuevos autónomos en la tarifa plana que tenían, ya que desde enero de este año dejó de aplicarse esa medida al no haber Presupuestos Generales del Estado y prorrogarse los anteriores.

El PSOE se había abstenido en esta reivindicación hasta que en la Comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado celebrada el 25 de junio respaldaron también la demanda a raíz de una moción del PP que defendió el parlamentario turolense de esta formación, Carlos Boné.

Tramitación

Garantizar que la gente que vive en el medio rural cuente con servicios básicos a menos de media hora de su lugar de residencia, es una de las políticas que deberán implementarse desde el Estado después de que tanto el PSOE como Sumar se comprometiesen a ello al inicio de la legislatura. De momento, el único paso que se ha dado fue la aprobación de una Proposición no de Ley en febrero de este año a iniciativa de ambos grupos políticos, para que se impulse esta iniciativa.

Se da la paradoja de que la propuesta se presentó inicialmente en 2020, cuando Teruel Existe tenía representación en las Cortes Generales y lo hicieron ellos, pero en cambio los socialistas y Unidas Podemos no la apoyaron entonces.

La propuesta pretende regular por ley que todo ciudadano esté a menos de 30 minutos de los servicios públicos básicos, y la PNL aprobada en el Congreso ha sido de momento la única pista que han dejado entrever los grupos proponentes sobre por dónde podría ir la iniciativa. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, lo avanzó un mes antes durante una comparecencia en el Congreso. Entonces explicó que se iba a trabajar para que nadie estuviese a más de media hora de esos servicios y dejó bien claro que requerirá de la implicación de las Comunidades Autónomas, que son las que tienen la mayoría de las competencias en la materia. En Aragón se ha reclamado ya al Estado concreción y financiación para poder asumir ese coste.