El Fite cumple treinta años con más de 1.200 millones de inversión y proyectos que han ayudado a impulsar Teruel

El Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) cumple treinta años. Fue en octubre de 1992 cuando se firmó el primer convenio entre los gobiernos central y autonómico, y 1993 el primer año en el que los presupuestos de ambas administraciones incluyeron una partida especial para impulsar el desarrollo de la provincia tras su exclusión del Objetivo 1 de la UE y de los Fondos de Compensación Interterritorial. Desde entonces se han destinado a través de este mecanismo compensatorio más de 1.200 millones de euros que han dado lugar a proyectos estratégicos que han impulsado la provincia en sectores como el turístico o el industrial, además de invertir en servicios e infraestructuras municipales.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, considera que “la faz de la provincia ha cambiado” gracias al Fite y el desarrollo autonómico, mientras que el presidente de CEOE Teruel, Juan Ciércoles, opina que este fondo ha sido una herramienta “importante” y “positiva” para que Teruel cuente hoy día con proyectos que hace tres décadas eran impensables, desde el desarrollo de las pistas de esquí y Dinópolis, en los primeros años, a instalaciones como Motorland después o más recientemente el Observatorio Astrofísico de Javalambre y el Aeropuerto de Teruel, con todo el impulso que está teniendo para el desarrollo del sector aeroespacial.

Para la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, departamento desde el que se gestiona en los últimos años el Fite, este fondo especial ha permitido “desarrollar proyectos que eran impensables” cuando se firmó el primer convenio, y ha sido “vital” para el desarrollo de algunos sectores.

En estos treinta años, incluyendo el Fite de 2023, se han destinado a la provincia con este fondo más de 1.200 millones de euros, aportados a partes iguales por las administraciones central y autonómica, según destacó a finales del año pasado en el Senado el secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González Gómez.

Han sido tres décadas en las que el Fondo de Inversiones de Teruel no ha estado exento de polémicas en el marco del debate político y parlamentario. El primer convenio se firmó cuando el PSOE gobernaba en el país con Felipe González de presidente y el Ejecutivo aragonés lo presidía Emilio Eiroa (PAR) en un gobierno de coalición con el PP, cuyo consejero de Economía y Hacienda era el turolense Santiago Lanzuela, que fue quien lo impulsó una vez que la provincia quedó excluida de los principales instrumentos financieros de desarrollo regional de la Unión Europea debido al alto nivel de renta de los que gozaba la Comunidad Autónoma de Aragón.

La exclusión se debió al efecto descompensador del alto nivel de renta provocado por la provincia de Zaragoza al tenerse en cuenta el PIB regional, sin considerar las desigualdades interterritoriales. El primer convenio del fondo, denominado entonces Plan Especial de Teruel, atendía a la necesidad de aplicar medidas excepcionales que corrigiesen esa situación para “facilitar la financiación de proyectos de inversión que promuevan directa o indirectamente la generación de renta y de riqueza en la provincia de Teruel”. Diez años después, en el convenio suscrito en 2002, se añadió que los proyectos debían ser “generadores de empleo” y contribuir a la “fijación de población”.

Primero de los convenios

El primero de los convenios, firmado en 1992 y con aplicación en los presupuestos de 1993, establecía que cada administración aportaría 5.709.615,99 euros anualmente (950 millones de las antiguas pesetas), que en 1997 se amplió a 10,8 millones de euros (1.800 millones de pesetas).

La tercera ampliación del Fite tuvo lugar en 2002 cuando ya estaba vigente el euro y la aportación de cada uno de los dos gobiernos se fijó en 15.025.300 euros, en total 30.025.300 euros al año. Así se mantuvo hasta 2006, ya que con motivo de la aprobación del Plan de Actuación Específico para Teruel con el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, el Fite se duplicó hasta los 60 millones de euros anuales, 30 por cada una de las administraciones.

Con esa cantidad anual de 60 millones ha perdurado hasta hoy día, sin incrementos, aunque con problemas en la primera mitad de la década pasada, cuando estuvo a punto de desaparecer porque el primer gobierno del popular Mariano Rajoy lo eliminó inicialmente de los Presupuestos Generales del Estado de 2013. Después, tras incorporarlo durante la tramitación parlamentaria por la presión social y política que hubo, se modificó el convenio y se eliminó su plurianualidad, lo que dio lugar a una de las ejecuciones más bajas del Fite en los siguientes años porque se exigía que los proyectos se desarrollasen dentro del ejercicio. En caso contrario se perdía el dinero al no ser acumulable.

Esa situación se mantuvo hasta 2019, cuando volvió a recuperarse la plurianualidad con el Gobierno socialista de Pedro Sánchez. Además, los cerca de 40 millones del dinero que exigió devolver la Administración central por sus aportaciones no ejecutadas en los años anteriores se acordó reincorporarlo en los Fite de los años siguientes.

Ha sido en estos últimos años cuando más dinero ha tenido el Fondo de Inversiones de Teruel, además de contar con la plurianualidad de cuatro años para poder ejecutar el de cada ejercicio. El PP ha denunciado, no obstante, la baja ejecución de los últimos ejercicios así como el retraso de las convocatorias de las ayudas que contempla, a la vez que desde el debate parlamentario, político y social no ha dejado de criticarse que las inversiones del Fite han de ser complementarias y no sustitutorias de las que deben figurar en el capítulo de inversiones de los presupuestos de la Comunidad Autónoma.

En los últimos años se han ido incorporando cambios al convenio del Fondo y a la gestión para mejorar su aplicación, sobre todo después de que la Cámara de Cuentas de Aragón hiciese una serie de recomendaciones a raíz de realizar un informe de fiscalización correspondiente al Fite de 2016 que analizaba también el desarrollo del mismo desde 1993.

El órgano auditor del sector público aragonés valoró a principios de 2020 en las Cortes de Aragón que esas recomendaciones se hubiesen incorporado, si bien su presidente incidió en que era necesario reducir la carga burocrática para agilizar su ejecución y evitar los retrasos, además de destacar la importancia del mismo y la necesidad de que siguiese existiendo. Los grupos parlamentarios incidieron por su parte en algo en lo que no han dejado de insistir, en que se formalice el Fite a principios de año, así como mantener su plurianulidad, tal como se aplica actualmente, tras el periodo crítico que se vivió durante los años de la gran recesión.

El debate político sobre el Fite es recurrente tanto en el Parlamento aragonés como en las Cortes Generales. La última vez que se abordó esta cuestión fue a finales del año pasado durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, ya que Teruel Existe viene pidiendo en esta legislatura que el Fite se incremente en otros 30 millones de euros, 15 millones cada una de las administraciones. Eso colocaría el Fondo en 90 millones de euros cada año frente a los 60 actuales.

En la Comisión de Presupuestos celebrada el pasado 1 de diciembre en el Senado, la parlamentaria de Teruel Existe, Beatriz Martín, insistió en pedir al secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González, que el Fite no sea un sustituto de los presupuestos de inversión autonómicos, al igual que en ser más exigentes a la hora de supervisar la idoneidad de los proyectos.

Herramienta útil

Fue entonces cuando Alfredo González destacó que se hubiesen destinado a la provincia más de 1.200 millones de euros con cargo al Fite desde 1993 y valoró que este fondo haya sido un “instrumento útil para apoyar a la provincia de Teruel” con los sucesivos gobiernos que ha habido.

El secretario de Estado de Política Territorial valoró también que “el desarrollo socioeconómico se ha visto reforzado y fortalecido con inversiones como las del propio Fite”, y que la comisión de seguimiento del mismo “funciona perfectamente”. Una de las novedades del último convenio del Fite establece que la Comunidad Autónoma puede decidir directamente los proyectos a los que apoyar cada año, si bien debe informar a la comisión de seguimiento.

Ha sido una de las últimas novedades de este instrumento de desarrollo que en los últimos años ha incidido en las inversiones en proyectos estratégicos, así como en reforzar las ayudas a las empresas. Y es que desde 2021 el Fite se abrió a la participación de los agentes económicos y sociales, así como a la Diputación de Teruel en representación de los ayuntamientos. Llevaban años pidiéndolo y ese año se reguló, mediante una orden del Departamento de Presidencia, el funcionamiento de esa comisión de trabajo, de manera que siga existiendo en el futuro con independencia de los cambios de gobierno que pueda haber.

Para el presidente aragonés, Javier Lambán, con el Fite de la última legislatura “se ha dado un paso muy importante” al haberlo mejorado “sustancialmente”. “Estoy seguro de que surtirá unos efectos muy beneficiosos para la economía y la sociedad turolense”, algo que ya ha cumplido, argumenta. Valora en este sentido que “se haya dado entrada a los agentes sociales a la hora de definir el Fite”, y que buena parte de los fondos se gestione mediante concurrencia competitiva.

De 1.900 millones de pesetas a 60 millones de euros

El Fite es una herramienta que está consolidada después de tres décadas apareciendo en los presupuestos generales tanto del Estado como de Aragón, pero que todavía tiene que seguir peleándose en Madrid, sobre todo con cada cambio de ejecutivo, y que miran con envidia otros territorios que lo reclaman.

En treinta años el Fondo de Inversiones ha pasado de los 1.900 millones de pesetas (algo más de 11 millones de euros), que fue el primer convenio firmado en Madrid el 20 de octubre de 1992 entre el entonces secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza, y el que era consejero de Hacienda de la DGA, Santiago Lanzuela.

Desde entonces ha habido tres incrementos del fondo en los años 1997, 2002 y 2007, y un susto muy gordo en 2012 cuando desapareció el Fite del proyecto de los PGE de 2013 con el primer gobierno popular de Mariano Rajoy. El Gobierno aragonés de Luisa Fernanda Rudi aseguró que había sido un “error” del Ministerio de Hacienda, que se subsanó en la tramitación parlamentaria.

La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, opina que el Fite se ha erigido como “una política pública de primerísimo nivel que habría que analizar para ver los efectos que ha tenido”. Pérez entiende que este fondo es un ejemplo de cooperación institucional que ha llegado a su madurez con la incorporación en 2021 de los agentes sociales a una mesa de trabajo para definir el Fite de cada ejercicio, a lo que se suma la confianza depositada por Madrid para que sea Aragón directamente la que decida por su cuenta los proyectos que apoyar.

Los empresarios reclaman un incremento

Los empresarios turolenses ven la necesidad de que el Fondo de Inversiones de Teruel aumente la partida de 60 millones de euros que se mantiene sin variar desde 2007. “Nos gustaría que se incrementase”, afirma el presidente de CEOE Teruel, Juan Ciércoles, que argumenta que “no es lo mismo el valor que tenían 60 millones de euros hace diez años que el que tiene ahora”, y pone de ejemplo las obras que se han licitado y no han podido hacerse porque los precios han subido.

Ciércoles considera que los efectos del Fite en estas tres décadas han sido “importantes”, sobre todo en sectores como el turístico u otros nuevos punteros a raíz de la construcción del Aeropuerto de Teruel, además de las ayudas que se han destinado a los municipios. “Ha tenido un resultado positivo”, afirma, a la vez que constata que “sin el Fite no estaríamos hablando de la misma realidad en la provincia”.

El presidente de la patronal turolense valora que por fin se les haya dado participación para decidir sobre el reparto del Fite cada año, y aseguró que de cara al futuro debe haber más ayudas al sector empresarial, “que es el que crea empleo y afianza la
gente en el territorio”.