El Gobierno de Aragón adjudica los contratos de las expropiaciones del Plan de Carreteras

El Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón ha adjudicado los contratos para la gestión de los procedimientos expropiatorios de los diez itinerarios del Plan Extraordinario de Carreteras, dos de los cuales vertebran de norte a sur y de este a oeste la provincia de Teruel, y un tercero afecta a vías tanto turolenses como zaragozanas en el Bajo Aragón. Se trata de un nuevo paso para que las obras puedan iniciarse este mismo año, previsiblemente a mediados del ejercicio, tal como se comprometió el Gobierno de Aragón cuando se presentaron los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2024.

El anuncio de adjudicación apareció publicado este miércoles en la Plataforma de contratación del sector público, después de que la licitación saliese en octubre del año pasado. La intención del Ejecutivo era agilizar toda la tramitación para que los trabajos se puedan iniciar lo antes posible, y dentro de los mismos está la gestión de las expropiaciones que serán necesarias.

El contrato salió a licitación por casi dos millones de euros, IVA incluido, dividido en diez lotes, uno por cada itinerario, y un plazo de ejecución de nueve meses.

En el caso de los lotes que discurren exclusivamente por la provincia de Teruel, el primero de ellos, el número 9, que cubre un itinerario de este a oeste de la provincia, ha sido adjudicado a Ayesa Ingeniería y Arquitectura SAU por 116.747,38 euros. Ha sido la oferta mejor valorada entre las ocho que se presentaron.

El lote 10, correspondiente al itinerario norte-sur de la provincia de Teruel, ha sido adjudicado a la empresa Iplan Gestión Integral SL por 200.610,43 euros (IVA incluido). En este caso también se presentaron ocho ofertas.

Lote uno

A la provincia también le afecta el lote 1 correspondiente al itinerario del Bajo Aragón que comparten las provincias de Zaragoza y Teruel. Aunque la mayor parte discurre por la provincia vecina, es a este itinerario al que le corresponde construir la variante de Valderrobres.

El Plan Extraordinario de Carreteras tiene una especial trascendencia porque va a suponer una mejora sustancial de la red principal de la Comunidad Autónoma. Gestado y puesto en marcha todo el procedimiento administrativo con la elaboración de los pliegos y el inicio de la licitación durante la pasada legislatura con el gobierno cuatripartito, y con CHA en el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, ha sido asumido por el actual Ejecutivo de coalición PP-Vox. Aunque los nuevos gestores del Gobierno de Aragón han manifestado que no es el plan que ellos hubiesen puesto en marcha, han continuado con todo el procedimiento, además de haber agilizado su tramitación para que los trabajos puedan empezar cuanto antes.

Este plan supondrá una inversión superior a los 100 millones de euros para la mejora de las carreteras autonómicas en la provincia de Teruel, de las que se beneficiarán más de 400 kilómetros de vías y permitirán acometer las variantes de Mora de Rubielos y Valderrobres, tan demandadas desde hace tiempo.

La agrupación de empresas formada por Cyopsa Sisocia, Construcciones y Excavaciones Lecha y Meridiam Europe IV será  la encargada de la construcción del itinerario 9. Fue la única que concurrió y la propuesta de adjudicación supera los 46,5 millones de euros. Se intervendrá en un total de 184 kilómetros de las carreteras A-226, A-227, A-1512 y A-1703.

Itinerario 10

Para las obras del itinerario 10 se presentaron dos grupos de empresas, y finalmente la propuesta de adjudicación se hizo para la agrupación formada por Alvac, Construcciones y Excavaciones Lecha SL y Meridiam Europe IV, con un presupuesto de más de 47,8 millones de euros (IVA no incluido como en el anterior). La intervención afecta a 188 kilómetros de las carreteras autonómicas A-222, A-228, A-232, A1401 y A-1402.

Lo novedoso de los contratos de los diez itinerarios, con una duración de veinticinco años, es que cambia por completo el sistema de gestión mediante un modelo concesional. Las obras deberán realizarlas al inicio del contrato las empresas adjudicatarias, a la vez que se harán cargo de su conservación, y la DGA pagará un canon anual durante su duración. Pasado ese tiempo toda la inversión revertirá a la Administración autonómica.

El objetivo es que de esta forma la mejora de las carreteras se haga al inicio con una inversión potente a cargo de las empresas, que luego irá pagando la Administración con el canon anual.