El Gobierno central da por cumplidos el 64% de los compromisos de lucha contra la despoblación

El Gobierno central da por cumplido el 64% de los compromisos que adquirió a comienzos de la legislatura para combatir la despoblación, un problema que se incorporó como prioridad a la agenda del Estado hace ahora seis años, cuando así se introdujo en la Conferencia de Presidentes celebrada el 17 de enero de 2017. Aragón fue una de las Comunidades Autónomas que presionó en dicho encuentro para que el reto demográfico pasara a ser considerado como un asunto de Estado que había que abordar sin más dilación en el país.

Desde aquella Conferencia de Presidentes muchos son los cambios que ha habido sobre esta cuestión, aunque la percepción no es la misma desde unos ámbitos que otros en función de que se esté gobernando o en la oposición. Fue en ese encuentro entre los presidentes autonómicos y el del Gobierno central, que en aquel entonces era el popular Mariano Rajoy, cuando se empezó a trabajar de manera sistemática en la lucha contra el reto demográfico y la despoblación con un organismo propio del Estado, que primero fue un comisionado y después pasaría a convertirse en una Secretaría General con el actual Gobierno del socialista Pedro Sánchez.

Sánchez heredó del Ejecutivo de Rajoy el compromiso de hacer frente al reto demográfico como una prioridad en la agenda del Estado, y fue el que aprobó el Plan de 130 medidas para hacer frente a la despoblación, además de haber introducido de forma transversal esta cuestión en todos los ministerios, aunque desde la oposición se le acusa de mucha teoría y poca práctica, así como de hacer muchos anuncios y no materializarlos después en la práctica, como ha ocurrido con la reciente polémica sobre la elección de la sede de la Agencia Espacial Española.

El Gobierno de Pedro Sánchez considera, no obstante, que está cumpliendo con sus compromisos en esta materia, y así lo recoge Moncloa en el informe Cumpliendo del segundo semestre de 2022, en el que cifra el grado de cumplimiento de los compromisos en materia de reto demográfico en el 64%, mientras que en proceso estaría el 32% y no iniciados un 4%.

De cara a este semestre, el Ejecutivo pretende llegar en junio al 70% en el cumplimiento de los compromisos que adquirió para hacer frente a la despoblación, mientras que el 28% prevé tenerlos en proceso a finales del segundo trimestre. Dentro del detalle que hace el Gobierno en el informe Cumpliendo de diciembre de 2022, se refiere en 48 ocasiones a iniciativas que tienen que ver con la lucha contra la despoblación y en más de 200 casos al reto demográfico.

Lo que no se ha conseguido en todo este tiempo es un Pacto de Estado contra la despoblación, como pidió en marzo de 2019 la gran manifiestación de la España vaciada que tuvo lugar en Madrid y que dio un giro al debate político y social sobre esta cuestión en el país, puesto que dio paso con los meses a la presentación de Teruel Existe a las elecciones generales de noviembre de ese año, en las que obtuvo tres representantes en las Cortes Generales.

La continua presencia del debate político sobre la despoblación en el Congreso y el Senado, donde ya se venía debatiendo con anterioridad y se habían creado comisiones específicas en la Cámara Alta en legislaturas anteriores, aunque no con tanta intensidad, ha dado paso ahora a un escenario nacional en el que distintos movimientos de la España vaciada van a concurrir a las elecciones para seguir los pasos de Teruel Existe e intentar tener más peso para que cambien las cosas.

Cuando en la Conferencia de Presidentes de enero de 2017 se introdujo el reto demográfico como prioridad en la agenda de Estado, nadie podía imaginar que seis años después el problema de las despoblación iba a ser una cuestión a la orden del día en las Cortes Generales y un motivo recurrente en la sociedad española, que lo ha incorporado en todos sus ámbitos.

El Pacto de Estado

Lo que se pedía con el Pacto de Estado contra la despoblación es que todas las fuerzas parlamentarias fuesen a una a la hora de establecer políticas para combatir el problema, al margen de ideologías para que tuviesen continuidad en el tiempo, cuando lo que ha ocurrido es que la cuestión se ha convertido en un arma arrojadiza más en el escenario político.

Así lo denunciaron en el Senado a finales de año tanto la senadora de Teruel Existe, Beatriz Martín, como el senador del PP por Teruel, Manuel Blasco, con motivo de una comparecencia del secretario general para el Reto Demográfico, Francisco Boya, durante el trámite para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2023.

Martín criticó que ese pacto no se hubiese materializado pese a haberse aprobado una iniciativa en el Congreso en junio de 2020 que obtuvo una amplia mayoría; mientras que Blasco reprochó a Francisco Boya que tras tres años de legislatura y más de cuatro en el Gobierno, los socialistas no hubiesen hecho nada positivo para luchar contra la despoblación.

Boya rebatió a ambos desde el Gobierno y argumentó que en el momento actual sí existe una política de Estado frente al reto demográfico, algo que a su juicio no existía “muy poquito tiempo atrás”. Reconoció que más allá de que pudiesen darse las condiciones para alcanzar un Pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas, lo que sí había era una “acción contundente” por parte del Gobierno de forma capilar y con todas las instituciones.

El secretario general para el Reto Demográfico añadió que el problema no solo es una cuestión de dinero sino que es “muy poliédrico” y de una “complejidad enorme” que requiere, admitió, de una “voluntad de consenso político” desde todas las administraciones.

El Ejecutivo central destaca los avances con las medidas puestas en marcha

Dentro del informe Cumpliendo presentado por el Ejecutivo central se destacan las acciones que está desarrollando en materia de lucha contra la despoblación y el reto demográfico y se refiere en más de doscientas ocasiones a ello, ya que este aspecto aparece de forma transversal en distintas acciones del gobierno.

Respecto a los últimos avances en esta materia, el informe se refiere a que se ha resuelto la convocatoria de ayudas para la transformación territorial y lucha contra la despoblación por un valor total de 29 millones de euros, de la que se han beneficiado más de 260 proyectos impulsados por entidades locales, entidades sin ánimo de lucro e iniciativas empresariales. También que en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 figuran un total de 33 millones de euros en ayudas a entidades locales, pymes y ONGs. Las ayudas están enfocadas a impulsar la actividad económica y el apoyo al emprendimiento rural especialmente de mujeres y jóvenes

Valora por otra parte que se haya autorizado la distribución territorial de más de 50 millones de euros para impulsar actuaciones en municipios situados en zonas de reto demográfico, habiéndose transferido 40 millones de euros a las Comunidades Autónomas para iniciativas ligadas a la bioeconomía y 15,7 millones de euros destinados a impulsar acciones de dinamización territorial cofinanciadas con cargo al Fondo de Cohesión Territorial.

Destaca igualmente que se hayan publicado las resoluciones de convenios con distintas diputaciones provinciales, entre ellas la de Teruel, para la implantación de centros orientados al networking empresarial, la cooperación y el teletrabajo y el desarrollo del Proyecto de Innovación Territorial.

Incide también en las iniciativas que se están desarrollando para el apoyo al emprendimiento rural o el desarrollo de Campus Rural.