El director general de Medio Natural asegura que la DGA no estaba preparada para el “aluvión” renovable

Las tecnologías aplicadas a las energías renovables y los hitos temporales para su implantación van más deprisa que la legislación, por lo que la vorágine de la transición energética ha cogido a la propia Administración que la impulsa sin las herramientas de planificación y ordenación necesarias para que los proyectos se instalen con el mayor consenso social e impulsando la democratización de la energía mediante su descentralización y distribución. Estas son algunas reflexiones que afloraron en un debate sobre la transición ecológica justa en Aragón programado en la Aragón Climate Week, que se celebra hasta el 24 de octubre para sensibilizar sobre los efectos del cambio climático.

“La Administración aragonesa no estaba preparada para este aluvión de proyectos de energías renovables”, aseguró en este foro el director general de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, Diego Bayona. “Teníamos carencias en la planificación en diversos sectores” como el industrial, la ordenación territorial o a nivel ambiental y, “aunque la estamos remontando, debemos ser todavía prudentes”, apostilló.

Bayona intervino en un debate en el que también estuvieron presentes el director general de Ordenación del Territorio, José Manuel Salvador; la coordinadora de Área de la Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Amara González; el portavoz de Alianza Energía y Territorio, Luis Bolonio y el presidente del Clúster de la Energía en Aragón, Pedro Machín.

Excusó su ausencia el director general de Energía y Minas, Sergio Breto, si bien Salvador quiso recordar sus palabras la semana pasada en la Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de las Cortes de Aragón. Breto recordó que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 prevé la instalación de más de 50.000 megavatios (MW) de nueva potencia renovable en el conjunto del país en la próxima década y en este momento ya hay 180.000 MW en fase de tramitación, de los cuales 23.000 MW en Aragón. “Se plantea la necesidad de ampliar hitos temporales para instalar proyectos renovables que permitan aliviar la presión insostenible que sufre la administración ante el aluvión de centrales renovables”, parafraseó Salvador.

El responsable autonómico de ordenación territorial reconoció que los parques renovables están “impactando” y “generando preocupación en algunos territorios”, por lo que coincidió en la necesidad de aliviar los objetivos temporales para evitar las prisas.

Salvador invitó analizar el “dónde, cómo y para qué” de los proyectos renovables y puso el acento en que hay que “explicar a la ciudadanía” no solo “qué beneficios concretos se generan en determinadas fincas o a determinado ayuntamiento”, sino que “se merece saber si estamos planteando que la Península Ibérica tenga unos corredores energéticos para suministrar a Europa”, o si los parques antiguos se van a poder repotenciar.

En definitiva, dijo, conviene legislar a la velocidad en que avanza la tecnología y “apostar por la transición energética pero con criterios que eviten una sensación de angustia en algunas zonas respecto a los proyectos que están en este momento en tramitación”.

Por su parte, Bayona defendió que la transición ecológica no consista solamente en cambiar tecnologías fósiles por renovables, sino que sea “completa y justa en la parte que conlleva la conservación de la biodiversidad”, que es su negociado.

En este sentido, y para tratar de “remontar” el “colapso administrativo” y poder establecer garantías ambientales a los nuevos proyectos, “en dos años hemos aprobado toda la planificación en la Red Natura 2000 que permite que el Ministerio y el Inaga puedan tomar decisiones más detalladas cuando tiene que decidir sobre estos proyectos”.

“Somos los primeros convencidos de las renovables, pero debemos prestar especial atención a que esto se haga bien, que se tengan en cuenta otras variables como las comunidades energéticas” o la creación de eléctricas públicas, propuso Bayona.

Zonificación vinculante

Por su parte, Amara González destacó que, de esos más de 50.000 MW, las tecnologías que más van a aportar son la fotovoltaica y la eólica porque el almacenamiento y el hidrógeno verde están por desarrollar aún.

La responsable de Evaluación Ambiental del Miteco reconoció que la zonificación terrestre para energías renovables no es vinculante, a diferencia de la que se ha hecho para la eólica marina.

“La transición justa debería ser democrática, que todo el mundo la vea como algo que le pertenece”, concluyó.

La intervención más crítica con el modelo centralizado de implantación de renovables fue la de Luis Bolonio, que aseguró que “la transición energética que nos están imponiendo es un error histórico y desaprovecha la oportunidad histórica que nos brindan las renovables”.

Éstas “son modulables” y, por ello, permiten acercarlas “a los puntos de consumo” y “en la escala que nos hace falta”, lo que permite “evitar impactos ambientales y sociales, democratizar la energía y convertirla en un bien común y no en un bien expuesto a las lógicas de máxima rentabilidad capitalista”, ahondó. En su opinión, esto no hace sino “perpetuar el modelo de grandes centrales de energía, el modelo fósil”.

Recordó que Alemania tiene 140 veces más tejados solares que España y pidió que la zonificación del PNIEC sea vinculante para ordenar y planificar, y no convertir el medio rural en la “colonia estatal” de las urbes y al propio país en el “granero energético de Europa”.

Aragón será protagonista

En Aragón “vamos a generar para el resto de España porque ni Cataluña ni País Vasco se van a quedar sin energía”, dijo Pedro Machín para bajar a la realidad. A cambio, propuso pedir que la industria europea y de datos venga a la región. En este sentido, el presidente del Clúster de la Energía de Aragón dijo que el precio de la energía renovable en España será la mitad que en Europa, pro lo que vaticinó “deslocalización de empresas”.

Machín aseguró que “podemos llegar en 2035” y no en 2050 a la “descarbonización casi total”, aunque para ello España debería acelerar la implantación de renovables.