El Estatuto ha hecho de la ordenación del territorio un instrumento para la cohesión del medio rural

“Las comarcas fueron la solución aprobada unánimemente por todos los partidos en las Cortes de Aragón, entre nosotros y para nosotros, para resolver los problemas de despoblación y envejecimiento y deben recibir el más amplio respaldo, ante criterios y soluciones que no se adecúan a nuestra realidad”, afirmó en su día el que fuera director general de Desarrollo Estatutario del Gobierno de Aragón, José María Bescós. Y es que la norma básica de convivencia con la que nos dotamos los aragoneses hace cuatro décadas, el Estatuto de Autonomía, ha hecho de la ordenación del territorio un instrumento para la cohesión del medio rural a pesar de las dificultades demográficas a las que siguen enfrentándose la provincia de Teruel.

El autogobierno, al haber acercado las competencias al territorio y haberlas descentralizado hacia estructuras como las comarcas, ha permitido una lucha prácticamente constante contra esa sangría que supone la despoblación rural desde hace décadas, aunque el enorme imán que supone la capital aragonesa haya jugado en contra, al igual que lo hizo la gran recesión de 2008 y la lentitud administrativa para el desarrollo de las leyes que se han aprobado bajo el paraguas del artículo 20 del Estatuto de Aragón.

Desde la aparición del Fondo de Inversiones de Teruel (Teruel), hace ya tres décadas, hasta la creación de las comarcas y el más reciente proyecto de Ley de Dinamización del Medio Rural que se encuentra en estos momentos en tramitación parlamentaria, el Estatuto ha permitido la aprobación de herramientas dirigidas a combatir los desequilibrios territoriales que van desde el Plan integral de política demográfica y contra la despoblación, de hace ya veintidós años, la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón (EOTA) y la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación.

El artículo 20 del Estatuto establece los principios rectores de las políticas públicas que corresponden a los poderes públicos aragoneses, el primero de los cuales es “promover las condiciones adecuadas para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”, así como “remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la participación de todos los aragoneses en la vida política, económica, cultural y social”.

Garantizar la representación

La última reforma del Estatuto acometida por el Parlamento aragonés ha permitido blindar el número mínimo de diputados de la provincia de Teruel en las Cortes de Aragón, para que no siga perdiendo representación política a causa de su pérdida de población; y la posibilidad de autogobierno con que dotó el Estatuto a los aragoneses permitió hace treinta años que se crease el Fondo de Inversiones de Teruel, con el que han llegado a la provincia en todo este tiempo más de mil millones de euros.

Bien es cierto que el carácter distorsionador en términos estadísticos que supone Zaragoza dejó a la provincia fuera del Objetivo 1 de los fondos de la Unión Europea y del Fondo de Compensación Interterritorial, lo que propició la creación de este fondo especial. De haber podido ser reconocida Objetivo 1 hubiesen llegado más fondos, pero la realidad es la que era y la Autonomía, al menos, hizo posible una compensación que hoy día sigue vigente y que ha dotado a Teruel de grandes proyectos estratégicos como Dinópolis, Motorland, el Aeropuerto de Teruel o el Observatorio Astrofísico de Javalambre, sin los cuales la provincia no sería en estos momentos lo que es porque se han podido desarrollar diversos sectores económicos gracias a ellos.

El artículo 20 del Estatuto

El Estatuto, en su artículo 20, establece también que los poderes públicos aragoneses deberán “impulsar una política tendente a la mejora y equiparación de las condiciones de vida y trabajo de los aragoneses, propugnando especialmente las medidas que favorezcan el arraigo y el regreso de los que viven y trabajan fuera de Aragón”.

También marca el objetivo de “promover la corrección de los desequilibrios económicos, sociales y culturales entre los diferentes territorios de Aragón, fomentando su mutua solidaridad”. Y una de las herramientas de las que se ha dotado la Comunidad Autónoma para ello ha sido el proceso de comarcalización.

El artículo 83 del Estatuto establece que “las comarcas son entidades territoriales, constituidas por la agrupación de municipios limítrofes, vinculados por características e intereses comunes, fundamentales para la vertebración territorial aragonesa”, y que a su cargo tienen “la prestación de funciones y servicios y la gestión de actividades de ámbito supramunicipal, representando los intereses de la población y territorio comarcales en defensa de una mayor solidaridad y equilibrio territorial”.
 

Las comarcas han hecho de la unión la fuerza de los territorios, acercando la administración a los mismos para hacer frente a los costes de los servicios, más elevados en el medio rural al haber menos habitantes. No obstante, a finales del siglo pasado la Autonomía comenzó a trabajar ya en otras herramientas para hacer frente al problema demográfico, cuyo precedente normativo fueron la Ley 7/1998, de 16 de julio, que aprobó las primeras Directrices Generales de Ordenación Territorial, y el Plan integral de Política Demográfica y contra la despoblación, presentado por Comunicación por el Gobierno de Aragón en 2020 y que se complementó un año después en las Cortes de Aragón con 83 resoluciones presentadas por los distintos grupos parlamentarios que tenían representación en ese momento.

El papel destacado de Aragón

Desde entonces Aragón ha jugado un papel destacado a nivel estatal para que el problema demográfico fuese tenido en cuenta en las Cortes Generales y dentro de las políticas del Estado, además de haber seguido desarrollando un marco normativo que ha permitido impulsar políticas en materia de servicios sociales en las zonas despobladas a pesar de ser más elevados sus costes de mantenimiento. Así lo ha hecho manteniendo escuelas abiertas con muy pocos alumnos e impulsando iniciativas como el Plan Integral de Apoyo a las Familias de Aragón (2006-2009).

En esa línea, Aragón impulsó la creación en 2013 del Foro de Regiones con Desafíos Demográficos, desde la que se han aprobado distintas resoluciones y uno de sus retos ha sido hacer ver al Estado la necesidad de un cambio de modelo de financiación autonómica, en el que se tenga en cuenta el coste real de los servicios teniendo en cuenta el problema de la despoblación, y que hizo posible que en la Conferencia de Presidentes celebrada en enero de 2017 el Gobierno central asumiese la elaboración de una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico y que las políticas de lucha contra la despoblación pasasen a formar parte de la agenda política estatal.

A la par, el Estatuto de Autonomía ha permitido el desarrollo en el último decenio de un desarrollo normativo que está abriendo las puertas a un trato diferencial en las zonas rurales para dinamizarlas e intentar frenar el proceso de pérdida de población que siguen sufriendo, dentro de las dificultades que representa un fenómeno que cuenta con muchos factores como detonante.

El marco legislativo en el que está trabajando la Comunidad Autónoma pretende que quienes quieran permanecer en el territorio tengan garantizadas las mismas condiciones de vida de quienes residen en las ciudades. En ese contexto se aprobó en 2014 la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón (EOTA), cuyo objetivo era conseguir un desarrollo del territorio aragonés equilibrado y sostenible.

La EOTA planteaba lograr el equilibrio demográfico en la Comunidad Autónoma como una condición indispensable para el desarrollo del territorio, así como la revisión del Plan Integral de Política Demográfica del año 2000. Es el referente en lo que a ordenación del territorio se refiere, y el germen de la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la despoblación que se trabajó mediante un proceso participativo en la pasada legislatura y que fue aprobada en 2017.

La Directriz es el documento marco que tiene la Comunidad Autónoma para fijar los objetivos y actuaciones sectoriales en materia demográfica y de poblamiento, y cuyas formulaciones de carácter estratégico tienen el valor de criterios determinantes para todas las administraciones públicas aragonesas. Es el germen de políticas de éxito en los últimos años en Aragón como el Fondo de Cohesión Territorial y el referente para impulsar políticas de movilidad como el nuevo mapa concesional del transporte, además de las políticas necesarias para que el medio rural no se quede atrás del urbano.

Nuevo marco normativo

Y en esa línea es hacia lo que está enfocado el nuevo marco normativo impulsado durante la última legislatura, el proyecto de Ley de Dinamización del Medio Rural, actualmente en tramitación en las Cortes de Aragón y que se espera que pueda aprobarse antes de que finalice la legislatura.

La nueva ley es complementaria del resto del ordenamiento jurídico aragonés en esta materia e incorpora importantes novedades como una fiscalidad diferenciada, pero sobre todo es la fórmula para que cuestiones como el mecanismo de garantía rural se incorpore a todas las políticas y leyes de la Comunidad Autónoma, y ante todo que estas políticas queden blindadas por ley a partir de ahora.

Sin Estatuto de Autonomía no hubiera sido posible llegar a este marco normativo que, además, es pionero en España para hacer frente al reto demográfico y la despoblación que sufre una provincia como Teruel, repleta por otra parte de oportunidades, que es lo que pretende impulsar la Ley de Dinamización del Medio Rural.