El Foro de Regiones con Desafíos Demográficos, espíritu del Pacto de Estado contra la Despoblación desde hace ocho años

El Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos (FREDD) que integran ocho comunidades autónomas ha terminado convirtiéndose en el espíritu de lo que debería ser un Pacto de Estado contra la Despoblación, con independencia del color político de sus respectivos gobiernos y de sus diferencias, puesto que han apostado por lo que les acerca y no por aquello que les aleja. En su última reunión, celebrada la semana pasada en Santiago de Compostela, suscribieron una nueva declaración institucional en la que incidieron en su objetivo de conseguir una financiación autonómica acorde con el coste real de los servicios públicos, que es por lo que se creó el foro, pero profundizaron en lo que eso y otras medidas deben suponer para el conjunto del país, la consecución de un verdadero equilibrio territorial sin tener que confrontar a esas dos Españas cuyo desarrollo va a distintas velocidades.

De la primera declaración que hizo el FREDD, cuando se creó en 2013, al momento actual, el foro se ha llenado de contenido y fue el que impulsó que la Conferencia de Presidentes de enero de 2017 asumiera que el reto demográfico y la despoblación era un asunto de Estado que requería de una estrategia estatal.

Desde aquella primera declaración se han ido sumando acciones que las ocho comunidades autónomas han promovido no solo a nivel de Estado sino también en las instituciones europeas, en las que hoy día el reto demográfico y la despoblación también ha entrado a formar parte de sus políticas.

Implicación territorial

Las ocho comunidades del FREDD pusieron de manifiesto el pasado 23 de noviembre en Santiago de Compostela que el problema de la financiación autonómica va ligado al de la despoblación, y que requiere de la implicación de todos los territorios, incluidas las regiones más desarrolladas sin necesidad de abrir una confrontación con las mismas.

El camino recorrido por el FREDD ha pasado por varios periodos en los que surgieron incluso diferencias que distanciaron a algunas comunidades, hasta el punto de que hubo cumbres a las que no asistieron todas las que forman parte de ella, pero el pasado martes demostraron en Santiago de Compostela que es posible superar las diferencias y los colores políticos y apostar de manera conjunta por un pacto en asuntos que permitan hacer frente al problema del reto demográfico y la despoblación, que cada uno de estos territorios padece a su vez de muy distinta manera.

La última declaración profundizó en el reequilibrio territorial en un momento en el que el descontento de la España vaciada, despoblada o de las oportunidades, que en el fondo es lo mismo, ha anunciado su irrupción en el escenario político. Incluso el presidente aragonés, Javier Lambán, hizo referencia a ello durante su intervención en la rueda de prensa posterior a la firma de la declaración institucional.

El Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos surgió en octubre de 2013 cuando tuvo lugar su primera reunión en Oviedo, aunque entonces no se denominaba así y solo estaban la mitad de regiones que lo conforman ahora. En aquella ocasión fueron las comunidades de Asturias, Aragón, Castilla y León y Galicia las que se juntaron para suscribir la llamada Declaración Institucional sobre la Crisis Demográfica.

En síntesis, aquella declaración pretendía hacer ver al Estado que la situación de crisis demográfica que padecían estas regiones por el envejecimiento de sus habitantes, su baja densidad y la dispersión poblacional tenía que tener un mayor peso y estar mejor ponderada en la revisión del modelo de financiación autonómica, que sigue pendiente.

Cuatro meses después se sumaron a este grupo Castilla-La Mancha y Extremadura, y en 2016 se incorporaron también Cantabria y La Rioja, que es como en la actualidad está configurado el FREDD, cuyas regiones suponen el 61,97% de la superficie de España, pero solo un 24,13% del total de su población, un dato que refleja por sí solo la grave problemática del desequilibrio territorial.

La financiación autonómica fue la clave para poner en común a estas ocho regiones españolas de cara a conseguir una mayor financiación autonómica que responda al coste real de los servicios públicos que se prestan, pero que ha ido ganando en contenido y planteamientos en su reivindicación haciendo posible que desde enero de 2017 el reto demográfico y la despoblación, que en realidad son cuestiones distintas aunque complementarias, haya sido reconocido como un asunto de Estado.

A lo largo de estos ocho años han mantenido diferentes encuentros y suscrito distintas declaraciones en las cumbres que han celebrado y que han ido rotando por las ocho comunidades autónomas que integran el foro. En Aragón se han celebrado dos, la primera en junio de 2017 y que albergó Teruel capital, y la segunda un año después, en septiembre de 2018, que tuvo lugar en Zaragoza. Después llegaron las elecciones y la pandemia, y el cónclave celebrado la semana pasada en Santiago de Compostela ha supuesto reactivar este foro que a lo largo de todo este tiempo ha ido configurando sus propuestas desde el consenso y el pacto con independencia del color político de sus gobiernos.

La última declaración institucional conjunta del que se ha denominado Foro Santiago Camino de Consenso, incide en el amplísimo documento que firmaron en 2016 con la Declaración Institucional de Cuenca. Consideran totalmente vigente el mismo pero inciden en pedir que la Estrategia nacional frente al reto demográfico se desarrolle progresivamente con la creación de un fondo específico de carácter estatal, además de apoyar la reivindicación de las comunidades autónomas de Aragón y las dos Castillas para que las provincias de Teruel, Soria y Cuenca sean beneficiarias de las ayudas de Estado autorizadas por la Comisión Europea al tener una densidad inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, además de abrir las vías para seguir demandando en Europa la ampliación del concepto “zona escasamente poblada” que permita en el futuro tener acceso a medidas de apoyo específico diseñadas por las instituciones europeas.

Junto al apoyo al sector agrícola, el compromiso transversal para que todos los territorios tengan acceso a los mismos servicios públicos y se reduzca la brecha digital, la última declaración incide en la necesidad de que todo el país diseñe un nuevo modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta en mayor medida los criterios demográficos para responder “con eficacia y equidad a las necesidades del conjunto de los ciudadanos, vivan donde vivan”.

La declaración plantea este objetivo a través de un necesario “consenso multilateral” en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera que tenga en cuenta las necesidades de todas las Administraciones y que las decisiones que se tomen queden al margen de los espacios bilaterales entre el Gobierno central y las distintas comunidades autónomas.

El FREDD no entra en conflicto con los intereses que defiende cada autonomía, pero incide en que aquello que debe unir a todos es “acertar en la definición de los costes reales que suponen los servicios que prestamos en el ejercicio de nuestra autonomía, así como de los factores demográficos con incidencia significativa sobre los mismos”. Consideran que ese es “el único camino posible para garantizar la igualdad de los españoles con niveles de servicios públicos homogéneros en todas las comunidades y evitar desequilibrios territoriales”.

Ponen énfasis en que ninguna autonomía reciba menos financiación como consecuencia de la modificación del sistema, una cláusula que se ha tenido en cuenta por otra parte en todas las reformas anteriores que se han hecho.

Piden al Gobierno central definir cuanto antes una metodología que permita a todos los gobiernos autonómicos hacer sus aportaciones sobre cómo debería ser el nuevo modelo de financiación que, según el FREDD, debería tener “como objetivo inexcusable que todas podamos prestar servicios similares, con independencia de la capacidad de cada una para generar ingresos tributarios”.

Principio de suficiencia

Plantean reforzar el principio de suficiencia que les permita contar con recursos suficientes para prestar los servicios de su competencia, creando un catálogo de servicios y potenciando mecanismos de nivelación que permita “corregir los déficits de financiación que sufren todas las comunidades autónomas en el modelo vigente, dotando al sistema autonómico de mayores recursos”.

Reclaman que la financiación sea por los costes reales de los servicios, atendiendo además de a los costes fijos, a los criterios de superficie de los territorios, la dispersión, la baja densidad, la orografía, la baja natalidad o el envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población, puesto que eso supone un mayor coste en la prestación de los servicios que “debe cuantificarse de forma completa” y ser ponderada “en mayor medida que en el actual sistema”.

Además, consideran que de forma específica deberían evaluarse los gastos vinculados a la educación, sanidad y servicios sociales por el elevado peso que tienen, y proponen igualmente la elaboración de un estudio independiente que evalúe el efecto de criterios como el nivel de renta, la tasa de paro o la pobreza en el coste de la prestación de servicios.

En particular inciden también en hacer un análisis especial sobre los costes de la sanidad que permitan ajustar los distintos indicadores y su ponderación, para que se “garantice la suficiencia dinámica del gasto sanitario en el modelo de financiación”.

En la declaración suscrita por el FREDD se considera clave tener en cuenta criterios que “permitan impulsar el reequilibrio territorial entre zonas densamente pobladas y zonas en declive demográfico y proporcionar servicios públicos de calidad a estas últimas”. Y de igual forma recalcan que “el sistema debe garantizar un desarrollo económico sostenible e integrado para todos, prestando atención a la inversión en políticas de conciliación, de apoyo a la natalidad y de dotación de recursos para el desarrollo rural”.

Las propuestas de la última declaración conjunta del FREDD va más allá de la financiación autonómica y defiende también que el reparto de los Fondos Next Generation de recuperación de la Unión Europea se realice “de forma equitativa mediante el establecimiento de criterios estables y objetivos”, además de abogar por la necesaria reforma de la financiación local.

Inciden en que los Fondos Next Generation deben ser una oportunidad para consolidar la recuperación económica tras el impacto de la pandemia, y abogan por una asignación de recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tanto a proyectos públicos como privados, que “garanticen una salida cohesionada de la crisis”. Apuestan en este sentido por los territorios más perjudicados por la transición energética y la aplicación de diferentes criterios como los vinculados con los territorios con importantes desventajas demográficas.